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09 10 2022

Tamara Taraciuk analizó la cuestión de los Derechos Humanos en un encuentro de la Fundación Alem


Autor: Leandro Pablo Vivo









La nueva directora en funciones de Human Right Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk, reveló que la ONG alienta que, con el apoyo de varios países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aborde la evidencia documentada sobre la “responsabilidad penal de altas autoridades” en cuanto a violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. Asimismo, dio cuenta que en el seno de  ese organismo internacional se debate “crear un mecanismo especial de investigación” sobre una idéntica situación en Rusia y, a la vez, la posibilidad de abrir una discusión sobre el informe presentado por Michelle Bachelet sobre crímenes contra la humanidad en China. 

En el marco de un encuentro convocado por la Fundación Alem, la nueva directora en funciones de Human Right Watch (HRW), Tamara Taraciuk, reveló que su organización alienta que con el apoyo de varios países miembros del Consejo de DDHH de la ONUse aborde la evidencia documentada sobre la “responsabilidad penal de altas autoridades” en las violaciones a los derechos humanos cometidas en  Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. También afirmó que se debate “crear un mecanismo especial de investigación” sobre idénticas circunstancias en Rusia y, además, la posibilidad de la apertura de una discusión sobre el informe presentado por Michelle Bachelet respecto de crímenes contra la humanidad perpetrados en China.

Al referirse en particular a lo que sucede en Venezuela, Taraciuk advirtió acerca de la “inconsistencia” que -dijo- exhibe la política exterior del gobierno de nuestro país en materia de derechos humanos, por ejemplo con relación a Venezuela, dadas sus posturas en Ginebra or un lado y en la OEA por el otro.

Taraciuk abordó especialmente la situación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero también hizo referencia a la situación en China y Rusia. Hizo consideraciones en torno a lo que desde Human Rights Watch se observa respecto de Bolivia y, en este caso, dijo que ese país constituye “uno de los ejemplos más claros de la falta de independencia judicial” y refirió que en “los tres (últimos) gobiernos han hecho exactamente lo mismo usando el Poder Judicial en contra de sus opositores políticos cuando llegaron al poder”.

En la reunión convocada por la Fundación Alem, que preside Agustín Campero, sobre “Derechos Humanos en crisis: la posición argentina: ambivalencia en las decisiones nacionales” participaron distintos expertos en política exterior tanto radicales como de la coalición Juntos por el Cambio. Taraciuk comenzó su disertación con una breve introducción que giró alrededor de la tarea que desarrolla Human Rights Watch “Lo que hacernos es documentar violaciones a los derechos humanos en distintos contextos; encontrar los mejores mecanismos para exponerlos públicamente y luego armar estrategias de incidencia para intentar influir en quienes tienen la posibilidad de hacer algo al respecto sobre lo que estamos documentando”.

“Argentina integra el Consejo de Derechos Humanos y durante este año viene ejerciendo la presidencia”, tras lo cual y,  al avanzar en esa introducción, Taraciuk, puntualizó que “hay tres temas de agenda que son clave para Human Rights Watch en el Consejo de Derechos Humanos en la actualidad”.

Y precisó: “Uno de ellos se vinculaba con la situación en China” y, al respecto, recordó que casi al momento de dejar su función como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, “publicó un informe muy duro sobre China documentando evidencias de crímenes contra la humanidad cometidos dentro del territorio chino. Se está discutiendo que algunos estados presenten una resolución en el marco del Consejo (de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) para discutir el informe de Bachelet y ese es un posible tema de agenda”. Luego refirió que “El segundo (tema) es Rusia. Los países europeos están presentando una resolución para poder crear un mecanismo especial de investigación sobre violaciones a los derechos humanos cometidas dentro de Rusia” y aclaró que ello no está vinculado con la guerra desatada a partir de la decisión del régimen de Vladimir Putín de invadir Ucrania sino a “que es lo que hace el gobierno ruso en materia de limitaciones a la libertad de expresión y a la situación interna en el país”.

