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Opinión 08 10 2022

Omisiones que no desmerecen "Argentina 1985" pero que no deben confundir


Autor: Leandro Pablo Vivo









La película Argentina 1985 constituye una contribución invalorable a las generaciones que por entonces no vivieron ese tiempo político del país y podrán descubrir lo que implicó el llamado Juicio a las Juntas, ícono de la naciente democracia en nuestro país y ubica acertadamente en la condición de héroe nacional contemporáneo al ya fallecido fiscal, Julio César Strassera, aunque incurre en algunas omisiones de sucesos que precedieron al juzgamiento de los militares por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura que requieren ser puestas en evidencia y, con apego al rigor histórico, hacer algunas consideraciones en dirección a corregir una interpretación absolutamente errónea de otros episodios que carecen de veracidad y, por lo tanto, pueden generar confusión en un desprevenido espectador cuando se enciendan las  luces de la sala tras la proyección del film que ha generado una inusitada expectativa social.

Lejos de quienes acreditan la condición de críticos de cine y que cuentan con la expertise necesaria para abrir juicios de valor sobre una determinada película, en Argentina 1985 hay omisiones de algunos hechos trascendentes que, efectivamente, abrieron el camino para que existiese el Juicio a las Juntas y, además, al concluir el film, una ficción basada en un hecho real, se difunde una falaz apreciación, que pueden generar confusión en algún desprevenido espectador cuando se refiere  al dictado de supuesta leyes de ‘olvido’ –en obvia alusión a las leyes conocidas de Puntos Final y Obediencia Debida- que recién rigieron con posterioridad a la condena que llevó a la cárcel a los militares juzgados a la cárcel y no se beneficiaron con esas normas como, por el contrario, sucedió cuando se los indulto durante el gobierno peronista de Carlos Menem, sucesor de Raúl Alfonsín, a quien la historia ya lo ha reconocido como el líder político que encarnó la ciclópea epopeya de la recuperación de la democracia.

Argentina 1985 transita por estos días, desde su estreno el 29 de setiembre pasado, el sendero que parece llevarla a transformarse en un fenómeno social y, seguramente, en aquella franja de argentinos que se sienten comprometidos con los valores democráticos y republicanos existe la ilusión de que la película, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani (quienes encarnan al fiscal Strassera y a su adjunto, Luis Moreno Ocampo, respectivamente) ya no sólo alcance una nominación sino que, efectivamente, sea galardonada con el Oscar al mejor film extranjero por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood como ocurrió con La Historia Oficial y El Secreto de sus Ojos.

Las crónicas periodísticas reflejan desde el día de su estreno que quienes han visto Argentina 1985 experimentan un sinfín de reacciones. Se da cuenta que algunos espectadores se emocionan y no pueden contener las lágrimas y que otros no quedan sumergidos en el asombro y hasta el estupor al advertir desconocimiento sobre lo sucedido en el país con el verdadero genocidio que atravesó la Argentina bajo el régimen militar que detentó el poder hasta el retorno a la democracia en 1983 y que está palmariamente reflejado en la película dirigida por Santiago Mitre.

Dicho esto. Hay en el largometraje omisiones o bien se otorga un escaso volumen a significativos episodios previos al Juicio a las Juntas que resultaron fundamentales para que pudiese existir y, entre ellos, hay que mencionar el sustento institucional que Alfonsín edificó, desde que recibió los atributos de mando presidencial, y que se erigen en sus vértices insoslayables como disponer –por supuesto que a través de un proyecto de ley que envío al Congreso- la derogación de la Ley de Autoamnistía que el régimen militar había dictado el 22 de setiembre de 1983 –a algo más de 30 días de las elecciones en las que el radical resultó electo Presidente en el primero de los pasos hacia la reinstauración de la democracia- con lo que patentizó uno de los compromisos que había asumido públicamente siendo aún candidato. “No vamos a aceptar la autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás, mirando con sentido de venganza; no construiremos el futuro de] país de esta manera. Pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera pasado en la Argentina”, decía en los actos de la campaña. Horas después de asumir como Presidente el 10 de diciembre de 1983 cumplió con esa promesa. En el Parlamento el peronismo debió acompañar en aquel momento esa ley después de vacilaciones ya que antes de las elecciones su candidato, Ítalo Lúder y el resto de la dirigencia justicialista había mostrado cierta reticencia a la sanción de una ley que sepultara el intento de los militares de cubrirse las espaldas al presumir que, de producirse  un triunfo electoral de Alfonsín –como sucedió- quedarían expuestos a la actuación de la Justicia que revisaría su actuación en la atroz e ilegal represión que habían desatado tras derrocar al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

