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Opinión 30 07 2021

Impunidad, hija de la desigualdad


Autor: Roberto Gargarella









En América Latina, la desigualdad se expresa de muchas maneras diferentes: en el área económica, principalmente, a través de la marginación social de millones de personas; y en el ámbito de la Justicia con su contracara, esto es, a través de la impunidad que logran para sí los poderosos.

Quiero decir -y es en esto en lo que me interesa centrarme: la extraordinaria impunidad del poder que hoy nos insulta, en la Argentina, es hija directa de la desigualdad que corroe las entrañas de nuestro sistema institucional.

De allí la ansiedad, propia de quienes defienden esa impunidad, o se benefician de ella, por gritar lo contrario: los persiguen a ellos, no por los delitos que han cometido, sino por su “abnegado trabajo” en beneficio de los más pobres (como explicara exaltada ante los tribunales, recientemente, la ex presidenta).

Por supuesto, y como es habitual, la historia se mueve en dirección opuesta a la que ellos, de modo altanero y con su dedo índice en alto, nos señalan: la impunidad que consiguieron para sí los privilegiados de la Argentina -la impunidad que nos avergüenza a todos los que estamos vinculados con el Derecho – resulta de la posición de privilegio extraordinario que forjaron para sí, frente a la masa de postergados y humillados que ellos mismos fueron marginando hacia el costado del camino.

La construcción de la impunidad viene de lejos: desde nuestro mismo origen como Nación independiente y desigual.

En términos institucionales, la obra comenzó con la opción por un sistema representativo que permite que los funcionarios elegidos se “independicen” (en lugar de quedar “dependientes”) de sus electores.

Siguió con la adopción de un sistema de controles al poder centrado en los mecanismos “internos” (vetos ejecutivos, control de constitucionalidad, juicio político) y no en los controles “externos” (de los que sólo se mantuvo el voto periódico).

Se continuó con la eliminación de todas las herramientas existentes o imaginadas de responsabilización “popular” (por ejemplo, instrucciones obligatorias, rotaciones, revocatorias de mandatos); exigió el gradual debilitamiento de los mecanismos para la intervención directa de la ciudadanía (asambleas ciudadanas); y culminó con la concentración de poderes en la rama ejecutiva (claramente, cuanto más se verticaliza la toma de decisiones, menos posibilidades tiene “el pueblo mismo” para decidir por sí sobre sus asuntos y sobre cómo fiscalizar a sus autoridades).

La consolidación de esta estructura de impunidad deja a la clase dirigente, en su conjunto, en posición privilegiada para privatizar los beneficios comunes y, a la vez, pactar los modos de la protección mutua. Es decir, nuestros principales dirigentes no son los principales perjudicados del sistema institucional, sino quienes construyen y usan en beneficio propio los privilegios vigentes.

En términos políticos, la maquinaria de la impunidad es puesta en marcha, a su modo, por cada gobierno cuando inaugura su mandato. Aquí, los mecanismos son los que escoge cada administración, aunque se multiplican y acumulan con cada gobierno nuevo.

Para ilustrar lo dicho: el gobierno de Menem se especializó en “jueces de servilleta” y -como remedio para cuando la “servilleta” no funcionaba- con ascensos o premios que permitían quitar de en medio a los jueces molestos. Néstor Kirchner era fanático de otro método: desde un comienzo mostró preferencia por los “aprietes” de jueces y fiscales a través de los servicios de inteligencia.

Por su lado, Macri mostró predilección por el espionaje y las escuchas telefónicas. Ninguno de los viejos métodos, sin embargo, se perdió en el camino: una vez inaugurados, cada uno de esos modos de la presión a favor de los propios siguió activo, acumulándose así, sobre los ya existentes.

Lo dicho hasta aquí ayuda a reconocer los grotescos excesos del discurso oficial. Ante todo: nuestros principales dirigentes no tienen derecho a considerarse políticamente vulnerables, cuando hablamos de una estructura institucional que ellos han diseñado conforme a sus necesidades, y respecto de la cual se sitúan ocupando la posición dominante.

Tal dirigencia no sólo no está sometida a la maquinaria de controles, sino que es quien está en mejores condiciones de someter y direccionar a esa maquinaria.

La historieta del “lawfare” tampoco consigue asidero. El partido o coalición que llega al gobierno (en este caso, el Frente de Todos) no merece ser considerado víctima sino, en todo caso, verdugo del sistema de justicia -es quien toma las riendas y quien tiene poder de azote principal frente a los funcionarios judiciales (por ejemplo, a través del control del Consejo de la Magistratura y los mecanismos del juicio político).

La clase política tampoco tiene derecho a afirmar casi nada de lo que más grita -por ejemplo: “nos persiguen porque quisimos defender a los pobres”.

De modo habitual, se trata de lo opuesto a lo predicado: el cuerpo político se ha mostrado capaz de eludir toda responsabilidad jurídica -una vez, y otra, y otra, y otra- gracias a los privilegios que a costa de los más desamparados (los desamparados del sistema de justicia, es decir, los que pueblan de modo homogéneo las cárceles) se arroga.

En definitiva, y aunque duela en el alma admitirlo, los poderosos parecen haber ganado la partida: son impunes, y no hay razones para pensar que no lo serán, por el tiempo que nos resta. Si no es molestia, si no es mucho pedir: que no nos pidan que nos sumemos a sus festejos.

Publicado en Clarín el 29 de julio de 2021.

Link https://www.clarin.com/opinion/impunidad-hija-desigualdad_0_lLWP1Kf-c.html