“Y el tercero de los temas es Venezuela. El Consejo actual acaba de presentar y será publicado un informe de un grupo de expertos independientes que ha documentado evidencia de cadenas de mando y responsabilidad penal de altas autoridades por violaciones a los derechos humanos cometidos por los servicios de inteligencia dentro de Venezuela. Este es el tercero de los informes que produce este grupo de expertos. El primero documentó evidencias de crímenes contra la humanidad. El segundo documentó evidencias de complicad de la Justicia venezolana en los abusos. Este último habla sobre cadenas de mando. Y hay un cuarto informe que publicaron, ahora, sobre la situación en el arco minero del Orinoco, en el sur del país, donde hay minería ilegal que son minas de oro controladas por grupos armados”, detalló.

“La Argentina tiene un papel importantísimo que jugar en el Consejo de los Derechos Humanos en todos estos temas tanto por ejercer la presidencia del Consejo como por tener derecho a voto”, indicó y tras aclarar que no todos los países tienen derecho a voto, destacó que las naciones “a través del voto pueden expresar su apoyo a este tipo de debates sobre violaciones a los derechos humanos a nivel internacional”. Al focalizar su exposición inicial en la situación en Venezuela, recordó que en el 2019 “se creó un grupo de expertos en el marco del Consejo de Derechos Humanos  y fue una iniciativa liderada por lo que entonces era el Grupo de Lima del cual Argentina era parte”, rememoró.

Precisó que en setiembre de 2019 se produjo la creación de ese grupo de expertos -que duraría en su labor un año- por lo que en setiembre del 2020 “se sometió a votación una renovación de ese mandato. En el 2020 Argentina ya no fue parte de los países que lideraban la iniciativa para renovar el mandato de ese grupo de expertos. En ese momento se presentaron dos resoluciones distintas. Una de ellas extendía el mandato de los miembros de este grupo de expertos y la otra permitía que la oficina de Bachelet tuviera presencia y pudiera ejercer sus actividades dentro de Venezuela”.

Comentó que en tales circunstancias se planteó un debate con “incidencia de un lado y del otro en Ginebra porque la discusión era si el acceso de Bachelet era suficiente y alcanzaba y por ende no hacía falta este grupo de expertos independiente. Finalmente, en ese momento, se aprobaron las dos resoluciones. La de Venezuela había sido presentada por Irán y la que presentaba América Latina (a favor de) la de renovación del mandato de una coalición de gobiernos. Hoy estamos ante el final de esta extensión del mandato que termina en este período de sesiones (del Consejo) y lo que se plantea es la discusión sobre si se renueva  o no el mandato a este grupo de expertos”.

Describió que “hay un grupo de países latinoamericanos, entre ellos Canadá, que están liderando el esfuerzo para renovar el mandato de este grupo de expertos. Es un grupo de países diversos que incluye a Canadá y (de los países) de América Latina a Paraguay, Brasil, Guatemala, Chile, Perú y Ecuador. Y lo interesantes, creo, es la composición de este grupo porque tenemos gobiernos más de derecha y gobiernos de izquierda”, tras lo aclaró: “Argentina no es parte del grupo de países que lideran este esfuerzo”.

En ese marco, Taraciuk destacó que “en este grupo de países que lideran el esfuerzo están Perú y Chile que son países que estuvieron en el 2019 junto con Argentina; que cambiaron de gobierno al igual que Argentina desde el 2019 hasta ahora; que tienen gobiernos de izquierda y aún así son parte de este grupo de países que lideran esta iniciativa en Venezuela. Hoy Argentina tiene la posibilidad de votar bien porque tiene derecho a voto. Esperaría que, coincidente con las votaciones anteriores en  Ginebra, (esos países) voten a favor de la extensión del mandato”. (NdelaR: Argentina finalmente se abstuvo).

