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Opinión 28 01 2021

Sobre Formosa y la necesidad de debatir los regímenes subnacionales no-democráticos


Autor: Julián Álvarez Sansone









Recientemente  se han dado varios hechos polémicos que han puesto a la provincia de Formosa en el eje del debate público sobre si es un gobierno democrático o no. Independientemente de la postura que uno tenga, está claro que las duras medidas del gobierno de Formosa para contener el avance de la pandemia en esa provincia derivaron en múltiples violaciones de los Derechos Humanos que despertaron el interés de la prensa y parte de la opinión pública nacional.

Dentro de las polémicas y repudiables medidas tomadas por el gobierno provincial se encuentra la detención de dos concejalas (Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz) que habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las condiciones inhumanas en los centros de aislamiento. ¿Qué denunciaban estas mujeres? Que en Formosa se obligaba a aislarse y se privaba de su libertad a personas que incluso habían tenido un resultado negativo en el hisopado para detectar COVID-19. Sobre esto, cabe resaltar que sacerdotes de la Iglesia Católica de Formosa publicaron una carta abierta denunciando el rasgo autoritario del gobierno del peronista Gildo Insfrán alegando que este gobernador "les recuerda las épocas más oscuras de la Patria".

También, como si fuera poco, el Jefe de la Bancada oficialista en el Senado, el peronista José Mayans, salió a defender a Gildo Insfrán con un polémico planteo que no debe pasar desapercibido: "los derechos individuales garantizados por la Constitución no rigen en pandemia".
Para algunos analistas y expertos en la materia, como el politólogo norteamericano Edward Gibson, puede darse en un país una "yuxtaposición de regímenes" en donde coexista una unidad subnacional (provincia) de índole autoritaria en el marco de una democracia nacional. De hecho, hay diversos trabajos que estudian "enclaves autoritarios" en Argentina, México y también Estados Unidos (asociados a las pasadas violaciones a los derechos civiles de las poblaciones negras en algunos Estados puntuales del sur de aquel país). Pese a la existencia de numerosas investigaciones, no hay consenso sobre las causas del surgimiento de estos "enclaves autoritarios" y cómo funcionan, porque no todos funcionan igual ni tienen las mismas características.
La literatura académica sobre este tema utiliza distintas nomenclaturas para referirse a procesos similares: se habla de "autoritarismo subnacional", "régimenes híbridos", y "régimenes subnacionales no-democráticos". Independientemente de la nomenclatura y taxonomía que uno quiera darle al fenómeno que ocurre en Formosa, lo cierto es que no hay una democracia plena en aquella provincia. Diversos analistas rechazan la postura de "autoritarismo subnacional" porque argumentan que el autoritarismo puro en un país democrático a nivel nacional es insostenible e infrecuente, y las estrategias marcadamente autoritarias resultan estratégicamente incompatibles con la existencia de una democracia a nivel nacional. Por eso, muchos prefieren hablar de "Regímenes híbridos" o "Regímenes subnacionales no-democráticos".
Según los expertos, la etiqueta de régimen híbrido denota la presencia simultánea de características democráticas y autoritarias. Se habla de "autoritarismos competitivos", "autoritarismos electorales" o "democracias iliberales". Si bien estas categorías tienen cualidades propias, en líneas generales se puede mencionar que en esta clase de provincias el Poder Judicial y los medios de comunicación provinciales están cooptados por el gobierno. Las características de estos regímenes es que de alguna u otra manera proponen restricciones a la cobertura mediática, a la libertad de expresión (sobre todo de empleados públicos) y a la independencia del Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Algunas de las explicaciones sobre el funcionamiento de estos regímenes semi-democráticos tiene que ver con el origen y el tamaño de los recursos económicos provinciales. Por ejemplo, se sabe que un Estado que descansa en recursos fiscales extraídos de su propia población se ve obligado a tener en cuenta algunos de sus intereses. Los gobiernos, cabe aclarar, no enfrentan ningún costo político por no satisfacer las demandas de sus ciudadanos si estos no cuentan con el status de contribuyente. Lo relevante aquí es pensar no sólo en la naturaleza de las rentas sino en el vínculo entre representación e imposición. Según los estudios, un Estado económicamente poderoso controla una parte importante de la actividad económica y de las oportunidades laborales (la mayor parte mediante empleo público) restringiendo la autonomía económica de los ciudadanos (y en consecuencia, aumentando la dependencia económica y política de éstos respecto del Estado). Esto, en cierto punto, es lo que pasa en Formosa, donde la amplia mayoría de la población económicamente activa trabaja en el sector público.