Pero, además, tan sólo tres días después de ocupar la Casa de Gobierno, el 13 de diciembre de 1983, Alfonsín materializó aquello a lo que también se había comprometido. Eran las primeras de las tantas acciones que su gobierno llevaría adelante para habilitar que la Justicia actuara frente a lo que había sucedido en un pasado relativamente cercano en la historia del país. Por decreto estableció que se declaraba “la necesidad de promover la prosecución penal con relación a hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, contra distintas personas por actividades ilegales”.

Alfonsín firmó el decreto 158/83 que en su apartado resolutiva disponía: “Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes, Teniente General Jorge R. Videla, Brigadier General Orlando R. Agosti, Almirante Emilio A. Massera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General Omar D. R. Graffigna, Almirante Armando J. Lambruschini, Teniente General Leopoldo F. Galtieri, Brigadier General Basilio Lami Dozo y Almirante Jorge I. Anaya”.

Pero, a través de aquel decreto, el Poder Ejecutivo encarnado en Alfonsín también estableció: “La sentencia del tribunal militar será apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia Militar una vez sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación el proyecto remitido en el día de la fecha”. Ello dejó en ese momento allanado el camino para que la Justicia Civil pudiese actuar y, por ello, los jerarcas militares de la dictadura terminaron desfilando en el histórico Juicio a las Juntas en el que fueron condenados a prisión los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

Alfonsín, ese mismo 13 de diciembre, firmó el derecho 157/83 por el cual resolvía: “Declárase la necesidad de promover la persecución penal, con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973”, contra Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Armando Obregón Cano, Rodolfo Gabriel Galimberti, Roberto Cirilo Perdía, Héctor Pedro Pardo y Enrique Heraldo Gorriarán Merlo “por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público, sin perjuicio de los demás delitos de los que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices”. Podría haberse ampliado en Argentina 1985 alguna referencia algo más explícita de lo que fue parte de un andamiaje legal que se convertiría en soporte esencial para llevar adelante el Juicio a las Juntas.

Otro circunstancia que no refleja el film en su total dimensión es que el fiscal Strassera (Darín) tuvo como piedra angular para la construcción de su acusación –en la etapa instructora de la causa- la labor que habría desarrollado la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) que no surgió por generación espontánea sino de una decisión política de Alfonsín que creía que la sociedad civilidad debía eventualmente ejercer su derecho a tener algún grado de intervención para buscar esclarecer la tragedia de la desaparición de miles de personas aunque la potestad de investigar disponer las penas que pudiesen corresponder a quienes habían cometido delito era competencia de los jueces.

En dirección a abonar el espíritu de esa decisión de Alfonsín puede que resulte saludable recordar que, precisamente, el decreto N° 187 de creación de la CONADEP, en sus considerandos, decía: “Que con relación a la sociedad civil, debe satisfacerse ese interés legítimo de intervenir activamente en el esclarecimiento de los trágicos episodios en los que desaparecieron miles de personas, sin que esa intervención interfiriera con la actuación de los órganos constitucionales competentes para investigar o penar estos hechos, o sea los jueces”, mientras que en el párrafo siguiente se consideraba “apropiado integrar una comisión nacional de la que formen parte personalidades caracterizadas por su celo en la defensa de los derechos humanos y por su prestigio en la vida pública del país, para determinar lo sucedido con las personas desaparecidas”.

