Juan Martín Musacchio es un joven diputado nacional de la UCR por la provincia de Santa Fe. Entre sus principales preocupaciones está la educación y el trabajo para recuperar a los miles de niños que quedaron fuera del sistema luego de la prolongada cuarentena educativa en nuestro país. También dialogamos sobre seguridad, una cuestión central para los ciudadanos de la provincia en la que vive y representa.
Una de tus principales preocupaciones es la cuestión educativa. Sobre todo después de la pandemia. Hace algunos días publicaste un artículo sobre el abandono escolar. ¿Quería preguntarte si estamos dimensionando correctamente el problema?
Creo que no terminamos de dimensionar la profundidad y gravedad del problema. Para el presente y las generaciones futuras. Y es que aún no podemos calcular sus consecuencias con precisión, pero el panorama es muy preocupante. En un contexto de desigualdad creciente, con un 40% de pobreza y un 60% de niños y niñas en esa condición, lo que se vive actualmente con la educación solo acrecienta las inequidades sociales. Y socava las potencialidades de desarrollo del país en un contexto internacional donde el conocimiento, la formación tiene cada vez más valor.
Rescato si como saldo positivo que la educación haya logrado tener un lugar de relevancia en la agenda pública. Y lo que es mejor aún, con nuevas voces, como lo son Padres Organizados y docentes que se han nucleado para hacerse escuchar y así logran visibilizar los derechos de niños y niñas.
Precisamente la movilización de la sociedad civil fue la contracara de la irracionalidad del gobierno nacional, que estimuló esa falsa dicotomía de “Salud o Educación”. Un reduccionismo tan perverso como el de “Salud o Economía”.
La decisión intempestiva de cerrar las escuelas, por fuera de cualquier rigor científico, condujo a lo que consideramos una verdadera tragedia educativa, que llevará mucho tiempo superar. Pero tenemos que empezar ya, no hay más tiempo para perder.
¿Cómo debe plantearse desde el Estado, no solo desde el ámbito del gobierno sino también desde el Poder Legislativo, una estrategia para enfrentar la situación de deserción escolar y recuperar a los chicos al sistema educativo formal?
En principio, contando y no ocultando. Insistimos en que hay que poner el problema sobre la mesa y saber cuántos chicos se han desvinculado del sistema en estos dos años. No sólo el número agregado, que es la base. Es necesario contar con datos que nos permitan conocer con precisión dónde enfocar las políticas de revinculación. Se estima que son cerca de un millón y medio los niños, niñas y adolescentes que dejaron las escuelas tras el cierre prolongado de establecimientos que dispuso el gobierno nacional por la pandemia.
El oficialismo dice al pasar que en total al día de hoy, son medio millón. La realidad es que tenemos los ojos vendados, no tenemos ningún número oficial. Por eso presentamos un pedido de informe, luego un pedido a acceso a información pública y en los últimos días, junto a más de veinte pares del interbloque de Juntos por el Cambio, un pedido de interpelación al ministro de Educación Jaime Perczyk, para que rinda cuentas en el Congreso de estos datos que estamos requiriendo y de lo que está haciendo y va a hacer su cartera para detener el abandono escolar.
Tenemos que conocer qué sucedió en cada caso. Porque las razones son múltiples y cada historia cuenta, como planteamos en la columna de opinión. Pero si no registramos, si no medimos ¿desde dónde nos paramos para proponer políticas de revinculación? ¿Cómo establecemos las acciones para recuperar contenidos? Hay programas en marcha en ese sentido, pero la verdad es que no hay estadísticas. Entonces ¿cómo sabemos si los recursos que se están destinando son suficientes? ¿Cómo se distribuyen esos recursos, bajo qué prioridades?
El niño, la niña o el joven que perdió dos años de escolarización tiene que estar ya, primero, volviendo al aula y luego, recuperando contenidos. Y esa es la segunda parte de la tarea.
No vamos a lograr mucho si nos trazamos como objetivo solamente escolarizar. Necesitamos también avanzar de manera urgente en mejorar la calidad educativa.
Por primera vez se discute no sólo la cuestión de la presencialidad sino que algunos investigadores empiezan a plantear el fracaso de la manera de enseñar aplicada en las últimas décadas. ¿Se debe volver al método anterior, como ya se hizo en algunos países, o se debe buscar una alternativa eficaz para que los chicos puedan adquirir los conocimientos necesarios para un buen desempeño académico?
