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Opinión 21 07 2020

Venezuela en período especial


Autor: Carlos Malamud









En estos últimos meses parecía que nada sucedía en Venezuela, concentrada, como sus vecinos, en combatir el COVID-19. Gracias al “confinamiento bolivariano” se creía ganada esta lucha desigual. Esto fue así hasta mediados de mayo, con menos de 460 casos y 15 muertes, cuando las cosas cambiaron y la curva comenzó a escalar: el 17 de julio había 11.191 infectados y 107 víctimas mortales.

Pero, en este tiempo la crisis venezolana siguió cociéndose, como mostraron el esperpéntico intento de invasión militar, las declaraciones de Donald Trump sobre Juan Guaidó y el fallo del Tribunal Supremo británico, cediendo a este último el oro depositado en el Banco de Inglaterra.

La publicación de la segunda edición del “Índice para combatir la corrupción” (CCC), que mide las capacidades de 15 países latinoamericanos, tampoco presentó grandes sorpresas. El mejor situado es Uruguay (7,78 sobre 10), Argentina solo sexta (5,32), mientras Venezuela es última con un exiguo 1,52. Esta cifra es coherente con el saqueo sistemático de la riqueza nacional por la elite chavista y sigue la estela de mediciones recientes. Todas develan, salvo para los más recalcitrantes defensores de un régimen indefendible, las miserias de una sociedad que en su día fuera próspera, incluso la más próspera de América Latina, conocida como la “Venezuela saudita”.

La difusión de los resultados demoledores la “Encuesta de Condiciones de Vida 2019-2020”, de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sitúa al país entre los más pobres e inestables del mundo. De hecho, ya es el segundo más pobre y desigual del continente. Sus cifras describen el descenso sin freno al infierno venezolano: el 96% de los hogares vive en situación de pobreza y casi el 80% de extrema pobreza. Esto es producto de una economía en caída libre, con desabastecimiento de comida, medicamentos y carburante, cortes de luz y agua, hiperinflación, colapso de la producción petrolera y merma de las remesas.

En este contexto, la represión se ha convertido en la principal seña de identidad de la dictadura chavo-madurista, como ha recordado Michelle Bachelet ante la ONU. Con los principales dirigentes desaparecidos, asesinados, presos o exiliados hacer oposición en Venezuela es un milagro, pese al apoyo internacional al gobierno interino de Guaidó. El aumento de la persecución y las dificultades crecientes para el activismo opositor han convertido a Venezuela en un sistema de partido único, aunque formalmente no lo sea.

El ecuánime ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, ha confirmado esta teoría, recordando a la oposición que “nunca podrá ejercer el poder”. La idea no es nueva, ya que Chávez la repetía insistentemente partiendo de dos premisas: “el poder ni se comparte ni se reparte” y “hemos llegado aquí para quedarnos”.

Según el modelo bolivariano la oposición solo es una comparsa que carece de legitimidad para participar en el sistema político. Incluso, cualquier intento de triunfar electoralmente es golpista o “destituyente”. Evo Morales, uno de sus émulos más fervientes, apostaba por gobernar 500 años. Otras vías para perdurar fueron el esquema de alternancia intramatrimonial de Néstor y Cristina Kirchner y las reformas constitucionales para habilitar nuevas o indefinidas reelecciones.

Cuba es el modelo. Se busca replicar un sistema de partido único con elecciones formales, que justifique estar en democracia, aunque no se cuestione la hegemonía de la elite gobernante. Pero si en Cuba hubo una revolución, no pasó lo mismo en Venezuela, ni en Bolivia, Ecuador o Argentina. Por eso, hay que mantener una cierta ficción electoral que legitime al sistema.

La credibilidad de la maniobra dependerá de cuánta cultura política, tradiciones e instituciones democráticas existan. A mayor presencia, menor margen para los autócratas. No se trata solo de mantenerse en el poder a cualquier precio. Por detrás hay otras actuaciones de los poderes del estado subordinados al gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) renovó ilegalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la vez que suspendía de sus funciones e inhabilitaba a las cúpulas de Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática. Del G-4, la constelación de los cuatro principales partidos de oposición, solo uno, Un Nuevo Tiempo, se mantiene, por ahora, al margen de estas maniobras.

Son medidas para evitar la derrota oficialista en las elecciones parlamentarias. Por eso se reemplazó a las juntas directivas de los partidos con ex militantes, muchos sospechosos de corrupción, expulsados o auto-excluidos de sus agrupaciones, pero con estrechos lazos con el gobierno. Al permitir a los nuevos “dirigentes” utilizar la tarjeta electoral, el logo, los símbolos, emblemas y colores partidarios, así como “cualquier otro concepto propio”, los jueces chavistas distorsionan las identidades políticas y desconciertan a los votantes. Este flagrante intento de manipular el voto popular tiene el objetivo no disimulado de atornillarse en el poder.

Llegados a este punto, el problema más serio lo afronta la oposición, nuevamente dividida por las maniobras chavistas. La primera prueba es acudir a las elecciones. Quienes se oponen argumentan que de hacerlo legitimarían al régimen. Los contrarios señalan que le regalarían al oficialismo todo el espacio político. Pero, las elecciones son solo el primer paso para destrabar una situación endemoniada, ya que la negociación sigue siendo la fórmula más favorable para iniciar una transición a la democracia hoy bastante inimaginable.

La oposición debería saber qué concesiones hacer y cuánto quiere y puede contar con los cuadros chavistas que manejan todos los resortes del poder, incluyendo la administración pública. Sin ellos el futuro es complicado, aunque su incorporación al proceso también lo es. Sobre todos estos puntos las fuerzas opositoras no tienen una posición común, aunque son estas diferencias las que le permiten al régimen seguir controlando la agenda política.

Publicado en Clarín el 18 de julio de 2020.

Link https://www.clarin.com/opinion/venezuela-periodo-especial_0_9XOv6XlQ6.html