Por su magnitud y alcances, la pandemia representó un shock inédito para la economía argentina. Frente al Covid-19, la respuesta de la política pública fue contundente: la implementación de uno de los sistemas de cuarentena más rigurosos del mundo, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). La economía entró en un coma inducido por la pandemia y el ASPO, y entonces hizo falta recurrir a un amplio sistema de soporte de ingresos, tanto para los hogares como para las firmas.
Es tiempo de que la política económica pase a una segunda fase. La agenda económica tiene que encarar cuanto antes dos desafíos, cuya resolución es en ambos casos crucial para transitar esta nueva fase, y debe hacerlo simultáneamente. Por un lado, poner en marcha la reingeniería social y económica del sistema productivo. Por el otro, evitar que se acumulen desequilibrios macroeconómicos que profundicen aún más la crisis económica que arrastramos desde antes de la pandemia.
Ni el presente ni el largo plazo: se trata del futuro cercano el que debe ganar mayor atención de la política económica. No solo porque de esa manera podrán evaluarse avenidas para salir gradualmente de la rigurosa cuarentena; también porque el Estado no cuenta en el contexto actual con los recursos suficientes para mantener a la economía en “coma inducido” por un tiempo prolongado sin agravar los desequilibrios macroeconómicos.
El eje central del debate económico -y de la política pública-, entonces, debe moverse del impulso fiscal masivo y generalizado, empleado para mitigar el impacto de la cuarentena, a la reingeniería completa de procesos del sistema productivo, cuidando que las cuentas fiscales y externas no sigan avanzando por terrenos cada vez más inestables.
¿Por qué hace falta poner en marcha una reingeniería social y económica? Porque el ASPO no puede eliminarse sin más; ello sería muy costoso en términos sanitarios. Entonces, para que su flexibilización no aumente el riesgo sanitario se requieren nuevos protocolos y nuevas tecnologías capaces de asegurar el distanciamiento social en cada interacción física: en los puestos de trabajo, en los traslados al trabajo, e incluso en el relacionamiento con proveedores y clientes. No se trata de algo menor: casi la totalidad del mundo empresarial debe redefinir lo que hace y cómo lo hace.
Necesitamos entonces promover el cambio estructural hacia una economía “de baja proximidad” (como lo señala un reciente documento de R. Albrieu y M. Ballesty para Cippec), es decir, una economía en la que los distintos sectores económicos puedan operar siguiendo reglas estrictas de distanciamiento social. Es ese “futuro” próximo el que resulta relevante para hogares y empresas, fuertemente golpeados por el “parate” del nivel de actividad y con poca espalda para esperar meses -o años- la llegada de una nueva normalidad pospandémica.
Claro que esa reestructuración hay que incentivarla desde la política pública: asistencia financiera, créditos blandos, incentivos tributarios, pero también tecnología y regulación; todo debe ser adaptado para facilitar la transición hacia ese sistema productivo de baja proximidad física. Parece evidente que esto implica, a escala agregada, un gran volumen de recursos: es ahí donde entran las consideraciones macro.
Para enfrentar estos desafíos macroeconómicos, la culminación exitosa de la renegociación en curso de la deuda pública es condición necesaria, pero no suficiente. Reconociendo que inicialmente la política monetaria y crediticia no pudo hacer otra cosa que financiar “pasivamente” el inevitable aumento del déficit fiscal, es preciso reconocer que esa expansión no puede ser ilimitada si se quieren evitar los riesgos de una corrida bancaria, la huida al dólar y un eventual desborde inflacionario. Por ello, es preciso empezar a diseñar alternativas de política macroeconómica para revertir el aumento del déficit fiscal, absorber la liquidez excedente y facilitar la reparación de las hojas de balance de las empresas privadas, endeudadas entre sí, con los bancos y el fisco, una vez finalizada la emergencia.
También deben ser rediseñados, en el frente externo, los mecanismos para promover las exportaciones: contar con ingresos “genuinos” de divisas será clave, y el mundo al que queremos exportar no se parece al que teníamos en épocas prepandémicas. Finalmente, hay que tener un ojo en los precios relativos: es crucial definir un nuevo régimen cambiario, más sostenible, que corrija las distorsiones del actual y sostenga un tipo de cambio competitivo, así como un sendero de ajuste del cuadro tarifario que permita reducir gradualmente los subsidios públicos, focalizándolos en quienes los necesitan.
No se trata de eliminar en esta fase el sistema de sostén de ingresos para hogares y firmas: la sociedad y la economía necesitan la asistencia financiera de la política pública, y la seguirán necesitando por un largo tiempo. El respaldo a familias y empresas del sector privado debe mantenerse, pero debe direccionarse. Hay que repensar las políticas de asistencia -desde los ATP hasta las garantías para préstamos- para que sean conducentes a un sistema productivo de baja proximidad. De esta manera los recursos públicos -escasos en este contexto- podrán encauzarse hacia los sectores más perjudicados por el cambio estructural.
Hay mucha incertidumbre sobre lo que hay que hacer, pero sí podemos detectar a grandes trazos las líneas a explorar y a descartar en esta segunda fase. El ingreso básico universal, por ejemplo, es una iniciativa que merece considerarse, pero requiere previamente un sistema tributario diferente al actual y una consolidación de la presente posición fiscal. Ni una cosa ni la otra se alcanzarán de inmediato. Por ello no es hoy una alternativa viable de política para asistir a los hogares si se quiere priorizar el cambio estructural y el fortalecimiento de la macroeconomía. En contraste, la promoción al cambio estructural en sectores transables -exportadores y que compiten con las importaciones- suma a ambos objetivos.
Considerar a un tiempo los desafíos macroeconómicos y de cambio estructural deja poco espacio para la política económica de corto plazo. Pero así de complejo es el panorama si queremos lograr una reactivación económica motorizada por el sector privado y sostenible en el tiempo. La fase 2 debe empezar lo antes posible para evitar que a esta crisis inédita del Covid-19 le siga otra crisis no tan inédita y, más bien, bastante conocida en estos pagos.
Publicado en La Nación el 15 de julio de 2020.