Creo que tenemos que tener la cabeza abierta para pensar los desafíos del futuro, aprendiendo y retomando algunas experiencias del pasado.
Está claro que tenemos deficiencias profundas. Modelos que se han presentado como de vanguardia han implicado un fracaso rotundo. Se perciben profundas dificultades en la comprensión de textos de alumnos en secundaria y que ingresan a la universidad. Flaco favor les hacemos con ese servicio de educación simulado que ha pretendido dejar al estudiante sólo para que aprenda, libre supuestamente de condicionamientos y apostando a sus capacidades.
Tenemos que brindar herramientas, y en gran medida la escuela Argentina demostró con creces en el pasado que se puede. Pero creo que tampoco vamos a resolver nuestros problemas con nostalgias, y creer que la solución es apostar a un pasado mejor.
Atravesamos la cuarta revolución industrial, la digital, la ciencia y la tecnología tienen una potencialidad extraordinaria que requieren de ciudadanos formados con capacidades para poder vincularse y desarrollarse en un mundo en cambio permanente. Uno que aún, en gran medida no conocemos.
Y ahí seguramente hay mucho por replantear. La educación en la Argentina no puede pensarse a futuro con una perspectiva enciclopédica, necesitamos pensar la formación en atributos y capacidades que demanda este presente tan vertiginoso como en el que vivimos.
Trabajo en equipo, sensibilidad, inteligencia emocional, juicio crítico, resolución de problemas, son todas aristas que tienen que estar presente en la agenda educativa de un país que quiera vincularse de manera inteligente con el mundo. Creo que ahí tenemos mucho por hacer.
Quería preguntarte también sobre la cuestión de la inseguridad, toda vez que sos representante de la provincia de Santa Fe, donde dicha cuestión está en una situación preocupante. En primer lugar, ¿cómo se llega a la actual situación? ¿El Estado provincial no ha hecho lo suficiente para evitarlo?
Como gran parte de los problemas en Argentina, a esta situación se llega antes que nada por relativizarla. Por esconderla debajo de la mesa. En Santa Fe, en particular, pasaron muchos años de gestión en los cuáles se miró para el costado, mientras el narcotráfico y el delito crecía, y la provincia entraba a un espiral de violencia que nunca se detuvo, sino que por el contrario, creció año a año. Solo para marcar contrastes, en la provincia de Santa Fe el año pasado hubo casi 320 asesinatos. En Córdoba, una provincia de características similares en cuánto a extensión y cantidad de población, hubo menos de 90. Hay una dinámica del delito que no se atacó a tiempo y cuando se hizo, se discontinuó. Por ejemplo, nosotros destacamos lo que se había empezado a implementar durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Un primer paso consistió en el arribo de 3.600 efectivos de fuerzas federales para reforzar el trabajo de la policía provincial. Hoy ese número está reducido en al menos un tercio, con la promesa del actual ministro Aníbal Fernández de la llegada de 1.000 efectivos, que realmente no sabemos donde están.
Porque empezado el año, tenemos ya 45 homicidios en Rosario y casi 20 en Santa Fe capital, y no vemos que haya una política concreta de avance contra el delito. Peor aún: desde el mismo gobierno provincial, que llegó con la premisa de “Paz y Orden”, se nos dice casi con resignación que “hay una guerra” porque se atacan comisarías. En esa guerra pierden los vecinos y vecinas que viven con miedo, angustiados, que no salen a la calle por temor. Todos, pero en particular los que viven en los barrios más humildes porque las mafias copan el territorio.
De aquí en más, ¿qué se debe hacer para enfrentar eficazmente a las bandas que asolan a la sociedad y que son noticia todos los días?
En principio, retomar las buenas experiencias que se descontinuaron. Una fue precisamente el trabajo conjunto entre Nación, en la gestión de Cambiemos con Bullrich, con provincia y municipio, en la implementación del programa Barrio Seguro. En la ciudad de Santa Fe, esa experiencia se llevó adelante en el distrito de Alto Verde, una zona costera de la ciudad de Santa Fe, que estaba tomada por el delito y la violencia. La acción conjunta y la decisión política permitieron primero, descabezar a la banda narco que dominaba el barrio. El jefe de esa banda, que era dueño del cable y manejaba el club del lugar, hoy está preso. La violencia se redujo de 10 homicidios en un año en ese barrio, a 2 tras la implementación del programa. Pero, con la llegada del nuevo gobierno nacional y de Sabina Frederic a Seguridad, el programa se detuvo, y no hay nuevas definiciones en la cartera desde que llegó Aníbal Fernández. Y la violencia volvió a incrementarse.
