menu
Opinión 23 02 2020

No es casualidad, es la búsqueda de la Impunidad


Autor: Walter Ceballos









Desde que se convirtió, primero, en su asesor principal y luego en su candidato presidencial, Alberto ofició de abogado defensor y articulador político-institucional de la exculpación de Cristina, usando frases como “Hay jueces que van a tener que dar explicaciones”apuntando contra los magistrados judiciales: Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani.

Luego de aquel 15 de mayo de 2019, en el que se le comunicó que sería el candidato a presidente y ella su vice, sintió que tenía una gran oportunidad política y deuda personal.

Decidió tomar la oferta y redobló su compromiso con la tarea de salvar a Cristina de las múltiples causas en las que la investiga la Justicia.

Durante la campaña se encargó de ocultar, todo lo necesario, el compromiso que debía cumplir. El 27 de octubre fue electo presidente de la Nación. A poco de asumir, y urgido por aquel compromiso original, comenzó a dar los pasos necesarios para pagar la deuda, disimulando, tal vez concertadamente, todo lo posible.

Al principio habló de: tolerancia, república, federalismo, lucha contra la pobreza y en lograr el crecimiento. Cuestiones comunes y muy necesarias de ser abordadas por la política.

A poco de andar, desde adentro de su propio espacio político, le “recordaron” que debía resolver la situación de los autodenominados “presos políticos”.

Hubo debates en el frente oficialista, aún desde adentro de su gabinete, que de manera pública se expresaron en esa dirección, desmintiendo su ecléctica postura de la “NO hay presos políticos”, sino la posibilidad de la existencia de “detenciones arbitrarias”, lo que lo llevó a plantear el tema como una conveniencia; “Tenemos que ser prudentes porque alguien puede llegar a pensar que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa”, aseguró. “Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia y el primero que lo dijo fue Alberto Fernández”, como pidiéndoles tiempo para cumplir el compromiso que había empezado a desplegar cuando aún no era el candidato elegido.

Durante ese tiempo los más conspicuos dirigentes kirchneristas expresaban la necesidad de cambiar el sistema de gobierno republicano, vía una reforma constitucional, que permitiera alcanzar aquel "nuevo contrato social" que Cristina había delineado en su libro de campaña a vicepresidente. Sumaron el argumento del neologismo del lawfare con la pretensión de instalar la supuesta existencia de una “guerra judicial” contra Cristina y sus colaboradores más cercanos, algunos de ellos fueron investigados, juzgados, condenados y están presos por no contar con fueros parlamentarios como ella. El único que fue desaforado es Julio De Vido, lo que fue posible por el estrépito social de la Masacre de Once, que logró sumar, al voto de los legisladores de Cambiemos, el de parte de los que hoy integran la coalición oficialista.

El fallecimiento del Juez Bonadío actuó como catalizador acelerante de la acción política del oficialismo y tuvo en Cristina la referencia ideológica y táctica del despliegue de la misma.

A pocos días de haberse aprobado la autorización parlamentaria para la negociación de la deuda argentina, con el voto favorable de nuestro interbloque de Juntos por el Cambio, para investir al presidente y su gabinete de toda institucionalidad necesaria para emprender esa difícil negociación, Cristina desde Cuba espetó el video donde exigía una quita del FMI, que ella sabe bien nunca ha sido concedida, aún cuando su esposo presidente decidió pagarle por adelantado y cash, generando un notorio debilitamiento del actual presidente en el proceso que iniciaba y después de haber tenido una gira por Europa que él consideró “exitosa”.

Alberto invito a Cristina a Olivos a su regreso de Cuba a una reunión a solas. Muchos creímos que se trataría de una reunión para encontrar los acuerdos indispensables, hacia adentro del oficialismo, para la compleja tarea de resolver la deuda sin caer en el default. Las acciones posteriores de ambos demuestran que no fue ese el motivo de la reunión.

Cristina volvió al silencio y Alberto concretó una batería de acciones políticas e institucionales con un rumbo inequívoco.

• Filmó un video reafirmando la ficticia figura del lawfare, en sintonía con el planteo de los que reclaman la supuesta existencia de “presos políticos” y cuestionando, nuevamente, el accionar de los jueces federales que actúan en juicios de corrupción, fundamentalmente los que involucran a Cristina y Milagros Sala, tratando de hacerlas aparecer como “mártires populares perseguidas”.

• Retiró de la comisión de acuerdos del Senado de la Nación los pliegos de 188 propuestas de Jueces Federales, de los cuales 60 tenía despacho favorable de la misma, que habían sido elevados por el presidente Macri en sus cuatro años de gestión, previo concurso y acuerdo en terna del Consejo de la Magistratura, para cubrir las vacantes judiciales.

• Cambió la jurisdicción del Programa de Protección de Testigos pasándolo de la Justicia al Ejecutivo con la clara intención de amedrentamiento a los que han aportado pruebas fehacientes para el procesamiento y condena de exfuncionarios y empresarios, fundamentalmente en las causas de corrupción.

• Avaló el proyecto de Ley, presentado por Senadoras de su Frente político, que propone eliminar las prisiones preventivas para los casos de corrupción que “hayan tenido difusión pública en medios periodísticos” y, como si todo esto no alcanzara.

• Convalidó, por omisión, el proyecto de un Senador del PJ de Jujuy, planteando la intervención del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy para des-condenar a Milagros Sala, que coincide con la pretensión del ministro del Interior y del presidente el bloque de Diputados Nacionales del oficialismo, intentando arrasar con la Institucionalidad provincial donde gobierna con eficiencia, éxito y transparencia republicana, por segundo mandato popular, mi correligionario Gerardo Morales.

Nuestro país transita una dolorosa situación social y económica que tiene una compleja y difícil solución que, entiendo, debería ser la principal preocupación de todo el arco político argentino y sobre todo del presidente Fernández.

Todo indica que el objetivo de siempre de Cristina, y ahora pareciera también de Alberto, no es solucionar esos problemas acuciantes de todos y todas, sino están preocupados y ocupados en consagrar la impunidad para ellos y ellas, destruyendo la República, el principio de Igualdad ante la Ley y la autonomía provincial.

Sr. Presidente, permítame llamar las cosas por su nombre: ¡¡Es la impunidad, Alberto!!, o Alberto, ¿es la impunidad?