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Opinión 02 09 2020

Un país en llamas


Autor: Julián Álvarez Sansone









Es de público conocimiento que los incendios son una situación que se repite todos los años, y que se agrava por el cambio climático. Los bosques se encuentran cada vez más amenazados por las quemas provocadas por fenómenos naturales y la actividad humana, ya sea por negligencia o de manera intencional, para desarrollo agropecuario e inmobiliario. Según un informe de la consultora INNOVAES, entre el 17 y el 24 de agosto se detectaron 3979 focos de incendio, de los cuales unos 3700 están en las regiones del Norte y la Mesopotamia. En este marco, las provincias más afectadas son Entre Ríos (más de 1100 focos de incendio), Santa Fe (más de 780 focos de incendio), Corrientes (con 459 focos registrados), Chaco (cerca de 400 focos de incendio) y Santiago del Estero (más de 325 focos de incendio).
Dicho informe también detalla que las Ecorregiones más afectadas son “Campos y Malezales”, el Chaco Húmedo, el Chaco Seco, Deltas e Islas del Paraná, el Espinal, Esteros del Iberá, y la Selva Paranaense. Dentro de estas ecorregiones, cabe mencionar, se encuentran diversos Parques Nacionales y Parques Provinciales. Entre los más destacados, por citar algunos, se encuentran “El Impenetrable” y los Esteros del Iberá.

Un reciente informe de Chequeado señala que son 10 las provincias argentinas afectadas por incendios según uno de los últimos reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En Corrientes, La Rioja y Salta, hay incendios activos; mientras que en la Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Tucumán hay incendios pero están contenidos.

Dicho informe de Chequeado también señala que en los humedales del Delta del Paraná la superficie afectada por el fuego supera las 198 mil hectáreas; mientras que en Córdoba, otra de las zonas fuertemente afectadas por incendios se alcanzaron las 40 mil hectáreas aproximadamente. Así, la zona afectada por estos dos casos representa más de 10 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Dada la gravedad de la situación socioambiental, es menester recordar que el Gobiernos Nacional y los gobiernos provinciales deben poner todos sus esfuerzos en apagar los incendios, y ampliar significativamente los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra el fuego. La propagación del fuego, además de dañar el ambiente, evidencia una notoria falta de coordinación y cooperación entre las provincias. Parecería que sin la intervención del Estado Nacional no habría ni cooperación ni coordinación entre las provincias para poder solucionar y prevenir estas tragedias ambientales.

Diversos académicos y expertos en la materia señalan que el control de los incendios es clave porque el fuego no sólo destruye áreas productivas sino también reservas naturales y biodiversidad, lo cual impacta fuertemente no sólo en el medioambiente sino también en las economías regionales y en la salud de la población Ante tal situación, es posible pensar que lasmultas no son suficientes para desalentar incendios intencionales y los desmontes ilegales y, a su vez, casi nunca son obligados a reforestar. Frente a esta situación, Greenpeace considera necesario que se catalogue como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional; y se obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente desmontados o incendiados.

Diversas ONGs ambientalistas, por otra parte, consideran que los gobiernos deben establecer políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes.  Desde Greenpeace, por ejemplo, consideran que ante la actual crisis sanitaria, climática y de biodiversidad es urgente avanzar hacia un plan de Deforestación Cero.

Diversos expertos, aseguran que, como consecuencia del cambio climático, los incendios forestales (como los que sucedieron últimamente en Australia, California o Córdoba) serán más regulares. Por lo tanto, es menester considerar que las provincias deberían asignar mayores recursos a los organismos competentes, predisponerse a cooperar entre sí y coordinar políticas públicas de prevención más eficientes.

Es necesario entender, como bien planteó Miguel Lozupone en un artículo publicado en este mismo medio, que al afligir el ambiente no sólo se produce un daño a una persona o a un grupo de personas directamente afectadas, sino que se perjudica a un número indeterminado de especies, de flora, de fauna, a las actuales generaciones y a las generaciones futuras de vivir y gozar de un ambiente sano, limpio y saludable. Así, es preciso entender la defensa del medio ambiente como una acción colectiva que trasciende el tiempo y el lugar, por más extraño que esto suene. 

Desde esta perspectiva, sería necesario dejar de considerar a la naturaleza como un objeto, para transformarla en un sujeto de derecho. Hoy en día, en casi todos los países los únicos sujetos de derecho son las personas. Resulta evidente que la naturaleza por sí misma no puede contraer "obligaciones", pero esta noción debe ser revisada dado que al vulnerar los derechos de la naturaleza, vulneramos el equilibrio de la vida que nos sostiene a todos en este planeta.

De esta manera, la justicia debería superar el paradigma de la protección del sujeto humano individual en el marco de una dimensión espacio- temporal limitada a su realidad presente y avanzar hacia una concepción del sujeto humano que vive como parte de un sistema ecológico complejo y dinámico (compuesto por árboles, animales, insectos, etc), sin límites generacionales o fronterizos, y con implicancias que van más allá de lo que somos como especie (la raza humana). Ante este contexto, debemos modernizar la justicia. Necesitamos una justicia que penalice esta clase de eventos dañinos para todos, que proporcione soluciones eficaces, en todos sus niveles, a los problemas actuales y futuros desde una perspectiva sistémica.

Dada la situación actual de las cosas, es menester rescatar el carácter de "derecho humano fundamental" que posee la protección ambiental, tal como fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este ha sido un avance realmente muy importante dado que logró sentar una jurisprudencia fundamental para la protección del ambiente. En este sentido, la naturaleza colectiva de los bienes ambientales nos llama a estudiar la equiparación en términos procesales del daño ambiental, del daño que ese tipo de flagelo ambiental genera en el planeta como conjunto, y habría que evaluar la equiparación de los delitos ambientales con los delitos de lesa humanidad. 

Si bien, como siempre, todo puede ser discutible, debería lograrse cierto consenso al pensar que la doctrina y la jurisprudencia han determinado que, por afectar la calidad de vida de los habitantes presentes y futuros en forma colectiva, el daño ambiental debe contar con un régimen especial de protección, y en este marco, como bien plantea Lozupone, sería interesante analizar su imprescriptibilidad.

Por último, en este contexto de debates sobre la Reforma Judicial, podría haber sido conveniente la creación de una modificación que cree los fueros ambientales en el ámbito de la justicia federal, lo cual sería un gran avance hacia la consolidación del derecho a un ambiente sano como se menciona en nuestras Constitución.