Otros estudios sugieren que los estados provinciales con baja densidad poblacional, homogeneidad social, bajo nivel de diversificación económica y baja autonomía económica de los ciudadanos con respecto al gobierno provincial (como sucede en Formosa) son más proclives a sufrir formas de dominación autoritarias por parte de las élites provinciales porque, por un lado, no existen las condiciones para el surgimiento de clivajes políticos que generen un sistema más pluralista y, por otro lado, los costos de coerción son más bajos.
Ahora bien, ¿Cómo o con qué estrategias subsisten los gobiernos provinciales de estas características? La estrategia predilecta de los gobiernos autoritarios a nivel subnacional consiste en mantener los conflictos lo más aislados posibles (privando a los opositores locales de la posibilidad de acceder a recursos y aliados nacionales) mientras que la estrategia de la oposición consiste en nacionalizar el conflicto político. Si la estrategia de los gobiernos provinciales es exitosa, se mantiene el status quo. Por el contrario, peligra la continuidad de la dominación autoritaria. Hoy en día, estamos hablando del caso de Formosa porque lo que allí sucede llegó a medios nacionales como Clarín, La Nación y Perfil, entre otros.
¿Cómo se logra la transición de una unidad subnacional de rasgos autoritarios a uno de características más democráticas? La teoría sugiere que hay dos maneras: la primera consiste en una transición liderada por un partido, y la otra, una transición liderada por el gobierno central. La diferencia fundamental entre estas dos opciones es que la primera se da dentro de las reglas locales mientras que la segunda implica un cambio exógeno de las reglas de juego por parte de autoridades nacionales, como es el caso de las intervenciones federales.
Los estudios sobre esto sugieren que es mejor opción la intervención federal, dado que no siempre pasa que la oposición provincial es más democrática y respetuosa de las instituciones que el actual gobierno autoritario. También, sobre esto, es necesario aclarar que las intervenciones federales son poco probables en aquellos enclaves autoritarios donde el oficialismo nacional obtiene resultados electorales contundentes, como sería el caso de Formosa.
Un párrafo aparte merece la propuesta teórica de la politóloga argentina de la UNSAM Jacquelin Behrend, quien propone una explicación que combina elementos estructurales y estratégicos. Esta investigadora del CONICET propone catalogar a los enclaves autoritarios como "juegos cerrados", un subtipo de régimen híbrido definido por: 1) elecciones libres, limpias y transparentes; 2) monopolio de acceso a cargos públicos en manos de unas pocas familias; 3) control de los medios de comunicación por parte de autoridades provinciales; 4) control del Estado provincial, distribución de recursos públicos y clientelismo; 5) control de las oportunidades económicas; 6) control del Poder Judicial. Estos elementos, cabe aclarar, no sólo sirven para reflexionar sobre el régimen de Gildo Insfrán en Formosa, sino que muy probablemente sirvan también para pensar en otras provincias como San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero, entre otras, en donde se evidencias varias de estas características. En todos estos casos, se trata de provincias con una estructura económica limitada, una población pequeña y oportunidades económicas limitadas para su población. Así, las familias pertenecientes a la élite política usan el Estado provincial para perseguir sus intereses económicos y controlar el acceso a las oportunidades de progreso social de sus ciudadanos.
Ante lo dicho sobre esta problemática y considerando el descarte de las opciones de la intervención federal y la victoria de la oposición en ese distrito, parecería desprenderse que la mejor opción sería una intervención exitosa del gobierno central en la provincia en cuestión (en este caso Formosa) que socavara la base económica del régimen y disminuyera, de esta forma, la dependencia económica de los ciudadanos ante el gobierno provincial. Pero, lamentablemente esto es muy poco probable. ¿Ustedes se imaginan a Alberto y Cristina Fernández promoviendo la inversión extranjera directa y fomentando el empleo privado justamente en Formosa?