Por otra parte, tenemos una serie de herramientas tecnológicas (videovigilancia, botones de alerta, sistematización de huellas digitales, etc), que pueden incorporarse a la prevención y la investigación del delito. Pero, como siempre decimos, primero se necesita decisión política, no esquivar ni justificar el problema alegando sólamente razones económicas o sociales. Que desde ya, deben tener su propio abordaje, pero no pueden inmovilizarnos en materia de convivencia y seguridad ciudadana porque de lo contrario, lo que hacemos justamente es profundizar las causas y razones de la inequidad.
A fines de 2021, junto con otros legisladores de tu provincia, plantearon una reforma del sistema judicial local para introducir el sistema acusatorio. ¿Crees que puede servir para una justicia más eficaz y a la vez como una de las posibles soluciones al problema narco?
Los números de Santa Fe en materia de inseguridad nos interpelan a abordar el problema desde todas las aristas posibles.
La provincia debe implementar el sistema acusatorio que prevé el Código Procesal de la Nación. Luego de Salta y Jujuy, sería junto a Mendoza un desafío a mayor escala, particularmente teniendo en cuenta la coyuntura que vivimos en la provincia. No sólo por las directivas constitucionales y los Tratados de Derechos Humanos que nos marcan rumbo hacia una justicia más transparente y abierta a la sociedad, sino particularmente porque puede hacer un aporte sustantivo en la celeridad, eficiencia y simplicidad de los procesos vinculados a la inseguridad y el narcotráfico.
Por eso estamos trabajando para que Santa Fe pueda aplicar rápidamente éste sistema y la Justicia Federal con asiento en la provincia esté en condiciones de afrontar este cambio de paradigma cuánto antes. Lo hemos hecho en la esfera de competencias provincial y hay mucha experiencia tras éstos años, de donde debemos recoger aciertos y errores de cara a la implementación en la órbita federal.
Cuidado, no es que con ésta modificación del sistema se resuelven sin más nuestros graves problemas de inseguridad. Ni cerca. Pero si la política de prevención del delito no viene acompañada de una justicia acorde a las necesidades de la época, vamos a tener serias dificultades para resolver éste verdadero flagelo que nos acecha.
Por último, por segunda vez desde el retorno a la democracia (la primera fue en 1985) la UCR encabezó una lista que se alzó con el triunfo en Santa Fe. ¿Qué perspectivas ves de un triunfo de Juntos por el Cambio para la gobernación en 2023?
Los vecinos de la provincia depositaron el año pasado una responsabilidad muy importante en nosotros. En la Unión Cívica Radical en particular, en Juntos por el Cambio en general.
Por un lado fue contundente el mensaje de toda la provincia al gobierno nacional. No queremos más atropellos, avasallamientos institucionales, pisoteo y destrato al interior productivo. Las experiencias de Vicentín, el régimen de biocombustibles, la hidrovía, el cierre de exportaciones de carnes, el aumento de los derechos de exportación, por sólo citar algunos, son un fiel reflejo del destrato al que se decidió poner límites. Y a ese mensaje tenemos que honrarlo en éste año de trabajo en el Congreso Nacional.
Pero también entiendo que hay un mensaje de cara al futuro mediato, en el que ya estamos trabajando. Santa Fe tiene que ser una pieza clave de un proceso de cambio que le brinde estabilidad, reglas del juego claras, sensatez y esperanza a la Argentina. No podemos mirar para el costado.
Ese proceso nacional tiene una etapa previa en la provincia donde también se juega mucho. Es prematuro hablar de candidaturas, de resultados electorales. Los momentos de extremas dificultades que se viven nos tienen que encontrar trabajando con mucha responsabilidad para ayudar a sacar el país y la provincia adelante. Pero sin dudas que el radicalismo tiene hoy un rol preponderante en la construcción de una alternativa política al gobierno de Omar Perotti, una gestión que no ha logrado plasmar muchas de las propuestas que se desarrollaron en la campaña y que no ha logrado hacer escuchar la voz de la provincia frente a ésta arremetida del gobierno nacional. Y ahí la UCR tiene un mandato claro.
