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Opinión 02 03 2021

La pandemia como proyecto autoritario


Autor: Carlos Gervasoni









Están todavía frescas las imágenes de los abusos de poder ocurridos en Formosa durante la actual pandemia. El gobernador Gildo Insfrán denegó a miles de formoseños el básico derecho a regresar a sus hogares, e internó compulsivamente a otros en indignos centros de aislamiento. Incluso la policía provincial arrestó a dos dirigentes opositoras que denunciaban esos abusos.

Previamente se habían conocido otras exageradas restricciones provinciales a la libre circulación. No es casualidad que los abusos descriptos hayan ocurrido en Formosa, Santiago del Estero y San Luis. Son tres de las provincias menos democráticas del país. 

Políticos, funcionarios y policías han naturalizado allí el disponer sobre las personas sin rendir cuentas a nadie: los poderes judiciales están bajo férreo control de los gobernadores, los medios de comunicación independientes casi no existen, y los electorados, además de muy sesgadamente informados, se encuentran mayoritariamente controlados por relaciones de dependencia económica vía empleos públicos y planes sociales provinciales. 

La violación de derechos por parte de gobiernos subnacionales es una de las manifestaciones de la difícil convivencia entre federalismo y democracia. 

Aunque hay afinidades entre estas dos nociones, existen por lo menos tres fuentes de tensión entre ellas. La más obvia es que los derechos y servicios gubernamentales varían según el lugar en que un ciudadano reside. 

El escándalo de los vacunados VIP tuvo su epicentro en el Ministerio de Salud nacional, pero sus réplicas se distribuyeron por diversas provincias y municipios del país, involucrando a gobernadores, intendentes, concejales y funcionarios. Como casi todas las políticas públicas en un país federal, la vacunación está en manos de gobiernos subnacionales con dispares niveles de calidad y honestidad. 

Un segundo motivo de tensión es que la representación democrática de los individuos (una persona, un voto) es negada por la representación federal de las unidades territoriales (una provincia, un voto). 

Cualquier provincia, aún si demográficamente minúscula, cuenta con la misma representación en el Senado. La tercera tensión entre democracia y federalismo es el frecuente recurso a la “autonomía provincial” para preservar enclaves no democráticos. Así ocurría hace décadas en el Sur de los Estados Unidos, y también viene ocurriendo aquí en las provincias mencionadas y también en otras como Catamarca, La Rioja y Santa Cruz. 

Estos dos últimos fenómenos se refuerzan en nuestra federación: las provincias legislativamente sobre-representadas son, en general, las menos democráticas. Así, el 7% de los argentinos que residen en las seis ya nombradas elije más senadores que el 66% que vive en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. 

Esta peculiar configuración demográfico-institucional favorece no solo las interminables gestiones de caudillos que actúan como virtuales dueños de sus provincias (a veces temporariamente reemplazados por sus familiares), sino también el control por parte de ellos de resortes clave del poder político nacional. 

Pocos saben, por ejemplo, que la segunda persona en la línea de sucesión presidencial es la esposa del gobernador santiagueño, la senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora (impulsada a la presidencia provisional del Senado por la vicepresidente Cristina Kirchner). 

En 2014-5 ese cargo fue desempeñado por el propio Gerardo Zamora (mientras su esposa era gobernadora), e inmediatamente antes por Beatriz Rojkés, la esposa del entonces gobernador tucumano José Alperovich (hoy de licencia de su cargo de senador acusado de abuso sexual). Durante los diez años de gobierno de Carlos Menem, el presidente provisional del Senado fue su hermano Eduardo. 

Así las cosas, no sorprende que el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos (mayoritario debido en parte a la sobre-representación de las provincias pequeñas), sea el formoseño José Mayans, hombre de Insfrán. En los albores de la democracia ese cargo lo ostentó Vicente Saadi, mientras su hijo Ramón era gobernador de Catamarca. 

La manifestación más notable del poder nacional de las pequeñas provincias menos democráticas se da en la presidencia misma. Carlos Menem y Néstor Kirchner fueron, antes que presidentes, reelectos gobernadores de dos de ellas, como también lo fue Adolfo Rodríguez Saá, electo presidente interino por el Congreso en 2001, cuando ejercía su quinto mandato consecutivo. Es decir, ex gobernadores de La Rioja, San Luis y Santa Cruz (y la esposa de uno de ellos) ocuparon la presidencia durante 23 de los 37 años que han transcurrido desde 1983. 

Como contracara, las elites políticas de las provincias más democráticas, con sectores productivos más dinámicos, y con sociedades civiles más autónomas –como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe– tienen una influencia nacional proporcionalmente muy inferior a la que sus demografías y economías indicarían. 

El consenso sobre la inviolabilidad de los derechos humanos al que los argentinos creímos haber arribado luego de la dictadura no opera cuando quienes los violan son aliados. 

Quizás la escena que más crudamente reflejó la cuestión haya sido la del Secretario de Derechos Humanos de la Nación –un nieto restituido cuyos padres fueron asesinados por la Triple A y la dictadura–, haciendo malabares en su reciente visita a Formosa para excusar los atropellos de uno de los regímenes provinciales más reaccionarios y opresivos del país.

Publicado en Clarín el 2 de marzo de 2021.