La CONADEP fue presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por reconocidos hombres y mujeres de distintos ámbitos, educativo, científico, cultural, periodísticos, religioso y político, aunque en este último caso sólo participaron legisladores de la Unión Cívica Radical en razón de que otras fuerzas, como fue el caso del justicialismo, se negaron a integrar la comisión que desarrolló su labor. Fueron parte de esa comisión Ricardo Colombres, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimosvky, Marshall Meyer; Jaime De Nevare, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guinazú, Santiago López, Hugo Piucill Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador Raúl Peneón, Alberto Mansur, Leopoldo Silgueira y Agustín Altamiranda. Al cabo de casi 9 meses su informe a Alfonsín. Fue en la tarde del 20 de setiembre de 1984. Ese documento estaba contenido en voluminosas carpetas que fueron puestas en manos del Presidente y se convirtió en el  icónico libro “NUNCA MÁS”, editado por EUDEBA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Aunque más no fuese una mera mención en el guión del film hubiese sido más que atinada ¿no?

Probablemente, Mitre y Mariano Linás hayan juzgado que la existencia de la CONADEP y su crucial labor de recopilación de testimonios de sobrevivientes tanto como de los familiares de las víctimas del genocidio sólo debía exhibirse en tangenciales escenas en las que aquellos jóvenes del equipo del fiscal Strassera (Darín) y de Moreno Ocampo (Lanzani) acuden a las oficinas en las reciben la  colaboración de personal de la comisión -de cuya existencia no se hace una explícita mención en el film- que les entrega la información que posibilitaba “reunir pruebas contra nueve comandantes”, como dice Darín (Strassera) o Lanzani (Moreno Ocampo) cuando refiere: “necesitamos demostrar que fue un plan sistemático” de desaparición de personas y que se desarrollo “a lo largo de todo el país y durante el gobierno de los nueve comandantes” , en distintas escenas de la película.

Al cabo de 2 horas y 20 minutos Argentina 1985 llega a su fin y, como era de presumir, el principal instante se focaliza en un momento que no por esperable resulta menos conmocionante. El fiscal Strassera (Darín) cierra su alegato en el juicio. “Señores jueces: Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca Más”. Hubiese sido suficiente pero sobre una placa oscura aparecen varios graf con algún detalle y aparecerá en una fracción de segundos un graf que aludirá a que tras la derogación de las leyes del  ‘olvido’ se reiniciaron los juicios contra militares involucrados en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Quizás, en esa misma línea podría haberse reflejado el indulto que otorgó Menem a los jerarcas militares y a quienes eran los cabecillas de las organizaciones guerrilleras que actuaron bajo el argumento de que la violencia era la vía para resistir el terrorismo de Estado lo que desembocó en años de violencia y horror a la Argentina. El indulto tuvo el apoyo de todo el peronismo que estaba hegemonizado por el ‘menemismo’ y en el que se encuadraba Néstor Kirchner, quien por entonces era gobernador de Santa Cruz y cuando, en el 2003 se convirtió en Presidente buscó despegarse de ese ‘perdón’ concedido a los genocidas y, al mismo tiempo, propicio a través del Congreso la derogación de las mal llamadas leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

Al margen de que, desde la honestidad intelectual, no pueda darse por concluido cualquier debate acerca de aciertos u errores de la gestión de Alfonsín y ante la alusión reflejada en el graf cuando el film culmina sobre la existencia de las leyes de ‘olvido’ resultar conveniente reparar en cuáles fueron las circunstancias y las razones que llevaron al gobierno de Alfonsín a promover ambas normas. Pongamos los puntos sobre las íes.

