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Opinión 05 05 2021

¿Qué está pasando en El Salvador?


Autor: Matías N. Balbuena









En la madrugada del 1º de Mayo, tomaron posesión los parlamentarios que integran la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador para el período 2021-2024. Como se preveía, tiene una amplia mayoría oficialista (a saber, 64 votos sobre un total de 84 diputados), lo que en ese país se traduce en una mayoría calificada a favor del presidente Nayib Bukele.

Pero primero lo primero: quien escribe no es politólogo, ni internacionalista, sino abogado, por lo que, antes de adentrarnos en los sucesos ocurridos desde una perspectiva jurídica, recomiendo leer a un estimado colega en este mismo portal que, además de brindar información pertinente, participó como observador internacional en los recientes comicios de El Salvador, vivenciando en persona el clima político y social de ese país.

Los efectos de la nueva integración parlamentaria no se hicieron esperar. Una de las primeras medidas adoptadas fue ordenar la destitución de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a sus suplentes, y también el Fiscal General de la República. Todo ello, con el argumento de que favorecen a intereses de la oposición.

Asimismo, en la misma noche, se elegían los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, quiénes poco después ingresaban a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, escoltados por fuerzas policiales, para tomar posesión de sus cargos. Pero mientras esto ocurría, los propios magistrados destituidos desconocían la medida de la Asamblea y emitían una resolución declarando su inconstitucionalidad, mientras denunciaban un intento de cooptación por parte del oficialismo gobernante, que no responde a causales ni motivaciones suficientes y que compromete severamente la independencia del Poder Judicial.

En esta nota proponemos una lectura jurídica, y nos preguntamos:

  • ¿Es constitucional la destitución de los magistrados?
  • ¿Qué tienen para decir al respecto el Sistema Interamericano y la Corte IDH?

A la primera cuestión: uno de los pilares de todo modelo de República Constitucional y de separación de poderes, es la garantía de la independencia judicial, para lo cual se han ideado diferentes procedimientos estrictos tanto para el nombramiento como para la destitución de los jueces. La independencia funcional de los jueces supone que se cuente con un proceso legítimo para su nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con garantías contra presiones externas. Los conceptos de Tutela Judicial Efectiva e Independencia Judicial van de la mano. No existe una sin la otra.

Luego, como excepción al principio republicano de la periodicidad de los cargos públicos, la mayoría de las constituciones otorgan a los jueces una garantía muy especial: la inamovilidad en sus cargos. Sin embargo, esa permanencia no es absoluta. Presupone administrar justicia con independencia e imparcialidad, y mantener las condiciones de idoneidad requeridas para el ejercicio eficaz de sus funciones.

Por eso, cada Estado soberano puede organizar su SISTEMA DE CONTRALOR, SANCIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS, pero deben respetarse estándares mínimos de legalidad y las garantías de debido proceso para los involucrados.

Los magistrados están supeditados a un tipo especial de responsabilidad: la política, responden frente al Estado, del que han recibido su nombramiento y en cuyo nombre ejercitan la función jurisdiccional. Y aunque este juicio político es de apreciación más o menos discrecional, ello no significa que pueda ser arbitrario.

Esto es lo que ocurre en el caso de El Salvador, donde, conforme el Art. 186 de la Constitución, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: “serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de nueve años duración determinada-, podrán ser reelegidos, y se renovarán por terceras partes cada tres años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley –garantías procesales-. Tanto la elección como la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los Diputados electos –mayorías agravadas-”.

Esto nos deja a las puertas de la siguiente cuestión, ya que, a lo largo de la convulsionada historia de nuestra región, es habitual que los procesos de destitución de magistrados supremos sean precedidos por graves escándalos, o resulten cuestionados por la comunidad internacional, ya que suelen ser el preludio de procesos autoritarios.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, establecen que: “(esta) será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país”. También, en cuanto a la posibilidad de destitución de los jueces, los mismos Principios disponen: “Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente”.

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una nutrida jurisprudencia que consolida un estándar en materia de Tutela Judicial Efectiva vinculada a la defensa de la Independencia Judicial. En los últimos años ha crecido la judicialización a nivel interamericano de los procesos de destitución de magistrados, comprometiendo la responsabilidad internacional de los Estados por la violación de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente, en lo que refiere a las garantías procesales (Art. 8º, Inc. 1 y 2).

Por razones de brevedad, citaremos los antecedentes más conocidos y aportaremos algunos extractos puntuales sobre dos de ellos:

  • Tribunal Constitucional c/ Perú – 2001 (“el Poder Legislativo no reunió las condiciones necesarias de independencia e imparcialidad para realizar el juicio político contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional”)
  • Apitz Barbera (2008), Reveron Trujillo (2011) Chocron (2011) c/ Venezuela ("el Estado incumplió con su deber de motivar la sanción de destitución, violando con ello las debidas garantías ordenadas en el artículo 8.1 de la Convención Americana”).
  • Tribunal Constitucional c/ Ecuador (2013) con características similares a las que ocurren hoy en El Salvador, allí el Congreso ecuatoriano a instancias del presidente Lucio Gutierrez, resolvió "que los vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional fueron designados en forma ilegal", y cesó en sus funciones a todos. Ese mismo día, el Congreso Nacional designó a los nuevos vocales del Tribunal Constitucional que los reemplazarían (la Corte observó que: “los vocales sancionados no fueron citados ni notificados de la acusación, fueron separados de sus cargos sin la posibilidad de comparecer ante el Congreso Nacional para defenderse de las acusaciones”).
  • Finalmente, el caso “Colindres c/ El Salvador (2019)”, resulta ilustrativo, por ser muy reciente e involucrar al mismo país. Aquí la Corte señala la ausencia de normas que regulen un régimen disciplinario para magistrados, por lo cual el proceso de destitución del actor no tenía apoyo en una base legal. Sin dudas, resulta un pronunciamiento premonitorio, que expone falencias institucionales que, de haberse atendido en su momento, quizás hubiesen evitado la situación presente.

En resumen, si bien el artículo 8 de la Convención Americana de DD.HH. se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino “al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Esto INCLUYE a funcionarios y magistrados judiciales, y abarca los procesos de juicio político a que sean sometidos.

En principio, los antecedentes reseñados aplican al reciente caso de El Salvador. No parece claro que los jueces hayan gozado de instancias de defensa ni de recurso alguno. Y, además, la “adecuada motivación” exigida por la Corte IDH, en principio, no va más allá de la voluntad del presidente y de su reciente mayoría partidaria. Por si fuera poco, la designación inmediata de los jueces reemplazantes no cumple los procedimientos constitucionales ni las leyes de ese país, y definitivamente tampoco recepta las buenas prácticas internacionales que rigen una materia tan importante.

Mientras esta nota se escribía, se conocieron pronunciamientos tanto de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (1) alertando sobre mayorías que “imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político”, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2) que instó al gobierno a "a que cualquier procedimiento de separación sea adoptado en estricta observancia al principio de la legalidad y garantías procesales”.

Nayib Bukele se presentaba como un líder novedoso, y lamentamos que sus primeros pasos no sean promisorios. En la región, llueve sobre mojado, y asistimos a un nuevo capítulo donde gobiernos que llegan con fuerte respaldo popular no tardan en impulsar procesos de concentración de poder, donde la independencia judicial es una de las primeras instituciones en ser sacrificadas. Esta nueva etapa política en la República de El Salvador podía y merecía comenzar mucho mejor. 

1. Ref. C- 045/2021.

2. Ref. 110/21.