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Opinión 06 03 2021

Una idea propia de la sociedad feudal


Autor: Sabrina Ajmechet









La democracia, como todos los regímenes políticos, se sostiene gracias a ficciones. Una de ellas es la de “un hombre, un voto”, que nos permite pensar que el voto de cada ciudadano argentino tiene el mismo valor y el mismo peso. Por supuesto que esto es una invención. Al tomar un ejemplo se ve con claridad que se trata de una idea construida: en las elecciones nacionales legislativas de 2019, a la alianza provincial “Vamos Todos a Vivir Mejor” de Tierra del Fuego le alcanzaron 17.992 votos para conseguir una banca de diputados en el congreso Nacional. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, el FiT obtuvo 348.500 votos pero este número fue insuficiente para que resultara elegido algún candidato de su lista. Esto prueba que en Tierra del Fuego (y otras provincias argentinas) se necesitan muchos menos votos para elegir un diputado, por lo que cada voto de cada ciudadano es más valioso, es decir, tiene más peso en la definición final. Esta realidad –producto de nuestro federalismo electoral y de varias leyes que les dieron sobrerrepresentación a los ciudadanos de las provincias menos pobladas– es un dato público y conocido por muchos que, sin embargo, de ningún modo quiebra la ilusión de que el voto de cada uno de los ciudadanos es igual de importante.

Otra ficción que legitima a la democracia es la idea de que todos somos iguales ante la ley. Si bien en la práctica sabemos que muchas veces termina siendo decisivo quién es la persona, cuál es su actividad, su capital social y también su capital financiero, lo cierto es que nuestro ideal es el de una justicia ciega, que nos iguala a todos pese a nuestras diferencias materiales concretas.

La idea de que todos somos iguales nace con la revolución Francesa de 1789. Antes de que se produjera la toma de la Bastilla, el rey había inventado una narrativa que consistía en considerar que, salvo él, el resto de los súbditos eran iguales. Este planteo de igualdad entre todos los súbditos –sin importar si eran nobles, clérigos, burgueses o artesanos– fue una estrategia del rey para eliminar las diferencias existentes en esa época que hoy se conoce como “el antiguo régimen”, poniéndose él por encima de todos y borrando, al mismo tiempo, las diferencias entre un aristócrata y un campesino. El imaginario que buscaba erradicar era el de los tres órdenes y para entenderlo tenemos que trasladarnos hasta la Alta Edad Media.

 Aquella sociedad feudal estaba organizada sobre la base de relaciones diferenciadas entre el rey, los señores, los clérigos y los campesinos. En ese tiempo, a partir del siglo IX, fue difundiéndose la creencia de que este orden social respondía a la voluntad de Dios, a quien se entendía como la fuente de toda legitimidad.

En sus trabajos sobre el Medioevo, Georges Duby explicó cómo los integrantes de la sociedad feudal se dividían en los que guerreaban, los que oraban y los que trabajaban. Si bien todos eran igual de necesarios en la sociedad, cada uno cumplía un rol diferente y su importancia no era la misma. Por encima de los otros órdenes se situaba la iglesia, luego venían los señores de la nobleza y, por debajo, los trabajadores, el campesinado. Estos últimos eran quienes destinaban su cotidianidad a las labores productivas y, por lo tanto, quienes sostenían la existencia de los otros órdenes, que a su vez estaba cada una dedicada a una tarea, ya fuera la defensa guerrera o la administración de la relación con Dios.

Más allá de las ocupaciones y formas de vida que a cada uno le correspondía, lo interesante es que la sociedad feudal tenía una organización en la cual se entendía la desigualdad como una cuestión legítima y su razón de ser se justificaba a partir de los roles específicos y diferentes que cada uno cumplía en la construcción del bien común.

Como decíamos, el primero en romper con esta idea de desigualdad fue el rey, cuando planteó que, por debajo de él, todos eran iguales. En el nuevo orden social que imaginó, todos se igualaban en su condición de súbditos de Francia. El único que quedaba por encima de esta organización era él mismo, el soberano.

La Revolución Francesa amplió la idea de igualdad. Recuperó el planteo del rey y, al mismo tiempo, cambió su soberanía por la del pueblo. De este modo, desde aquel momento, el ideal de un mundo construido a partir de las diferencias fue abandonado. Los súbditos pasaron a ser ciudadanos y se inventó la idea de que todos eran, en abstracto, iguales. Ninguno de ellos tenía preferencias ni situaciones de privilegios frente a la ley y las instituciones del Estado.

A lo largo de su historia, la democracia se erigió bajo la premisa de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y las instituciones del Estado. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y, sin importar qué votamos, quiénes son nuestros amigos o si pertenecemos a la elite estatal.

Esta construcción básica y necesaria para el funcionamiento de la democracia fue gravemente herida hace unas semanas al descubrirse en nuestro país la existencia de un vacunatorio vip. El centro clandestino de vacunación rompió con la ficción de la igualdad y demostró que en la Argentina hay privilegiados ante las instituciones estatales. Hay personas que no necesitan esperar un turno que los otros sí, y pueden recibir una vacuna que, según las normas, le corresponde a otro ciudadano. Algunos privilegiados, que no presentaban factores de riesgo, se vacunaron en un contexto en el que no alcanzan las vacunas existentes para inmunizar a aquellos que, en el caso de contagiarse, tienen muchas más probabilidades de morir. En un país en el que aún no está vacunado todo el personal de salud ni todos los mayores de ochenta años, los que sí consiguieron vacunarse fueron quienes tenían las conexiones políticas y personales correctas.

La gravedad del escándalo se hizo evidente toda vez que logró algo que en más de un año de gobierno no sucedió con ningún otro acontecimiento: quebrar la grieta. Tanto de un lado como del otro hubo fuertes condenas. Las diferencias llegaron, en todo caso, después. Para algunos fue suficiente con el pedido de renuncia del ministro mientras otros entendieron que, esta vez, la costumbre argentina de pisotear las instituciones y las normas fue más grave que lo habitual. La indignación no se puede entender solo como producto de haber pasado por encima de las instituciones y las normas ya que, después de todo, la corrupción es moneda corriente en la Argentina y algo que nos han enseñado las últimas décadas es que a la mayoría de los ciudadanos es una cuestión que no le importa demasiado.

Con el vacunatorio vip lo que se exhibió fue una idea propia de la sociedad feudal, en la que algunas personas tienen privilegios. Por amiguismo y relaciones personales pudieron acceder a una vacuna en un tiempo y en una forma que no les corresponde. El ministerio, con su selección de privilegiados, hizo nacer una casta. A punta de jeringa rompió con la igualdad y consagró la existencia de un grupo de ciudadanos diferentes, los no alcanzados por las inscripciones vía web y las esperas de partidas de vacunas.

La realidad rompió la ficción. Las decisiones políticas lastimaron la confianza que los ciudadanos tenemos en la democracia, cuando esta confianza es justamente la mayor de las fuentes de su legitimidad. Es ella la que explica por qué unos muchos se dejan gobernar por unos pocos, un hecho inentendible si uno lo intenta pasar por el tamiz de la razón.

Los gobernantes pusieron la confianza en jaque. Y lo complejo de la democracia es que son ellos mismos quienes ahora tienen por delante el complicado desafío de hacer crecer en la ciudadanía la ilusión de que el modelo sigue siendo el de la sociedad de iguales y no el de la casta de los amigos del poder.

Publicado en La Nación el 6 de marzo de 2021.