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02 06 2020

Las tarifas en 2020 seguirán en cuarentena: ¿se viene el BTU criollo?


Autor: Alejandro Einstoss









El 60% de la energía que consumimos es gas. 6 de cada 10 familias argentinos consumen gas natural por red y representan el 40% del consumo total de gas del país.

Solo estos números ponen centralidad al abastecimiento y en particular al precio del gas que representa el 50% de la factura que recibimos en nuestras casas.

Con este contexto el gobierno se apresta a definir cuál será el precio de gas que pagaremos los residénciales, comercios y pequeñas industrias (la demanda prioritaria) abastecidas por las distribuidoras durante el invierno que se viene.

El precio que está vigente surgió de las primeras subastas de gas, realizadas en el país en febrero de 2019. Sin dudas la realización de estas subastas fueron el mayor avance regulatorio desde la sanción del marco regulatorio vigente.

¿Cómo se determinó el precio del gas hasta ahora? 

Mientras el mercado estuvo bajo emergencia economía (16 de los últimos 18 años) el precio se fijó mediante “acuerdos” que encubrían una opaca negociación entre el gobierno de turno y una industria un concentrada donde cuatro empresas producen el 80% de gas.

Fuera de la emergencia económica la norma indica que el precio del gas debe fijarse por la libre interacción de la oferta y la demanda, es decir en un mercado de competencia y ahí está el problema.

Si miramos la conformación del mercado encontramos por un lado a un oligopolio productor con lógica tendencia al acuerdo y por el lado de la demanda a 9 distribuidoras sin ningún incentivo a “comprar barato” ya que según reza la legislación no pueden “ganar ni perder” en la compra/venta de gas.

En ese entorno la decisión final queda en manos del ente regulador –el ENARGAS– que traslada el precio del gas “más conveniente” a tarifas; en síntesis, todo muy lejano a un mercado competitivo.

La subasta de inicios de 2019, aún con errores de diseño resultan el primer intento de generar entornos de competencia para el precio del gas en los segmentos regulados un avance en dirección a la transparencia en el proceso de fijación del precio más importante de la economía energética y que no debe abandonarse. 

¿Cuál es el problema de la subasta? La estacionalidad

El principal problema de subastar el gas de consumo residencial es la fuerte estacionalidad, entre marzo y octubre consumimos en nuestras casas aproximadamente 21 millones de m3 al día, mientras que en agosto este consumo se multiplica casi 4 veces.

Esta situación dificulta el abastecimiento en una industria que sin capacidad de almacenar en verano para abastecer el invierno debe vender el exceso de oferta estival a las usinas, un mercado intervenido y en donde CAMMESA monopoliza la compra de combustible. A esto se suma un enorme volumen de gas subsidiado que durante los meses cálidos deprime artificialmente el precio local del gas.

Una solución a esta estacionalidad sería realizar una subasta en bloque que sume la demanda prioritaria y parte de la de usinas, que garantice una demanda base y firme de gas a lo largo de todo el año. Luego será necesario realizar otra subasta para el abastecimiento del pico invernal, en el cual entra el gas importado y los combustibles más caros para el abastecimiento en usinas y sobre los cuales se podrían focalizar los subsidios (1).

Este tipo de subastas permitiría la realización de contratos de abastecimiento de largo plazo, que reducen la incertidumbre, el riesgo a la inversión y por consecuencia el precio del gas de manera sostenible.

El otro problema es el riesgo cambiario. Ningún mecanismo de determinación de precios y tarifas funcionará de manera eficiente en contextos macroeconómicos inestables, en este sentido la contratación de seguros de cambio obligatorio permitirá al mercado visualizar y gestionar los riesgos.

Sin embargo, en la actual coyuntura los nubarrones de una posible tormenta devaluatoria son muy evidentes y por ende el Estado debería ayudar a cubrir parte de ese riesgo, de manera acotada en el tiempo y sólo en el marco de la emergencia.

¿Camino al BTU Criollo?

El gobierno no aparece con ideas claras en relación con este tema. El Ente regulador que convoca a una mesa de dialogo con productores de gas y distribuidoras, deja en evidencia que es un hecho que el congelamiento de tarifas continuará y que es muy probable que regresemos a una política tarifaria de congelamiento perpetuo y subsidios crecientes.

El gobierno se apresta a lanzar un nuevo plan de incentivo a la producción de gas con el objeto de revertir la caída en la inversión en pozos de gas que consistiría en desacoplar el precio que pagan los usuarios residenciales de los que reciben los productores, la diferencia: subsidios.

Este “BTU criollo” ó nuevo plan gas se suma a una serie de programas que sucesivos gobiernos vienen implementando y que implicaron más de USD 35.000 millones de subsidios. El resultado: para finales de 2019 producimos menos gas que hace 10 años.

Es innegable el desarrollo de gas no convencional, pero ese desarrollo se sustenta en una fuerte dosis de subsidios que implicaron reconocer un precio de USD 7,50, y que financio el 40% de toda la inversión realizada en Vaca Muerta.

La experiencia demuestra que son la estabilidad institucional y el respeto a las normas en el tiempo, las que garantizan un proceso de inversión de largo plazo. Los sucesivos “plan gas” sólo canalizan impulsos de inversión acotados en el tiempo por la duración de los planes y/o de la incertidumbre electoral.

Quizás el mejor ejemplo lo encontremos en el programa promoción vigente, conocido como resolución 46, que garantiza un precio a la producción no convencional de USD6,50 la unidad térmica para este año y de USD6 para 2021, ultimo año de vigencia del programa.

Se ratifica que, a finales de 2019, antes de la cuarentena, ya se había “levantado el pie del acelerador” de inversiones en vistas a la incertidumbre electoral post paso y del final programa el año próximo.

Por lo tanto, sería un grave error continuar insistiendo con planes acotados en el tiempo, ¿por qué se obtendrían resultados distintos de los mismos instrumentos?  En este caso solo el plan compensaría el precio del gas a residenciales, en un esquema que no discriminaría convencional y no convencional, y en los hechos actuaria, al final del día, como un seguro de cambio a los productores.

Pero si la emergencia económica y sanitaria obligaran al Estado a regular el precio del gas, esta regulación debería tener bases objetivas a partir de costos eficientes por cuenca y en este punto el artículo 6° de la Ley de Hidrocarburos indica el camino.

La mejor alternativa continúa siendo una subasta en bloque, que resuelva de manera inteligente el riesgo cambiario de corto plazo, y que incorpore un precio de referencia que garantice que el precio que paguen los usuarios residenciales nunca supere el precio que paga el resto de la demanda (industrias y/o usinas) y que contemple el costo financiero por diferencias en la modalidad de pago.