Comentó que en el caso de la Argentina “la Cancillería tiene una posición que dice que Argentina tradicionalmente no ha liderado esfuerzos sobre resoluciones de países; que se pronuncia sobre estas situaciones a través del voto y en pronunciamientos individuales” pero aclaró: “Eso no es así porque en el gobierno anterior con el Grupo de Lima no era así. En este caso, en la actualidad “si tenemos una coalición de gobiernos de distintas ideologías políticas que empujen en la misma dirección”, resaltó.

“Y en el caso de Venezuela, en particular, lo que hemos visto en el último tiempo, durante los picos más crudos de la represión de (Nicolás) Maduro y la situación con este gobierno es que el régimen de Maduro no da concesiones voluntariamente o por gusto sino sólo ante una sostenida presión internacional. Y este mecanismo de expertos ha sido clave para ello porque ha sido contundente en su documentación y declaraciones sobre lo que ocurre en Venezuela y estos informes han sido fundamentales para que la fiscalía de la Corte Penal Internacional abriese la única investigación que existe sobre América Latina donde están investigando posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela”, subrayó

Consideró: “Creo que es importante resaltar, en materia de la política exterior del gobierno argentino con relación a Venezuela, la inconsistencia que hace en Ginebra y lo que hacen en la OEA” y juzgó que tal circunstancia “es evidente” y recordó: “Hubo hace un año aproximadamente una resolución en el marco de la OEA donde se cuestionaban las elecciones que ocurrieron en Venezuela en el 2020 en las que Argentina se abstuvo de votar”. Y completó: “Entonces creo que esta inconsistencia es problemática, porque en materia de derechos humanos la consistencia es clave. Uno tiene que mantener los mismos principios y posiciones en los distintos foros internacionales”.

En la charla, reflexionó sobre la “inconsistencia” de la política del gobierno de la Argentina frente a la represión que se desato durante protestas que, en su momento, tuvieron lugar en Cuba, Colombia y en Chile. “La represión en Cuba en julio del 2021 fue brutal contra miles de personas que salieron a las calles y fueron detenidas; hubo casos de de menores de edad reprimidos. Todos procesos arbitrarios sin el debido proceso, casos de juicios masivos. Hubo personas puestas ante el mismo juez sin individualización de la responsabilidad penal”, tras lo cual insistió que se trató de “un nivel de represión brutal que merecía condena clara y firme por parte de todos los gobiernos”.

“La política de derechos humanos tiene que ser consistente independientemente de cuál es el gobierno de turno y quiénes son los que protestan”, sostuvo Taraciuk, quien reiteró, ante otra consulta, que “cuando un país tiene la posibilidad de influir en la situación de los derechos humanos de otro país no está mal que eso ocurra. Siempre y cuando no se haga la vista gorda de lo que realmente ocurre en el país interlocutor”. “Con respecto a la corrupción creo que ahí hay dos ángulos vinculados con los derechos humanos”, prologó.

Y en este último punto se explayó: “Uno tiene que ver con el impacto en los derechos humanos. Si hay casos de corrupción donde los fondos que están siendo robados deberían ser empleados para servicios públicos que afectan la salud, la educación, los derechos fundamentales de la población. Como un ejemplo, nosotros estamos trabajando en un informe sobre la lucha anticorrupción en Honduras donde el gobierno anterior compró siete hospitales móviles para lidiar con la pandemia. De los siete hospitales solo les entregaron dos. Los dos que entregaron no tenían ventilación, no tenían agua corriente, no eran útiles para combatir la pandemia. Abrieron uno, murieron dos personas, los cerraron y están de adorno. Un ejemplo más claro de la vinculación del desvío de fondos puede tener con el ejercicio de los derechos fundamentales y la responsabilidad estatal. Y la otra área tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. Es decir, la corrupción, como cualquier delito, debe ser investigado por un poder judicial independiente. Cuando existen amenazas o incentivos para que la Justicia no funcione de manera independiente esos son problemas tanto para la lucha contra la corrupción como para el estado de derecho en general”.