La mal llamada Ley de Punto Final

El Presidente Alfonsín pronunció un mensaje el 5 de diciembre de 1986 –por la Cadena Nacional de Radio y Televisión- en el que anunció el envió al Congreso del proyecto que contemplaba  –dijo- “… un plazo de extinción de las acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes, a más de tres años de iniciadas las investigaciones, no hayan considerados formalmente sospechosos…”

Ahondemos en ese discurso para echar luz sobre tanto debate que, a veces, se aborda con aviesa intención de tergiversar la verdad y, en otras, con conocimiento parcial o nulo de la realidad. En ese entonces manifestaba Alfonsín: El 13 de diciembre próximo se cumplen tres años del mensaje que dirigí al pueblo argentino para anunciar la decisión política del gobierno de investigar judicialmente las violaciones a los derechos humanos. Esa decisión se fundó en el respeto a principios éticos fundamentales y, además, en la afirmación y el fortalecimiento del estado de derecho. El gobierno condenó la violencia, la del terrorismo y la de la represión ilegal. Además, dejó muy en claro que la imputación de responsabilidades se hacía a los agentes estatales involucrados y no a las instituciones. Esta decisión del gobierno nacional, ustedes lo saben, no tiene antecedentes en el mundo contemporáneo. La idea de juzgar las violaciones a través de los mecanismos del estado de derecho y la implementación concreta de medidas legales y administrativas tendientes a instrumentar esa decisión han causado una verdadera admiración en el mundo y en alguna buena medida han constituido uno de los pilares del gran prestigio y respeto que la República goza hoy en la comunidad internacional. El Poder Ejecutivo cumplió estrictamente con las medidas que anunció y tuvo en el Poder Legislativo la colaboración; colaboración amplia y eficaz que permitió construir con rapidez el cuerpo legal necesario. Los logros obtenidos son importantísimos y trascienden en el tiempo. Por una parte, se afianzó el valor de las instituciones, el valor del estado de derecho. Además, se impuso un comportamiento racional a los afectados, a los involucrados, alejando así la posibilidad de ejercitar mecanismos de venganza al margen de la acción estatal. Se ha llevado, por otra parte, también al ciudadano la conciencia de la tragedia y del sufrimiento que trae aparejado el empleo de la violencia como instrumento político y como mecanismos de represión ilegal. Ahora, al culminar la etapa de la revisión judicial, es imprescindible convocar una vez más a la sociedad para una nueva reflexión porque, como dije antes, el horizonte que enfrentamos no es ya el de desterrar las prácticas intolerantes solamente sino el de fundar los cimientos de una unión perdurable. Pero frente a esta necesidad quiero reiterar lo dicho hace más de un año a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Les decía: Yo no creo en los puntos finales establecidos por decreto. No se cierran capítulos de la historia por la voluntad exclusiva de un dirigente cualquiera sea y cualquiera sea la razón que esgrima. Pero sí es fundamental, les decía, que exista conciencia y consenso alrededor de la idea de que es la sociedad misma la que en un acto de severa constricción y reconocimiento de su propia identidad, esté recogiendo la experiencia del pasado. Cada argentino sabe hoy que el terror político no es ni volverá a ser impune. Pero del mismo modo resulta a mi juicio también evidente para cada argentino que hay dos situaciones que requieren urgentes correcciones. Existe de manera clara una dificultad creciente, consecuencia del largo tiempo transcurrido en las investigaciones  con el consiguiente retraso en la asignación de responsabilidades. Las causas de este retraso son variadas pero lo cierto es que se está afectando de modo directo, tanto a las víctimas de la represión ilegal como a un número considerable del personal de las Fuerzas Armadas que experimenta duda acerca de su eventual situación procesal. En este último sentido y en el marco de las reflexiones que les he hecho esta noche, pensando en la salud de la República y en la necesidad de construir en la Nación, creemos necesario no sólo agilizar los trámites judiciales sino también poner un plazo que luego de todo el tiempo transcurrido evite que continúen indefinidamente, pesando sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad una suerte de sospecha interminable. Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de las acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes, a más de tres años de iniciadas las investigaciones, no hayan considerados formalmente sospechosos por los jueces a la par de que se procura también, como dije antes, acelerar esos procesos. La limitación a la persecución penal, que comporta este proyecto de ley, se refiere, desde luego, a los hechos en los que se alteraron los límites y esencia de los actos de servicio. Esto último excluye, por cierto, actividades por entero ajenas a la alegada acción contra el terrorismo como, por ejemplo, la supresión del estado civil de menores. Esta democracia que ahora se plantea el progreso y la transformación; esta democracia que supo construir su fortaleza puede también plantear las condiciones del encuentro de todos los sectores y de todas las instituciones. Queremos impulsarlo con la profunda convicción de que hemos ganado la batalla contra la impunidad y contra la violencia. Lo hacemos sabiendo que, ¡nunca más!, la Argentina podrá ser asolada por los fanatismos…”.

