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Opinión 13 07 2021

La importancia de la elección legislativa y el rol del Congreso


Autor: Constanza Mazzina









En este tiempo de campaña para elecciones legislativas de medio término, cobra vital importancia que, como ciudadanos, otorguemos valor a esta elección.

Como toda asamblea, el Congreso argentino es un órgano colectivo y deliberativo que tiene diversas funciones. El Poder Legislativo es el contralor por excelencia de los demás poderes del Estado. A través de diversos mecanismos como el control presupuestario, el control sobre el nombramiento de altos cargos, la creación de comisiones de investigación, la solicitud de pedidos de informes e interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y, como medida extrema, el inicio de juicio político contra el presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia; el poder legislativo tiene en sus manos los resortes de la rendición de cuentas. Así, la tarea del poder legislativo no puede reducirse a la producción legislativa.

El Congreso cumple otras funciones: no sólo legisla y controla sino que legitima y representa, como si fuera poco, también tiene una función en cuanto al reclutamiento y entrenamiento de la clase política (Molinelli, 1999). En este párrafo se condensan los temas que aguardan su debate: las listas cerradas y bloqueadas o abiertas o desbloquedas -como se ha avanzado en muchos países de la región-; las listas papel por partido o la boleta única papel (ni siquiera pensemos en el voto electrónico, al menos en la boleta única); las candidaturas testimoniales como forma de burlar el contrato entre representantes y representados y, en esta misma línea, los pases de distritos, los cambios en los cargos en cualquier momento del mandato, los cambios de partido (transfuguismo), las reelecciones indefinidas. Todos estos elementos, conjugados, abren una brecha entre la voluntad del elector y el poder del partido. Así, el congreso argentino se convirtió en la caja de resonancia de los grandes problemas de la política y de los partidos políticos. Desde el lado del elector, del ciudadano, queda pendiente cómo hacer para darle más poder, más incidencia. Algunos mecanismos implementados en otros países lo han logrado: el desbloqueo de listas (Brasil y Perú, con listas cerradas y no bloqueadas, Ecuador con listas abiertas), las candidaturas independientes (México) o, como en Colombia, la posibilidad de votar en blanco: según la sentencia de la Corte Constitucional del año 2011, el voto en blanco “constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad de elector”; así el elector puede marcar en la casilla correspondiente “voto en blanco”.

Reflexionando sobre la renovación, un breve comentario: la renovación parcial en la cámara de diputados atenta contra el cambio de preferencias del electorado, lease, reduce a la mitad los efectos de ese cambio. Si las preferencias del elector tuvieran una modificación del 100% respecto de la elección anterior, esto se reflejará solamente en el 50% de la cámara, es decir, el otro 50% seguirá mostrando las preferencias de hace dos años. En otras palabras, la renovación parcial protege a los partidos que pierden votos generando un efecto pro statu quo, y perjudica a los que ganan. Lo mismo puede decirse de la accountability del representante al ciudadano, esta renovación parcial disminuye, amortigua, la rendición de cuentas mediante el voto. Lo mismo ocurre con la renovación de tercios en el Senado. Argentina es el único país de la región con renovación parcial en las dos cámaras. En Brasil los senadores son elegidos por un mandato de ocho años pero la cámara se renueva cada cuatro años, alternando 1/3 de los cargos en una elección y 2/3 de los cargos en la siguiente. Los demás países no poseen renovación parcial para ninguna de las cámaras, por ejemplo, Bolivia, Paraguay y Uruguay renuevan cada cinco años totalmente las dos cámaras (Reynoso 2010).

Finalmente, la función legislativa: sin entrar en consideraciones de cuánto ganan los diputados o senadores en comparación con sus pares de otros países, comparación que en todo caso debería incluir el conjunto de privilegios de los que gozan por su investidura; la pregunta no es cuánto producen, sino ¿alguien calculó el costo de las malas leyes? ¿Cuánto nos salen las leyes sancionadas y que generan juicios contra el estado, que son violatorias de derechos constitucionalmente consagrados? ¿Y las que generan efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento? ¿Sobre la economía y la producción? La falta de preparación de los legisladores se traduce en un pésimo desempeño legislativo, no por cantidad, sino por sus efectos. El conocimiento técnico fue reemplazado por la ideología y el amiguismo. Tomemos por caso el mejor ejemplo de una ley que provocó el efecto contrario al deseado: la ley de alquileres, ¿acaso alguien pensó que iba a ocurrir otra cosa? ¿Cuál es el costo de estas malas decisiones? ¿Quién se hace cargo? Los resultados están a la vista y las estadísticas las conocemos todos. Las malas leyes generan efectos predeciblemente malos.

El problema aquí es que el correctismo político le gana al conocimiento técnico y ninguno se anima a votar en contra de estos proyectos. Por cierto, la presentación de proyectos (incluyendo declaraciones de interés, declaraciones de beneplácito, declaraciones de Capital Nacional de), es un indicador más de la baja calidad democrática que de la fortaleza de nuestras instituciones. La progresión de nuevas leyes, la corrección, modificación, cambio de la legislación existente de manera permanente son muestra de otro fenómeno: la inflación legislativa. Solamente en el período legislativo 138 que abarcó del 1-3-2020 al 28-2-2021, en plena pandemia, se sancionaron 70 leyes (estadística disponible en la Dirección de Información Parlamentaria). Es decir, en un año cada cinco días tuvimos una nueva ley. Esto tiene efectos contraproducentes: la volatilidad normativa conspira contra las políticas de largo plazo. Y en esa ausencia de largo plazo, en esa persistencia de no pensar en el futuro, es donde el poder legislativo debería tener un rol fundamental, donde debería darse el debate, donde se debería consensuar un modelo de país que resuelva los problemas estructurales que sufre la Argentina hace décadas. La democracia argentina merece un poder legislativo que esté a la altura que las circunstancias le demandan.