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20 03 2022

Sebastián Cutrona: "Argentina se ha convertido en un país de ciclo completo: suministra, consume y sirve como ruta de tránsito para el tráfico de drogas ilícitas"


Autor: Esteban Lo Presti









Sebastián Cutrona es profesor asociado en la Escuela de Asuntos Internacionales de la O.P. Jindal Global University de la India. Obtuvo su doctorado en Estudios Internacionales en la Universidad de Miami. Además de la beca Fulbright –organización que financió sus estudios en Estados Unidos–, ha sido becario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, el Banco Santander, entre otros. En 2017 publicó por Routledge Desafiando la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos: Argentina en perspectiva comparada. Ha sido profesor en las áreas de narcotráfico y crimen organizado en la Universidad de Miami, la Universidad de San Andrés y la Universidad Nacional de La Rioja. Sus intereses de investigación se relacionan principalmente con esos temas y con la política de drogas y la política latinoamericana. Acaba de publicar con Eudeba: Drogas, política y actores sociales en la Argentina Democrática.


¿Por qué no se pudo desarrollar una estrategia común contra el tráfico de drogas ilícitas desde el retorno de la democracia hasta la actualidad?

Argentina no cuenta con un diagnóstico certero, en ninguna de sus dimensiones, acerca de la problemática de las drogas en el país. Ante la ausencia de estudios pormenorizados sostenidos en el tiempo, lo que entendemos por “problema de las drogas” ha sido el resultado de la interpretación y los intereses electorales de los gobiernos de turno y no el fruto de la evaluación de la evidencia empírica en la materia. Esta situación, conjuntamente con ciertas características propias del sistema político nacional, han favorecido el desarrollo de propuestas completamente antagónicas que, en la mayor parte de los casos, han tenido objetivos netamente electorales y no la necesidad de afrontar algunos de los problemas vinculados a las drogas ilícitas.

Siembre se sostuvo que nuestro país era un lugar de "tráfico pero no de consumo". Sin embargo, desde la década del noventa pareciera que esa afirmación entra en duda. ¿Qué pasa en esos años para que dicho status cambie? ¿Cuáles prácticas de consumo se resaltan?

La evidencia empírica sugiere que Argentina se ha convertido recientemente en un país de ciclo completo: suministra, consume y sirve como ruta de tránsito para el tráfico de drogas ilícitas a Europa y África occidental. Si bien es cierto que las caracterizaciones y diferenciaciones entre “países productores” y “países consumidores” no ayudan a comprender acabadamente la complejidad del asunto de las drogas, la evidencia empírica disponible sugiere que los niveles de prevalencia, la manufactura y el tráfico de drogas en Argentina crecieron sustancialmente a partir de la crisis económica y social del año 2001. El nuevo rol de Argentina dentro de la economía política de las drogas a partir de este momento no es solo el fruto de los problemas internos, sino también de ciertas transformaciones estructurales dentro del mercado de drogas regional (por ejemplo, la militarización de la lucha contra el narcotráfico en América Latina, particularmente en Colombia y México, obligó a los principales cárteles a trasladar sus operaciones de contrabando a países como Argentina). Lo cierto es que hoy los niveles de prevalencia en el país han aumentado. Según el último estudio nacional del Observatorio Argentino de Drogas, salvo la heroína, una droga cuyo consumo en el país continúa siendo residual, la prevalencia de las principales sustancias psicoactivas creció cerca de un 100% o incluso más con respecto al 2010.

¿Existe el crimen organizado alrededor de las drogas en nuestro país? Vos tomás los casos de Rosario y de Buenos Aires. ¿Qué diferencias encontrás en ambos casos?

El caso más paradigmático es el de los Monos. Aunque la disposición interna de la banda criminal está lejos de la estructura piramidal típica de algunos carteles colombianos y mexicanos, sí existen ciertos patrones de jerarquía entre ellos —a diferencia del resto de las redes criminales en Rosario— que sugieren un alto grado de organización y estabilidad en el tiempo. Además del liderazgo de la banda criminal, comúnmente reservada a los miembros de la familia Cantero, los Monos también incluyen una red de asesinos a sueldo, lavadores de dinero, abogados y otros actores de relevancia menor que indican la presencia de una estructura criminal consolidada y con capacidad de operación a lo largo del tiempo. Más importante aún, la conexión de los Monos con la policía y ciertos actores de la política local sugieren también que la organización continuará siendo resiliente a pesar de la muerte o encarcelamiento de sus líderes principales.

