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Opinión 10 02 2020

Los crímenes de la dictadura y el Holocausto no se deben homologar


Autor: Felipe Frydman









Los Organismos de Derechos Humanos con sede en París reclamaron al presidente Fernández el dictado de una norma que castigue las declaraciones de inexistencia de los crímenes cometidos por la dictadura militar en el período 1976/82 similar a la vigente en Francia contra los negadores del Holocausto. Francia dictó la Ley Gayssot el 13 de junio de 1990 que considera ilegal cuestionar la existencia de los crímenes contra la humanidad sobre la base de las decisiones del Tribunal Internacional de Nuremberg. 

El Holocausto tiene un lugar especial en la historia como recordatorio de una política sistemática de exterminio contra la población civil desarmada por motivos religiosos o raciales. Sobre el asesinato de millones se construyó una mística para llevar al pueblo a una guerra de conquista donde continuaron los crímenes contra la paz y se cometieron crímenes de guerra. Las columnas de los desplazados, los trenes de carga y las chimeneas humeantes fueron parte de la escenografía de la muerte montada para venerar a los líderes. 

La Ley Gayssot fue cuestionada sobre la necesidad de proteger la libre expresión. El propósito de la norma fue desalentar la utilización de la negación como un instrumento político para incitar el odio racial. El avance del antisemitismo y las críticas a la inmigración influyeron en la aprobación de esta norma para ratificar el carácter democrático de la sociedad. En el mismo sentido se aprobó la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965, que tardó 44 años en entrar en vigencia por las discrepancias sobre los límites a la libertad de expresión.

La propuesta significa un intento de igualar los crímenes de la dictadura al Holocausto. El período elegido deja afuera lo sucedido desde 1974 hasta el 24 de marzo de 1976 cuando bandas organizadas desde el Estado se dedicaron sistemáticamente a eliminar a los opositores. El general Perón llamó al aniquilamiento de los grupos terroristas, lo que luego sería recogido en los famosos decretos firmados por Estela Martínez de Perón e Italo Luder La dictadura militar continuó sin condescendencias esa política ilegal de exterminio.

El gobierno del presidente Alfonsín afrontó el desafío de esclarecer y sancionar penalmente el terrorismo de Estado. El Juicio a las Juntas Militares en 1985 y el Nunca Más constituyeron hitos para construir una democracia que erradicara la violencia como instrumento político. En 1988 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 23.592 que impone penas de prisión a quienes impidan el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y se consideran especialmente los actos discriminatorios por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opiniones, sexo, posición económica o condiciones sociales o caracteres físicos. El 5 de julio fue sancionada la Ley para la creación del INADI para elaborar políticas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.

La condena a los crímenes cometidos por el Estado está presente en todos los estratos de la sociedad. La discusión sobre si fueron 30.000 o 9000 los desaparecidos no oculta el accionar ilegal de las instituciones del Estado desde 1974 hasta 1982. La convivencia requiere el compromiso para condenar la violencia irracional de esos años, fortalecer la democracia y evitar el uso de la historia como sustento político. La Argentina tiene un 40% de pobreza y necesita aunar esfuerzos para encontrar una respuesta a ese grave problema.

Publicado en Clarín el 8 de febrero de 2020.

Link https://www.clarin.com/opinion/crimenes-dictadura-holocausto-deben-homologar_0_xDDKZDwu.html