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Opinión 03 07 2020

#QuedateEnCasa, mientras seguimos desforestando el Norte


Autor: Julián Álvarez Sansone









La pandemia y esta cuarentena eterna desnudaron problemas que parecían estar casi invisibilizados. El hacinamiento en barrios populares, la falta de políticas de vivienda, la falta de enfermeros en los hospitales, el desapego ciudadano a las normas y los problemas de transporte, entre otros, son algunos ejemplos. Al mismo tiempo, se evidencia que la sobrerepresentación de este tema en la agenda pública genera que otros temas queden por fuera de dicha agenda. Uno de ellos son los temas ambientales, y particularmente el desmonte en el Norte de la Argentina.
Cabe mencionar que la conservación de los bosques nativos del país está regulada mediante la Ley de Bosques sancionada en el año 2007, la cual establece, entre otras cosas, los diferentes usos que se le pueden dar a las zonas: verdes, que se pueden transformar; amarillos, que sólo pueden tener ciertos usos; y rojos, que deben ser totalmente protegidos. La popular y muendialmente reconocida asociación ambientalista Greenpeace denunció que durante la cuarentena se realizaron desmontes en el Gran Chaco, que incluye territorios en las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Casualmente o no, no se registran desmontes en Corrientes y Jujuy, pero sí en las distintas provincias norteñas gobernadas por diferentes frentes justicialistas.

Precisamente, según informó Greenpeace, entre el 15 de marzo y el 31 de mayo últimos se deforestaron 14.906 hectáreas. Para tener una idea, es el equivalente a casi el 75% de la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El informe especifica, de forma más detallada, que se desmontaron 7.759 hectáreas en Santiago del Estero; 3.073 en Formosa; 2.435 en Salta y 1.639 en Chaco, según calculó Greenpeace. Si bien en algunos casos estos desmontes podrían estar bajo las autorizaciones previstas por la ley, la organización denunció que no debería hacerse ningún desmonte durante el período excepcional. El argumento que esgrimen desde Greenpeace es que la deforestación no es una actividad habilitada expresamente por el decreto de aislamiento obligatorio.

En la misma línea, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que se deberían suspender los permisos durante la pandemia dado que “hoy no existe en los hechos capacidad para efectuar los controles correspondientes”. Es decir, en este contexto el Estado carece la capacidad estatal de observar, controlar, prevenir y penalizar los desmontes que se efectúan en las mencionadas provincias del norte argentino.

Cabe aclarar que los controles normalmente son realizados por un departamento de fiscalización, que depende de la dirección responsable de bosques nativos de cada provincia. Dicho organismo visita los focos detectados para detener los trabajos ilegales e iniciar las sanciones correspondientes según la mencionada Ley de Bosques. Los servicios provinciales de teledetección de imágenes satelitales y el Sistema de Alerta Temprana de deforestación (SAT) del Ministerio de Ambiente de la Nación registran los cambios de cobertura boscosa. Ahora bien, la falta de protesta y la actitud sospechosa mediante la cual el Ministerio de Ambiente de la Nación (encabezado por un Ministro de dudosa idoneidad en la materia como Juan Cabandié) detecta estas violaciones a la Ley de Bosques sin expedirse y sin penalizar a los responsables parece ser vista como una complicidad.

 Es relevante mencionar que la FARN presentó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un pedido de informes sobre la evolución del desmonte en el período de la cuarentena y las medidas preventivas que se adoptaron. Sumado a eso, se solicitó mucha información más que hasta el momento no ha sido respondida.

Estos hechos permiten reflexionar sobre la importancia y la necesidad de crear una Justicia Ambiental que penalice fuertemente estos sucesos y sobre la falta de relevancia que se le da por parte del gobierno a estas temáticas. Hace décadas surgió un movimiento que propone la creación de una Justicia Ambiental para hacer valer la aplicación del derecho a la salud y a un medio ambiente sano para los ciudadanos, como una concepción de reivindicación social, un nuevo paradigma que da certeza y equilibrio sobre la distribución de las implicaciones ambientales positivas o negativas en un territorio determinado.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la justicia ambiental aparentemente ha sido desarraigada del imaginario político, jurídico, administrativo y social, dado que si bien ha sido insertada en documentos legislativos, programas gubernamentales y en el ámbito de las estructuras orgánicas de entidades públicas, en la realidad no se reflejan el cumplimiento efectivo de algunos de los postulados que dieron vida al movimiento, ni tampoco el cumplimiento efectivo de algunas normativas (como la Ley de Bosques) que fueron vistos como avances pero que en la práctica no funcionan como deberían.

Es necesario entender, como bien planteó Miguel Lozupone en un artículo publicado en este mismo medio, que al afligir el ambiente no sólo se produce un daño a una persona o a un grupo de personas directamente afectadas, sino que se perjudica a un número indeterminado de especies, de flora, de fauna, a las actuales generaciones y a las generaciones futuras de vivir y gozar de un ambiente sano, limpio y saludable. Así, es preciso comprender la defensa del medio ambiente como una acción colectiva que trasciende el tiempo y el lugar, por más extraño que esto suene.

Desde esta perspectiva, como ya sostuve en otro artículo, sería necesario dejar de considerar a la naturaleza como un objeto, para transformarla en un sujeto de derecho. Hoy en día, en casi todos los países los únicos sujetos de derecho son las personas. Resulta evidente que la naturaleza por sí misma no puede contraer "obligaciones", pero esta noción debe ser revisada dado que al vulnerar los derechos de la naturaleza, vulneramos el equilibrio de la vida que nos sostiene a todos en este planeta.