La mal llamada ley de Obediencia debida y el discurso de Alfonsín en Las Perdices 

El 23 de marzo de 1987, el Presidente Alfonsín encabezó el acto de celebración del centenario de la localidad cordobesa de Las Perdices. Pronunció un discurso y hacia el final de su alocución dijo: “…debemos superar también otro problema; me refiero al problema de los juicios con motivo de la represión. Cien veces me he referido a este tema. Lo hice de manera particular durante la campaña electoral, de modo que considero que lo que manifesté durante esta campaña electoral es un verdadero compromiso que he contraído con el pueblo y que estoy dispuesto a cumplir usando para ello todas las facultades que me otorga la ley. Dijimos que había tres grados de responsabilidades. Una responsabilidad de quienes habían puesto en marcha, con su decisión política, la metodología; una responsabilidad distinta de quienes se había excedido en el cumplimiento de las órdenes y otra responsabilidad, también distinta, de quienes había cumplido las órdenes en circunstancias tales que prácticamente constituían una coerción. ¡Cien veces dijimos! No es tiempo de revancha; queremos mirar hacia adelante pero no construiremos la democracia, tampoco, sobre claudicaciones éticas. Es por eso que reiteradamente hemos afirmado nuestra comprensión por el dolor de los familiares de los desaparecidos, pero al mismo tiempo rechazado terminantemente cualquier intención de justificar una metodología repugnante que pretendió, con sentido elitista, llegar al poder. Del mismo modo hoy comprendemos la inquietud de algunos camaradas, de quienes se encuentran sometidos a proceso pero rechazamos igualmente la pretensión de identificarse con una metodología perversa que no es cierto que fuera necesario utilizar para combatir definitivamente a la subversión como lo prueban las luchas que dan las democracias del mundo. De todos modos, esto puede interpretarse, tal vez con esfuerzo, dentro del marco de un concepto equivocado de camaradería. Pero hay otros grupos que actúan distinto; es como si hubieran estado esperando al acecho este momento argentino; son los nazis de siempre fundamentalistas extinguidos en otras partes del mundo que aquí han conspirado contra la democracia y contra el pueblo. Que no se confundan por el hecho de que tengan alguna llegada a los medios de difusión no significa que tengan llegada a la opinión pública. Que no se confundan esos señores que se proclaman luchadores contra la subversión y al mismo tiempo ponen bombas y amenazan a ciudadanos. Los argentinos podemos discutir, sin duda airadamente en muchos casos, pero no nos van a encontrar en este terreno, peleando a los peronistas y a los radicales; vamos a estar juntos y codo a codo para defender la democracia de los argentinos. Tampoco es cierto que se haya actuado de esa manera para devolver la democracia a los argentinos. Se decía que, por lo contrario, las urnas estaban bien guardadas y a no ser por el desastre económico, por el desastre bélico y el relevo de jefes con otro sentido de la responsabilidad, y la lucha del pueblo, seguirían llenas de telarañas. Vamos también, en este caso, a actuar son sensatez los argentinos. No se trata sólo de una decisión del Poder Ejecutivo, no se trata sólo de la tradicional posición de la Justicia referida como corresponde a la objetividad y a la eficacia; se trata del pueblo en su conjunto que no desea la revancha, que quiere la justicia y sobre todo se trata de ese deseo encarnado en cada mujer y en cada hombre que busca trabajar por la reconciliación de la familia argentina…”. Cierto que no taxativo en sus dichos pero, por entonces, se disponía a enviar al Congreso el proyecto de ley por el cual se fijaban limites al sistema de enjuiciamiento para aquellos militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

