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Opinión 26 04 2020

Ojo con el estado de excepción


Autor: José Carlos Chiaramonte









Quiero advertir, en primer lugar, que integro esa gran parte de la población que, sea o no partidaria del actual gobierno, reconoce que la forma en que ha en frentado la pandemia, más allá de errores que han existido y puedan existir en una difícil gestión como la que esta amenaza requiere, es en general acertada. La respuesta del gobierno y de parte de la oposición ha sido afortunadamente alentadora. 

Pero debemos reconocer una realidad de la que poco se habla: que quiérase o no estamos consintiendo un estado de excepción, cuando las cámaras no se reunen y se gobierna por medio de DNU, un instrumento constitucional que, lamentablemente, se incorporó en la reforma de 1994 y cuya excesiva utilización por todos los gobiernos que se han sucedido desde entonces se ampara en las propias debilidades del sistema representativo argentino.

Pero los estados de excepción, proclives a ser instrumentos de tendencias dictatoriales, logran a veces el consentimiento de la mayoría de la población, que les otorga legitimidad, como sería nuestro caso actual, no sólo por apoyarse, en alguna medida, en el texto constitucional, sino por su notoria utilidad para enfrentar la pandemia. Aunque esto no nos exime de estar alertas ante la posibilidad de su innecesaria prolongación. 

Por otra parte, las críticas al uso de los DNU no debe impedirnos percibir la insólita situación ante la que nos encontramos, dada la falta de cumplimiento de los recaudos que establece la constitución para su control: “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida [el DNU] a consideración de la Comisión Bicameral Permanente […] Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.

Se me dirá que ante la serie de medidas que reclama enfrentar la pandemia es prácticamente imposible cumplir esos recaudos. Es cierto, pero no por eso debemos dejar de tomar conciencia, con vistas al futuro, de este grave problema constitucional que ha generado el combate contra el virus.

Porque, para colmo, la dificultades provienen también de lo que implica reunir las cámaras sin violar las normas sanitarias. Es decir, estamos en un estado de excepción y sin la posibilidad de aplicar los recaudos constitucionales para su control, lo que obliga a reflexionar sobre cómo lograr, en el momento oportuno, que se pueda restablecer el funcionamiento del sistema representativo.

Otro problema inquietante es el de la incongruencia entre el justo reclamo de evitar que la cuarentena dañe la economía, con la ausencia de propuestas concretas sobre como conjugar ambos objetivos, salud y economía. He leído algunas buenas opiniones sobre que salud y economía son lo mismo, es decir, sobre la necesidad de no descuidar la economía durante el rigor de la cuarentena, pero ninguna buena sugerencia de cómo lograr en la práctica tal compatibilidad.

Por eso, me pregunto si el discurso del Presidente al anunciar la prolongación de la cuarentena no debería haber incluido alguna referencia a cómo se encara el muy difícil problema de conciliar ambos objetivos; algo que fuera más allá de la puerta que parece abrir el art. 2 del DNU presidencial al “exceptuar del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas.” ¿No sería posible, así como existe un comité de expertos en epidemiología, reunir epidemiólogos y economistas para estudiar qué es lo que realmente se podría hacer, si es que realmente se puede hacer algo, para conjugar los dos intereses? Reunión a puertas cerradas, porque las declaraciones públicas, si quienes las hacen son en alguna medida políticos, suelen ser poco valiosas por estar ceñidas al cálculo de posibles réditos o perjuicios de lo que se dice.

En síntesis, la política en curso frente a la pandemia requiere también saber si es posible, y cómo, tratar de conciliar salud y economía, además de obligarnos a analizar sin escrúpulos lo implicado por el estado de excepción. Mientras, insisto, más allá de ocasionales defectos, continuemos cumpliendo las razonables pautas de la política sanitaria actual.

Publicado en Clarín el 20 de abril de 2020.

Link https://www.clarin.com/opinion/ojo-excepcion_0_wIR7N4yFd.html