A partir de una pregunta Taraciuk consideró que “es bastante evidente, a esta altura, que Estados Unidos no tiene una política exterior clara hacia América Latina. No es una prioridad salvo que tenga que ver con la migración que se ve y se lee como un problema doméstico pero no como un problema de política exterior”, dijo y añadió: “Las políticas migratorias siguen siendo bastante problemáticas desde el punto de vista de los derechos humanos y la región no es prioridad ya que competimos con Ucrania y con China con crisis graves a nivel global”.

Taraciuk se enfocó en la situación en China. “Diría en una consideración general que China es un enorme desafío para el movimiento de los derechos humanos porque lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar, aunque sea al comienzo, puntos de inflexión y cómo armar estrategias de incidencia relevantes para generar un cambio y lograr que en China se dejen de violar los derechos humanos y lograr que los gobiernos en la región, y de todo el mundo, hablen de la situación en China. Es difícil justamente por la política exterior china como cuando uno escucha de la influencia de China en el mundo en los gobiernos de América Latina”

Luego Taraciuk señaló que “en América Latina tenemos dictaduras como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela donde no hay ningún tipo de respeto a las garantías fundamentales como lo es la libertad de expresión y tenemos, cada vez más, gobiernos en los que hay líderes que son electos democráticamente y que una vez que llegan al poder le dan la espalda a garantías fundamentales democráticas como la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión o el trabajo de la sociedad civil independiente”.

Cuando se le preguntó sobre si la situación en Venezuela ha experimentado una mejoría o continuaba siendo de extrema gravedad, la especialista respondió: “Hay una percepción de que la situación está mejor porque la economía está dolarizada y hay un poco más de gente que tiene acceso a servicios o a algo de comida” pero esa franja de la población “es un grupo muy pequeño que tiene poco acceso a dólares” pero “la gran mayoría del país sigue enfrentando una situación humanitaria grave; hay un tercio de la población que tiene inseguridad alimentaria; hay quienes concurren a los hospitales (y se encuentran) con cortes de energía intermitentes con lo cual no hay luz y eso (implica) un enorme problema para proveer ser servicios médicos; no hay acceso al agua corriente en los hospitales y los médicos no se pueden lavar las manos al momento de la atención entre un paciente y otro. Hoy (la población) recibe mucha más asistencia humanitaria que antes pero es excesivamente insuficiente”, narró.

“Y en el tema de la represión la diferencia (con otros momentos) es que (en la actualidad) no hay grandes protestas con represión masiva en las calles pero la represión es constante”, puntualizó y, en ese sentido, advirtió que en Venezuela “hay 250 presos políticos” y existen “detenciones sin debido proceso de opositores por cuestionar al régimen.

Insistió: “Por eso la renovación de este mandato (del grupo de expertos) es realmente importante porque esta renovación cubre el período preelectoral” lo cual implica contar con un mandato para desarrollar “un monitoreo  preventivo antes de que empiecen a matar gente en las calles”, resalto en una nueva descripción más que elocuente respecto de la significación que adquiere que se produzca ese proceso que permita darle continuidad a la tarea que desarrolla el grupo de expertos.  

Por otra parte, apunto que desde Human Rights Watch también “cubrimos Bolivia” que –dijo- “es uno de los ejemplos más claros de la falta de independencia judicial en los países” de América Latina. “Nosotros en el caso de Bolivia cuestionamos  el proceso penal contra Evo Morales de la misma manera que (cuestionamos) que Evo Morales usaba la Justicia en contra de sus opositores, se dio vuelta (la situación) y la usaron en contra de él y es la misma Justicia que (Jeanine) Áñez uso contra Morales y es la misma Justicia que hoy usa (Luis) Arce; hay un problema institucional de falta de independencia judicial” de tal magnitud “que los tres (últimos) gobiernos han hecho exactamente lo mismo usando el Poder Judicial en contra de sus opositores político cuando llegaron al poder”, advirtió.

“Es una lástima que Argentina no esté liderando los esfuerzos en defensa de los derechos humanos como lo hizo en el pasado justamente por el contraste con países como Chile y Perú; con cambios de gobiernos tienen una proyección de política exterior más clara en materia de derechos humanos a nivel internacional”, remarcó.