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Opinión 01 08 2020

Reducción presupuestaria a las universidades


Autor: Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Políticas Universitarias de la Fundación Alem









Reducción financiamiento para ciencia y tecnología en las universidades nacionales en la propuesta de ampliación presupuestaria.


El proyecto de ampliación de presupuesto nacional 2020 presentado por el Poder Ejecutivo incluye una ampliación de los recursos para las universidades de $48.064,2 millones, lo que llevaría el gasto de la educación superior a $196.956,9 millones. A pesar de este incremento, la nueva asignación presupuestaria representa un aumento del 32,2% frente a una inflación esperada del 41%, generando una caída “real” (ajustada por inflación) del gasto universitario superior a 6%.

Además, el presupuesto universitario incluía una asignación particular para funciones específicas como la de ciencia y tecnología y los fondos para el mejoramiento de la calidad de enseñanza, que quedan con valores del presupuesto 2019 (aprobado en 2018).

Esta base presupuestaria no incluye los aumentos salariales acordados durante el 2019 ni el crédito presupuestario necesario para las paritarias que se acuerden durante el transcurso de este año. Esta decisión implica, de hecho, el congelamiento del presupuesto universitario desde enero del 2019 hasta hoy, lo que incluye el congelamiento del programa de fortalecimiento de ciencia y técnica.

La baja “real” del gasto se suma a que el Poder Ejecutivo Nacional no quiso debatir en el Congreso el presupuesto para este año y decidió prorrogar el del año pasado, ampliando las facultades del Jefe de Gabinete para modificar y ampliar las partidas de gastos y, también, se manejó con discrecionales Decretos de Necesidad y Urgencia. Esa negación del debate es replicada ahora en el tema universitario.

La presentación de un monto global de gastos para las universidades rompe con una sana tradición observada en las distintas leyes presupuesto en la que la asignación total se asignaba en una planilla anexa a cada casa de estudios, de forma tal que los legisladores, la comunidad educativa y la población en general, conocía la distribución a cada institución, limitando la asignación discrecional de los recursos por parte del Ministerio de Educación. Esta modalidad presupuestaria se había mantenido desde la aprobación de la reforma constitucional de 1994 que garantizó la autonomía universitaria y las leyes de educación superior y de administración financiera que también aseguran la autarquía financiera de las universidades.

En definitiva, el aumento previsto en el proyecto de ampliación presentado por el Poder Ejecutivo, junto con la ausencia de una asignación específica para ciencia y tecnología implican una importante reducción del financiamiento para actividades de ciencia y tecnología en las universidades (que se había aumentado en la administración anterior). Esta reducción se da en el marco de un ajuste real de los recursos para el sistema universitario y alarmantes grados de discrecionalidad en su asignación.