El próximo domingo 15 millones de ciudadanos chilenos van a votar los 50 constituyentes que redactarán la nueva Constitución de ese país, en un segundo intento por reemplazar la Carta Magna pinochetista que aún está vigente.
Lo que hace cuatro años supuso una verdadera revolución – al menos en el papel – con constituyentes de izquierda que dieron a luz un corpus legal indigerible, por lo progresista e irrealizable, para una sociedad como la de Chile, este domingo se transformará en el inicio de lo opuesto. Con suerte con la eliminación de los rasgos más dictatoriales de la Carta de 1980.
Todos los sondeos indican que una mayoría de derecha y de extrema derecha será electa para la tarea, luego de que más del 60 por ciento de los chilenos rechazaran la aplicación de la propuesta que surgió de una Asamblea Constituyente, en 2019, dominada por la izquierda
Los más de 350 candidatos que postulan para los 50 cupos están agrupados en cinco opciones y el corazón del oficialismo del presidente Gabriel Boric está fundamentalmente en Unidad para Chile, la lista integrada por el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Liberal, estos dos últimos de la izquierda moderada. Pero el oficialismo, en esta ocasión, compite dividido. Existe una segunda lista, afín al oficialismo, que está compuesta por los partidos de Gobierno PPD y Partido Radical, que postulan junto a la Democracia Cristiana con el lema Todo por Chile.
Con este cuadro inicial y un gobierno que tiene un 30 por ciento de aprobación, las chances de que el oficialismo obtenga los 21 consejeros para tener cierto control sobre la Asamblea, parecen lejanas. Por esta razón, el Ejecutivo está despegando la elección del domingo que viene de la gestión actual, evitando –lo inevitable– que sea tomada como un plebiscito de la obra de Boric.
El secretario general de la Presidencia Álvaro Elizalde, un nexo entre La Moneda y el Congreso, lo ha dicho con todas las letras: “El Gobierno tiene un mandato claro de hacerse cargo de problemas anteriores, como el cuadro inflacionario y los problemas de seguridad. Además, avanzar en las demandas como, por ejemplo, un programa de seguridad social a través de la reforma previsional. Obviamente el Ejecutivo va a insistir en estas materias. Esta voluntad no va a cambiar”.
A diferencia del referéndum anterior, la elección del domingo no resuelve una incertidumbre por “si” o por “no”, se tratará de la selección de representantes por parte de un electorado poco motivado por este asunto y preocupado por otros. De ahí en más, los constituyentes podrán negociar entre ellos lo que mejor les plazca. Ahí tiene puestas sus esperanzas Boric, para que el resultado final sea lo menos conservador posible.
En el Gobierno de Boric, sin embargo, existe bastante claridad sobre el escenario adverso que enfrenta la izquierda y el oficialismo. El Partido Republicano, de la extrema derecha de José Antonio Kast, parece encaminarse a obtener la primera minoría, superando a la derecha tradicional que formó parte de ambos gobiernos de Sebastián Piñera.
Con un gobierno en baja, las mayorías parecen estar a favor de la oposición. Si a esto le sumamos el enorme fallo del intento de 2019 parece casi inevitable que ambas derechas consigan los tres quintos del consejo, es decir, 30 escaños. Así, no tendrían necesidad de negociar con la izquierda ni la centroizquierda. Si se le suma otro de los grupos opositores, el populista Partido de la Gente, los no oficialistas alcanzarían por lejos los 30 integrantes de los 50 del consejo que se conformará el próximo 7 de junio para comenzar a trabajar.
El último recurso que le queda al gobierno actual es que si la Carta resultante fuese igual o muy similar a la de 1980 –aunque ahora con una fuerte legitimidad política– pueda ser rechazada por el referéndum al que deberá someterse en diciembre próximo.
Este largo proceso constituyente que amaga con quedar en la nada debería llamar la atención a los institucionalistas que hacen énfasis en las mismas para alcanzar niveles razonables de democracia y bienestar económico. Si bien esto es innegable, no lo es menos el hecho de que las instituciones representan intereses temporarios de una sociedad y que las instituciones, muchas veces terminan siendo la imposición de una facción sobre otra y la cristalización de esa relación, tal como lo es la Constitución de Chile de 1980. Cambiarla no es cambiar las relaciones de poder de Chile, y eso esta muy claro.
