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Opinión 06 05 2021

Una hoja de ruta necesaria en medio de la pandemia


Autor: Gabriel Fernández Arjona









La Corte Suprema finalmente resolvió a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la demanda contra el Estado Nacional por el DNU N° 241/2021 que disponía la suspensión de clases presenciales en todo el AMBA hasta el 30 de abril de este año. La decisión implica un fuerte respaldo a la autonomía de la Ciudad, así como un freno a la posibilidad de gobernar sin consenso, mediante decretos y con escasa base empírica.

Los argumentos se centran en la división de competencias entre Nación, provincia, CABA y municipios, con fuerte acento en la autonomía de la Ciudad post reforma constitucional de 1994. También se refirieron a la necesidad de motivar debidamente las decisiones estatales y basarlas en la mejor evidencia científica posible. El voto por separado de Rosenkrantz se explaya respecto a la facultades de emergencia que pueden tomar los gobiernos y cómo éstas no son una excusa para crear poderes nuevos, sino que debe respetarse la Constitución tanto en tiempos de normalidad como de crisis y urgencias.

Pero vayamos por el principio. La Corte comienza hablando del federalismo y las relaciones que este sistema genera. Respecto a esto dice que el sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de "lealtad federal" o "buena fe federal", lo que requiere de dos cosas. Por un lado, que cada jurisdicción evite abusar de sus competencias en detrimento de la otra y, además, que las decisiones se tomen en el mejor marco de coordinación y concertación posible. Este es un punto importante porque sustenta el resto de la decisión, ya que el pecado inicial del Gobierno Nacional fue no haber acordado las decisiones que se plasmaron en el Decreto 241/21 con el Jefe de Gobierno de la Ciudad, tal como se venía haciendo anteriormente. Aquella frase de “esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo”, selló la suerte del Decreto.

Luego el fallo se mete en el status de la CABA. Dice que el artículo 129 de la Constitución incorporó a la Ciudad como un actor pleno del sistema federal y es por ello que se dictaron distintas sentencias que reconocen ese carácter (Nisman, Bazán, GCBA c/Córdoba, etcétera). La llama “ciudad constitucional federada”. Este punto es trascendental porque ratifica la idea de poner a la Ciudad a la misma altura que las provincias.

Respecto a quién tiene facultades para regular materia educativa, se dijo que dependiendo en qué aspecto y en qué modo, puede ser regulada por el Estado Nacional como por las provincias y que corresponde éstas decidir sobre la forma de promover y asegurar la educación para sus habitantes.

Sobre las facultades en materia sanitaria de Nación, también dijo que es materia concurrente ya que las provincias y CABA conservan poder de policía sobre la materia. Este punto tiene un costado extraño, porque estando en medio de un pandemia era de suponer que la Corte se referiría un poco más sobre las facultades de emergencia sanitaria en cabeza de la Nación, como sí lo hizo el Procurador en su dictamen, para quien “al tratarse en este caso de la primacía de la conservación de la salud y a la vida como derechos que posibilitan el disfrute de otros, debe prevalecer la competencia del Estado Nacional para su regulación, sin que se afecte por ello la autonomía de la Ciudad”.

Luego de este análisis viene un punto fundamental, la Corte analiza los fundamentos expuestos por el Gobierno Nacional para fundar las restricciones, lo cual es clave porque tanto la Constitución como los Tratados sobre DD.HH. exigen razonabilidad en los medios elegidos para alcanzar los fines buscados y, además, debe justificar por qué se está metiendo con una función propia de los gobiernos locales. Ahí es cuando el gobierno de Alberto Fernández recibió el peor palazo de todos, porque la Corte remarca que “las alegaciones ensayadas sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, o el aumento de la proporción de casos de COVID-19 en personas de trece (13) a dieciocho (18) años y de veinte (20) a veintinueve (29) años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña”. En términos simples, lo que le dicen los jueces a Alberto es que no logró convencerlos sobre la necesidad de invadir esferas propias del gobierno porteño.

El fallo de la mayoría continúa con algunas apreciaciones más y luego cierra resolviendo que “en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Fin de la cuestión.

Como apostilla me gustaría comentar dos temas más. El primero es una breve mención al voto por separado de Carlos Resenkrantz que suelta unos conceptos importantes para aplicar de cara al futuro respecto a lo que el Estado puede hacer en momentos de emergencia. Sobre eso dice que debemos “recordar que la Constitución es nuestra carta de navegación y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta (...). De esta manera, la democracia saldrá fortalecida por su eficacia para gobernar la emergencia y no debilitada por el uso de un régimen de excepción ajeno a nuestra Constitución”.

Lo segundo tiene que ver con las omisiones en que incurre la sentencia. En primer lugar y a diferencia del dictamen del Procurador, no se hace un análisis profundo respecto a si el DNU en cuestión cumple con las condiciones exigidas para su dictado. Aquí la Corte perdió una excelente oportunidad para reafirmar criterios anteriores sobre el tema y de esa forma robustecer el rol del Congreso sentando reglas constitucionales precisas y perdurables para el uso de DNU´s. Por otro lado, debería haber hecho alguna mención más en profundidad sobre lo que sí puede hacerse en épocas de emergencia, lo que habría sido interesante, ya que además de ser un instrumento para limitar el poder, la Constitución es un instrumento de gobierno y quien no lo entienda así, no sabe interpretarla.

De todas maneras es un fallo importante en tanto la Corte le fija algunos límites precisos al Estado Nacional. Los efectos parecen haberse desencadenado ya, toda vez que el Gobierno estaría por mandar un proyecto de ley al Congreso fijando pautas epidemiológicas precisas bajo las cuales, delegación mediante, aquel iría restringiendo actividades.

A futuro habrá que pensar cómo evitar el persistente error no forzado de judicializar las cuestiones políticas, empoderando a los jueces para que resuelvan los temas que deberían ser zanjados en una mesa de diálogo y no en un tribunal de justicia.