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Opinión 15 05 2021

Escuelas cerradas en PBA: la obsesión de un Gobierno soberbio y arrogante


Autor: Emilio Cornaglia









Transcurre la segunda semana de mayo y los días siguen corriendo en el Calendario. Es el segundo año de esta pandemia que modificó el ritmo y las costumbres de vida del mundo entero. Argentina no estuvo al margen de la tragedia: con casi 70.000 muertes, más de 3 millones de contagios positivos y un derrumbe del PBI mayor al de la crisis de 2001 -con un 42% de pobreza, entre otros indicadores tan escalofriantes como dolorosos-, fuimos uno de los países que peor manejó la situación, según lo reflejado en índices internacionales.

A esta altura del año el calendario escolar oficial en la Provincia de Buenos Aires debería contabilizar al menos 50 jornadas completas de clases presenciales, pero el 80% de los estudiantes bonaerenses sólo tuvo la mitad. Tras un comienzo de año en que la crisis educativa parecía haber sido asumida por el Gobierno Nacional, el Presidente Alberto Fernandez se despachó con una medida tan intempestiva como carente de fundamentos: el 15 de Abril anunció nuevas restricciones frente al avance del coronavirus, entre las cuales se destacaba la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, por un lapso de dos semanas.

La indignación de la sociedad no se hizo esperar y esa misma noche la residencia de Olivos y distintos lugares emblemáticos de Capital Federal y el Conurbano se llenaron de madres, padres y niños con banderas argentinas reclamando contra el cierre de las escuelas. Es que la medida tomada por el Presidente contrastaba con lo que un día antes había sostenido su Ministro de Educación: “las restricciones no pueden empezar por la escuela cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios para acompañar a nuestras niñas/os”. La contradicción entre la decisión presidencial y el discurso de Trotta dispararon todo tipo de rumores en torno a su permanencia en el cargo, aunque finalmente, tras un período de mutismo y algunas volteretas discursivas, ratificó su continuidad en el Ministerio adoptando un nuevo enfoque.

Nadie podía comprender cómo, habiendo tanta información científica que respalda la necesidad de mantener las escuelas abiertas, el Gobierno decidía sostener esta absurda medida. Ninguno de los datos negativos fue considerado al tomar la decisión: ni el impacto psicológico sobre los alumnos, ni la profundización de las desigualdades, ni las escalofriantes cifras de abandono escolar: el Presidente siguió pidiendo “un esfuerzo más” a los niños y sus familias. Tampoco contaron a favor los argumentos que demuestran que la escuela con protocolos es un lugar seguro, en donde los contagios pueden ser rápidamente detectados y aislados. Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación a través del programa “Cuidar Escuelas” consignaron un porcentaje de casos positivos sobre la población escolar de 0,12% sobre la población escolar y de 0,79% del personal docente y no docente. Sin embargo, la decisión del Gobierno Nacional dejó de lado estadísticas oficiales e información objetiva con respaldo científico y prefirió abordar este tema como una batalla de carácter político.

Felizmente, entre tanta locura sin sentido hubo una excepción a la regla: la CABA se rebeló frente al DNU 241/2021 y comunicó que las clases presenciales iban a continuar, mientras se presentaba con un reclamo judicial ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Ese fin de semana los medios de prensa, las redes sociales y los chats de whatsapp reflejaron tensión y expectativa por el fallo judicial que, finalmente, llegó en la tarde del domingo. Basado en la autonomía de la Ciudad, definió que las clases presenciales podían continuar, en detrimento de lo que pretendía el DNU. Esto desató la furia de Alberto Fernández, que calificó el fallo de “estrago jurídico” y habilitó la andanada de insultos de otros funcionarios nacionales y comentaristas a sueldo del gobierno. Los gremios oficialistas como ADEMYS y CTERA lanzaron jornadas de paro en contra de la presencialidad, acusando al Gobierno de la Ciudad de asesino y criminal.

