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Opinión 11 06 2021

No hay que bajar al Infierno para encontrar al Diablo


Autor: Nicolás Rivas









A raíz de los hechos acontecidos, entre los cuales en la provincia de Formosa se inician causas contra los asintomáticos que deciden aislarse en sus hogares, y si se resisten, ordenan allanamientos con grupos de elite de la policía, sumado a que, tardíamente han relevado los datos oficiales de los contagiados, originándose así un desfasaje en los registros de conteo de casos de positivos y muertos por COVID-19, entre más sucesos de carácter inaceptable; nuevamente el régimen de Gildo Insfrán se encuentra inmerso en el centro de la polémica, y esta vez no es solamente por el funcionamiento de las instituciones estatales y el rol de sus funcionarios, sino por las denuncias que el Gobierno formoseño recibió por las formas de llevar a cabo la estrategia para afrontar la pandemia, y las violaciones de derechos humanos. Todo esto acompañado por un gran repertorio de situaciones controversiales, es inevitable advertir y vislumbrar que en la provincia de Formosa hay una situación de gravedad institucional donde lo que menos impera es el Estado de Derecho.

Independientemente de la situación pandémica que vivimos, y del discurso de corte utilitarista que el Gobierno formoseño imponga, jamás tiene la potestad de imponer tales restricciones -como menciona el Comunicado de prensa y testimonios elaborado por Human Rights Watch- ya que la libertad de circulación, de expresión, derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, así como otros derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, no son pretexto para que se avasallen los derechos humanos de los y las habitantes dado que éstos son inherentes a las personas y son derechos que se afirman frente al poder público -según menciona el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pedro Nikken-. De esta manera, el Estado debe ejercer su poder siempre en resguardo de todos los derechos existentes de todas las personas. El hecho de que en Formosa no se reconozcan ciertos derechos no hace más que reforzar la concepción feudalista que Insfrán tiene por cómo ejercer el poder.

El gran problema de la Provincia se inicia fundamentalmente de raíz en su Constitución reformada en el año 2003 por iniciativa del ya entonces Gobernador Gildo Insfrán, la que incorporó la posibilidad de que cualquier aspirante a la candidatura para el cargo de Gobernador provincial pueda presentarse a elecciones sin mediar temporalmente un cargo. Esta situación no es para nada colindante con los principios establecidos en la Constitución Nacional -específicamente el principio republicano de periodicidad de los cargos públicos (en sintonía con lo dicho por el Abogado constitucionalista y Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la UBA Roberto Gargarella)-.

Otro problema que deriva de la puesta en práctica de las elecciones, es que opera en esta provincia una artimaña ilegal y paralela de obtención de apoyo popular en instancias electivas, acudiendo a la violencia, al clientelismo y al fraude electoral para hacerse de las mayorías absolutas necesarias para controlar la Legislatura unicameral de la Provincia. De esta manera las elecciones se llevan a cabo de una manera semi-competitiva, donde la legitimidad de las mismas se ve afectada por lo que ocurre en la realidad, donde las garantías electorales se encuentran vulneradas y donde la autoridad provincial ejerce presión a favor en los resultados. Así, es imposible lograr una alternancia, y la consolidación en el poder es una constante.

Su legado no solo lleva 25 años sino que continuará, ya que se está asegurando una sucesión hereditaria. Su hija Yanina Insfrán es legisladora como también consejera titular por la mayoría legislativa del Consejo de la Magistratura provincial -en consonancia su hermano Carlos Insfrán también es legislador formoseño-, actitudes de un verdadero monarca.

La erosión en la calidad institucional de esta provincia es tal que se hacen muy difusos sus límites, donde un Poder es investido de potestades que en principio no le deben ser atribuibles -como por ejemplo, según el artículo 122 de la Constitución Provincial Formoseña se establece que tanto los diputados como diputadas, el Poder Ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia podrán presentar proyectos de ley; asunto completamente irrisorio si se toma en cuenta que el mismo Tribunal ante cualquier litigio va a tener que intervenir oportunamente.

A modo de conclusión, impera la necesidad indeclinable de que el Estado Nacional de una vez por todas intervenga en toda esta cadena de sucesos inaceptables a los fines de subsanar todos los desmanes allí llevados a cabo, tal como se pronunció el Jefe de Bloque de la Cámara de Diputados Mario Negri. Por lo pronto Insfrán cuenta con apoyo del Gobierno Nacional y del PJ, espectadores cómplices de las violaciones de derechos humanos allí perpetuados. No solo eso, sino que además en reiteradas ocasiones negó todo tipo de denuncia en su contra aludiendo que lo que ocurre es la persecución de los medios hegemónicos contra su figura.

En los términos del artículo 6 de la CN donde establece que “el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno” como mencionó el abogado constitucionalista y  Daniel Sabsay, la intervención federal debe ser declarada de inmediato, en base a lo establecido en el artículo 75 inciso 31 de la Constitución Nacional, como remedio constitucional a esta situación anómala que vive Formosa.

De aquí en más lo que queda por discutir es el modo en que se va a llevar a cabo dicha intervención. Por lo pronto se puede considerar que una intervención reconstructiva es la indicada para llevar a cabo un proceso de normalización de las instituciones de la Provincia. Según el abogado constitucionalista y profesor UBA Juan Vicente Sola, este tipo de intervención es la más grave porque su función es punitiva, ya que las instituciones locales están tan corrompidas que en ese marco es imposible normalizarlas.