A diferencia de Rosario, el mercado de drogas en Buenos Aires está controlado principalmente por bandas peruanas y paraguayas. Si bien las organizaciones locales no están ausentes del escenario, los grupos extranjeros provenientes de países vecinos han crecido exponencialmente a lo largo de los últimos años. Sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran relativamente fragmentados y organizados en torno a lazos familiares, sin un capo o líder con la capacidad de coordinar todas las actividades criminales de la pandilla. Quizá la característica más distintiva gira en torno a su habilidad para evitar una confrontación directa con el estado provincial y nacional, algo diferente con respecto al caso rosarino. Efectivamente, estas organizaciones han logrado ocupar los vacíos de las instituciones estatales a lo largo de los barrios marginales, incluso cooptando a funcionarios públicos para lograr una mejor vinculación con los sectores de la comunidad.

¿Hay responsabilidad política para que lleguemos a la actual situación, sobre todo en Rosario, donde todos los días conocemos noticias preocupantes?

La situación en Rosario es, en gran medida, el resultado de la connivencia de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad y la política. Fenómenos como el narcotráfico no sólo avanzan frente a un estado reducido en sus prerrogativas, sino fundamentalmente frente un estado infiltrado o cautivo de las organizaciones criminales.   

Suele sostenerse que parte de la lucha contra el narcotráfico se deriva de pautas emanadas desde los Estados Unidos. Sin embargo, pareciera que cada país de la región tiene estrategias muy diferentes. ¿Cuál es la realidad?

Gran parte de las políticas de drogas desarrolladas en América Latina durante los últimos cincuenta años han sido el resultado de la influencia norteamericana en la región y el rol de Washington en el sistema multilateral. Tanto la criminalización del consumo personal como las estrategias de militarización contra la producción y el tráfico de drogas han sido impulsadas por Estados Unidos de forma bilateral frente a muchos de los países de la región o a través del sistema multilateral. Sin embargo, políticas fallidas como la de la “guerra contra las drogas” han comenzados han ser cuestionadas en la región. Alternativas como la despenalización, la descriminalización y la legalización/regulación de las drogas tienen un atractivo cada vez más grande frente al paradigma punitivo. En este contexto, no es descabellado pensar que otros países sigan el camino uruguayo y avancen en políticas de liberalización con respecto al consumo.

Dado la divergencia entre las diferentes agencias de seguridad a nivel de estados provinciales y nacional, ¿existe una real posibilidad de articular políticas de Estado para enfrentar el problema del crimen asociado a las drogas en nuestro país?

La ausencia de un plan nacional de drogas es una de las cuentas pendientes en Argentina. Lamentablemente, las últimas iniciativas estructurales en materia de drogas y narcotráfico desarrolladas desde el retorno a la democracia han tenido exactamente el efecto contrario. El ejemplo más claro ha sido el de la política de desfederalización. Aunque la legislación nacional contra las drogas establecía inicialmente que los delitos comprendidos en la Ley 23.737 eran competencia de la justicia federal, en 2005 el Congreso Nacional aprobó la llamada “Ley de Desfederalización.” El supuesto objetivo de la Ley 26.052 era permitir que la Justicia Federal se concentrara en el narcotráfico, mientras que los magistrados provinciales quedarían a cargo de delitos menores en materia de drogas. Este instrumento jurídico, por lo tanto, transformó las competencias jurisdiccionales del país, el mapa de actores relevantes y otras prácticas institucionales reconocidas por la Ley de 23.737. A partir del nuevo régimen, las investigaciones se concentraron en manos de jueces, fiscales y la policía local. En pocas palabras, el nuevo sistema legal dejó de ser exclusivamente federal, permitiendo a las provincias procesar en sus jurisdicciones delitos como el consumo y la venta de drogas. Más allá de sus objetivos, la evidencia india que los resultados han sido completamente negativos.