El artículo 1 decía: “Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley Nº 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida. La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria si no se resuelve judicialmente, antes de los treinta días de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes. En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad”, mientras que en el artículo 2° se reflejaba: “La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles”.

En el libro “Memoria Política – Transición a la democracia y derechos humanos”, su autor, Raúl Alfonsín, explica: “A mediados de marzo de 1987 llegué a la conclusión de que urgía adoptar una medida de fondo, pues a esta altura era claro que la Justicia no iba a realizar en un plazo que no expusiera a un grave riesgo la ya resquebrajada cadena de mandos de las Fuerzas Armadas, con previsibles consecuencias para el sistema institucional” y, al aludir a sus dichos en su discurso en Las Perdices en cuando al esquema de los tres niveles de responsabilidad en la represión ejercida por los militares durante la dictadura, rememora: “…. dije que para asegurar su aplicación, haría uso de todas las facultades constitucionales inherentes a mí cargo”, en referencia a su condición de Presidente. Y refiere, además, que el proyecto de ley sobre la aplicación de la obediencia debida “…ya estaba preparado, con una primera redacción y listo para ser enviado al Congreso antes que estallara la crisis militar de Semana Santa…”.

Tras aquella rebelión militar, Alfonsín pronunció el 13 de mayo de 1987 un mensaje a través de la Cadena Nacional de Radio y Televisión en el que anunció el envió al Congreso de la Nación el proyecto. Y en un pasaje de ese discurso dijo: “…sé perfectamente que, a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad y esto no me gusta. Pero también es cierto que la responsabilidad penal de las violaciones a los derechos humanos corresponde, antes que nada, legalmente, a quienes concibieron el plan, su metodología aberrante y pusieron en marcha su ejecución. Y que para ello, además, le sumaron un estado de coerción moral, psíquica y material, que determinó que quienes fueran los autores materiales entendieron que obraron bajo órdenes y, en ocasiones aún, para beneficio de la Nación. La impunidad ha concluido en la Argentina y el fin de la impunidad se expresa en el juicio y la condena de los responsables y en el conocimiento público de lo que ocurrió y de cómo ocurrió. Porque el fin de la impunidad también es el fin de indiferencia. Tampoco nunca más en la Argentina podrá decir ‘yo no lo sabía’, ‘yo no lo supe’….”.

Sostuvo seguidamente: “….nuestro esfuerzo de pacificación fue permanente y desde la campaña electoral vinimos definiendo los tres niveles de responsabilidad en la lucha contra la subversión. Desde el comienzo de nuestro gobierno tomamos medidas que por unas razones o por otras razones no tuvieron la eficacia que queríamos; la eficacia suficiente como para producir la pacificación; creando las condiciones de cambio que nos permitieran sumar definitivamente a las Fuerzas Armadas a un proyecto común. Este es el momento de tomar una medida necesaria y suficiente apoyada, desde luego, en la fortaleza de esta democracia abrazada por toda la ciudadanía. Esto nos permite ser grandes; ser grandes sin claudicaciones. Es hora de superar el pasado sin olvidar el pasado….”         

A contramano y tergiversando lo que refleja el film, que le confiere al Juicio a las Juntas la dimensión histórica que efectivamente tuvo, el  24 de marzo de 2004, al cumplirse 28 años del golpe de Estado de 1976, Néstor Kirchner habló en un acto en la ESMA –emblemáticos sitio en el que funcionó durante la dictadura uno de los centros clandestinos de detención en la Capital Federal- y en el discurso que pronunció incurrió en un imperdonable olvido al decir “….como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón desde el Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades…”. La frase del entonces Presidente anima a plantearse un interrogante: ¿Para Néstor Kirchner la CONADEP, el Juicio a las Juntas y la titánica labor de Strassera no existieron?