De este modo, el 19 de abril comenzó con las escuelas abiertas en CABA mientras que la Provincia de Buenos Aires volvía al esquema de “clases virtuales” que mantuvo durante todo 2020. La medida fue resistida por padres, madres, estudiantes y docentes que se acercaron a hacer abrazos simbólicos a las escuelas, presentaron amparos judiciales en distintos distritos y hasta llegaron en caravana al obelisco para visibilizar nacionalmente la problemática. La catástrofe educativa iniciada en el 2020 seguía perjudicando a más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, profundizando la desigualdad social en la que 6 de cada 10 niños son pobres en Argentina.

Tal como se pronosticaba, las dos semanas de clases “virtuales” fueron extendidas a través de un nuevo Decreto, anunciado por el Presidente el día 30 de Abril. Con un mensaje soberbio y de tono pretendidamente pedagógico prorrogó el plazo del cierre de escuelas hasta el 21 de Mayo, y manifestó “estar al tanto” de las dificultades por las que atraviesan los niños y sus familias a raíz de la suspensión de la presencialidad. En una maniobra que intentaba anticiparse al inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la autonomía y el derecho a la educación, anunció que enviaría al Congreso un Proyecto de Ley para “establecer criterios científicos claros y precisos que faculten al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.

El fallo en cuestión llegó el 4 de mayo, con una serie de definiciones que dejaron en claro que "la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente” (según el voto de Rosenkratz), además el voto de Maqueda-Rossati establece que "las normas adoptadas por las autoridades nacionales no sólo no deben contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales sino tampoco invadir el ámbito competencial de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" zanjando de manera contundente el debate sobre la Autonomía de la CABA y por último el voto de Lorenzetti destaca cuestiones vinculadas a la tensión entre el derecho a la educación y la salud que son de gran importancia: "El bloque de constitucionalidad establece un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona (...) la situación de excepción, que habilita la restricción, no puede producir, sin embargo, una afectación esencial del derecho. Ello ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación".

El oficialismo salió en bloque a atacar el fallo, destacándose la posición de la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien planteó que el mismo era “un golpe contra las instituciones”. Este desconocimiento de las bases constitucionales de la Argentina confirma la sospecha de que estamos gobernados por una troupe de cínicos que no va a parar hasta la destrucción de la democracia y la república. Consecuentemente, el Gobierno insiste con el tratamiento parlamentario de un Proyecto de Ley que pretende consagrar una delegación legislativa al Presidente, en términos genéricos y sin plazos definidos -contrariando palmariamente lo establecido por la Constitución Nacional- y desconoce la Autonomía de las Provincias, avasallando la autoridad de sus máximas autoridades. El fallo de la Corte también dedica algunos conceptos vinculados a la situación: "aún en el supuesto hipotético en que el contenido material de la regulación en estudio se instrumente mediante una ley formal del Congreso Nacional, la conclusión (...) se mantendría incólume".

Mientras tanto, y a pesar de los estudios que demuestran la baja incidencia de las clases presenciales en los contagios, los problemas que genera la falta de conectividad o el impacto psicológico en niños y adolescentes, las escuelas de la Provincia de Buenos Aires siguen cerradas, profundizando la brecha educativa que perjudica a quienes menos tienen, condenando a generaciones enteras a la pobreza y la ignorancia. Por contrapartida, las escuelas de la CABA siguieron abiertas y los datos demuestran que las tasas de contagio y muertes no guardan diferencias significativas con las de la Provincia. Entonces cabe preguntarse ¿cuál es el motivo detrás de tanta obstinación por cerrar las escuelas?

Tal vez el motivo subyacente sea la soberbia política de un Gobierno que busca ganar una batalla a toda costa: habiendo perdido el debate sobre la presencialidad frente a la sociedad encabezada por Padres Organizados y habiendo perdido la pulseada con la Justicia tras el fallo de la Corte Suprema, apela a su mayoría en el Congreso de la Nación para intentar zanjar la discusión con una victoria pírrica. Lo que el Gobierno Nacional ignora es que a mayores esfuerzos por mantener las aulas cerradas, habrá mejor articulación de intereses entre la sociedad y la oposición para defender el Derecho a la Educación. Quizás la arrogancia oficialista será -otra vez- la causa de su propia derrota, tanto en el debate parlamentario como en las elecciones de este año.