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Opinión 26 11 2020

La tragedia previsional argentina


Autor: Jorge Ossona









Todos los sistemas previsionales del mundo crujen. Las causas son demográficas y tecnológicas: la transición secular a familias con menos hijos conjugada con un incremento en la esperanza de vida y el impacto laboral de las nuevas tecnologías.

Pero en el caso argentino, estas razones quedan eclipsadas por otras de índole política. Porque el estado de pauperización de nuestro sistema es uno de los reflejos más fieles de nuestra decadencia durante el último medio siglo.

El desarrollo previsional argentino comenzó a principios del siglo XX con la creación de sucesivas cajas. Su ritmo espasmódico se explica por dos valores caros de los inmigrantes europeos: el ahorro autónomo en un país de moneda fuerte y salarios elevados y el mutualismo.

En 1904, fue el propio Estado el que tomó la iniciativa con la creación de la Caja de Empleados Públicos. Diez años más tarde se creó la de los poderosos gremios ferroviarios, seguida por las de los Trabajadores de Servicios Públicos en 1921 y la de los bancarios en 1923. Luego vino la crisis de 1930; y hubo que esperar hasta 1939 para que el sistema se extendiera a los Periodistas y a los obreros de la Marina Mercante.

Las cosas cambiaron a partir del peronismo al compás de la extensión universal de la sindicalización. Ya durante la dictadura militar que lo precedió se creó la Caja de los Empleados de Comercio y en 1948 la del personal de la industria. El sistema se completó en 1953 con el de los trabajadores rurales y en 1954 con el de los autónomos. Sin embargo, la cuestión previsional fue un objeto de disputa entre distintas concepciones ideológicas en el interior del régimen.

Ya desde los tiempos del gobierno militar, Perón había planteado la necesidad de articular a todas las cajas en un sistema único financiado con los aportes de trabajadores y patrones para facilitar su funcionamiento y evitar las asimetrías sectoriales sin desconocer las escalas correspondientes.

Pero la resistencia de los sindicatos a esa concepción universal e igualitaria de la ciudadanía social fue desde entonces pertinaz. Y en medio del descontento de la penuria económica desde 1950, los sindicalistas terminaron doblándole la muñeca al Presidente, quien opto por afirmar la independencia de las cajas. Fue el desenlace del primer capítulo de la tragedia.

Desde entonces, las cajas aun casi repletas se convirtieron en un “bocatto di cardinale” de gobiernos sumidos en la penuria fiscal. Fue el propio Perón quien en 1951 les echo mano para transferirle a los sectores agropecuarios precios por encima de los internacionales en procura de su recapitalización luego de veinte años de estancamiento.

Pero todavía se concebían esas transferencias como prestamos transitorios que el gobierno debía perentoriamente devolverles con sus respectivos intereses.

A lo largo de los años 60 y en medio de los embates de las crisis cíclicas trienales de nuestro crecimiento, las cajas se convirtieron para las sucesivas administraciones en una suerte de adicción. Gobiernos civiles y militares tomaron parte de esos recursos en calidad de préstamo que la inestabilidad política endémica se encargaba de deshonrar.

En medio de la anomia fiscal comenzada en 1930, las Cajas sustituyeron lo que la Dirección General Impositiva no recaudaba por evasión o por la oferta de franquicias fiscales a diversos intereses que prometían convertirse en la plataforma del gran take off nacional. Desde mediados de la década devinieron en deficitarias y el término “jubilado”” termino invirtiendo su acepción. La tragedia completo así su segundo capítulo.

Como en otras áreas de la administración pública se fueron sucediendo reformas de reajuste y reactualización todas ellas fallidas por la indómita inflación. Luego del gran abismo económico del país entre mediados de los 70 y la hiperinflación de 1989-90, el menemismo intento su privatización optativa sobre la base del modelo chileno. Nacieron así las AFJP desnaturalizadas durante su segunda gestión al exigírseles el financiamiento del déficit fiscal. En 2001, en vísperas de la catástrofe, se les impuso un canje compulsivo con tasas de interés a la mitad de las del mercado.

Siete años después, el kirchnerismo sondeo el humor de los contribuyentes dándoles la opción de retornar al sistema de reparto. Pero la inmensa mayoría prefirió permanecer en el privado. Fue inútil: un año más tarde fueron estatizadas compulsivamente casi duplicando, a lo largo de sucesivas moratorias, el número de beneficiarios que no habían realizado aportes.

Las cajas priorizaron desde entonces el financiamiento de la administración de la pobreza. Fue el desenlace de su tercer capítulo.

Lo que siguió fue solo el epilogo macabro de corsi e ricorsi de fórmulas en torno de los salarios de los trabajadores activos, la inflación y la recaudación. En un país en el que la mitad de la economía permanece en la informalidad, la inflación evoca un orden social de estamentos que exprimen a un Estado anémico. Allí confluyen aquellos exceptuados de aportes fiscales dados sus “elevados servicios” a la patria: el poder judicial, los “industriales” de Tierra del Fuego, las “fundaciones”, la cleptocracia política y sus sectores asociados a la obra pública, entre muchos otros.

La denominada “clase pasiva”, cuyo 80% percibe la jubilación mínima, deviene entonces en una expresión más de la pobreza administrada; confirmando que en un país injusto y desigual, pletórico de privilegios parasitarios, “el hilo se corta por lo más fino”. 

Publicado en Clarín el 26 de noviembre de 2020.