Ese mismo día, un par de horas antes, Kirchner sobreactuó y en pleno Patio de Honor del Colegio Militar impartió al entonces jefe del Ejército, general Raúl Bendini, la orden para que retirara los cuadros de los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, lo cual tuvo la aviesa intención de apropiarse de la bandera de la defensa de los derechos humanos que, sin embargo, no tiene un único dueño y que, en todo caso, tiene como sólo propietario al conjunto de pueblo argentino cuando hizo suyo el ¡Nunca Más!, que, al conquistar la democracia, quedó reflejado en el informe de la CONADEP y en esa elocuente frase de Strassera al cerrar su alegato en el histórico Juicio a las Juntas.

En este sentido, y aunque implica apartarse de Argentina 1985, los archivos periodísticos son más que significativos para tener certeza en cuanto a qué grado de compromiso tuvieron Kirchner en la defensa de los derechos humanos en tiempos de la dictadura como abogado y, a la vez, militante y dirigente político. El propio extinto heroico fiscal, ante los periodistas, Ceferino Reato y Silvia Mercado, en un reportaje que concedió en el 2014 al Portal de Noticias Infobae TV, clarifica ello ante una consulta alrededor de la política en materia de derechos humanos del gobierno que, por entonces, encabezaba Cristina Fernández de Kirchner. “Lo que veo es la utilización política de los derechos humanos por los que los dos Kirchner –en referencia a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- jamás se interesaron; las Madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz gobernando (Néstor) Kirchner. Yo tuve a la vista casi todos los hábeas corpus presentados en aquella época porque eran una prueba”, apunta en obvia alusión a la documentación que estaba en sus manos en la etapa instructora de la causa que luego elevó a juicio desde su condición de fiscal.

Y remarca: “Precisamente los hábeas corpus eran rechazados en todo el país (por las autoridades militares durante la dictadura); no hay uno sólo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner; no les importó nunca los derechos humanos pero, después, les importaron cuando vieron que era un filón los derechos humanos. Alfonsín se cansó de firmar hábeas corpus y hasta (Carlos) Menem firmaba hábeas corpus en aquella época”. ¡Palabra de Strassera!

La película Argentina 1985 le permite a quienes vivieron aquel tiempo rememorarlo y ratificar la trascendencia de aquel juicio; a las generaciones posteriores les abre el espacio para advertir que en el marco de la democracia naciente de 1983 el poder político –que por la voluntad popular era ejercido en su máxima responsabilidad por Alfonsín- fue una la garantía para que los jueces, en el marco de una Justicia independiente, actuaran en la revisión de las atrocidades cometidas durante la última dictadura pero no con sentido con sentido de venganza sino de búsqueda de la Verdad. La magnífica actuación de Darín sirve para reflejar la valentía de Strassera pero también sobrevolar y revalorizar lo que ya -desde la honestidad intelectual- nadie discute en la Argentina: Lo que significó Alfonsín como garantía absoluta para edificar la democracia desde 1983 y que, a poco de cumplir 39 años, vuelve a ser reivindicada.

Al mismo tiempo, Argentina 1985 permite poner luz sobre otras cuestiones y profundizar también acerca del contexto en que un gobierno democrático, tras el histórico juicio, debió adoptar hasta concluir su mandato determinadas decisiones sin que ellas significaran ‘olvido’ o indulto a los responsables del genocidio desatado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero, además, nos abre el camino para desmitificar discursos y acciones de algunos políticos que han pretendido inocular a la sociedad dosis distorsionadas de sus comportamientos frente a una tragedia que tuvo como respuesta un rotundo “Nunca más”.