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12 04 2020

El gobierno nacional desprecia el marco legal existente para afrontar la pandemia


Autor: Lilia Puig









En la segunda semana del pasado febrero nos vimos sorprendidos por el exabrupto del gobernador de Tucumán cuando le recomendó a la ministra de seguridad de la Nacion respecto del trato con la oposición: “Tenés que poner a alguien que los escuche, que los atienda y después hacemos lo que nosotros queremos”.

Este episodio escandaloso opacó la información relativa a las reuniones institucionales en las que la ministra y el gobernador estaban participando: las del Consejo Federal de Seguridad y del Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo. Esta última es  parte del Sistema Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).

El SINAGIR fue una iniciativa de los expertos en catástrofes de nuestra administración pública que lideraron esa propuesta y  lograron que el poder ejecutivo presentara el proyecto de ley. La ley 27.287 se originó durante la gestión peronista en 2011 y fue promulgada en 2016. La gestión de Cambiemos realizó la reglamentación e inicio el proceso de ratificación provincial. Es así una norma que expresa al consenso democrático para la atención de los desastres y sus resultados.

El sistema tiene por finalidad integrar y articular a todos los organismos nacionales, provinciales, de la CABA y municipales; a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para el manejo de crisis y la recuperación.

Se compone de un Consejo Nacional presidido por el Jefe de  Gabinete e integrado por todos los ministros y  los organismos descentralizados con capacidad técnica adecuada. Este órgano tiene la facultad para “declarar la situación de emergencia por desastres”. Allí se fijan las políticas nacionales atendiendo a las diferentes dimensiones del desastre y sus consecuencias. Las oficinas  del Ministerio de Salud que hoy intervienen en la fijación de las políticas para la atención de la pandemia son parte del Consejo Nacional

El Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo nuclea a un representante del gobierno nacional –cargo ejercido por la Ministra de Seguridad desde la gestión de Cambiemos–, a las autoridades provinciales, de la CABA y municipalidades y a los organismos de protección y defensa de la sociedad civil.

Ambos consejos están respaldados por una Secretaría General  que atiende a los requerimientos  de ambos y además se ocupa de llevar el Registro de Asociaciones Civiles, Voluntarias y organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, el sistema cuenta con la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo (GIRCYT) que brinda a los consejos  la disponibilidad  de conocimiento experto actualizado.

El financiamiento del sistema está previsto a través de dos Fondos: uno permanente, destinado a financiar la prevención de los riesgos, se llama  Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. Y otro, extraordinario, para dar respuesta a catástrofes: el Fondo Nacional de Emergencias que se nutre con aportes oficiales, donaciones y legados, rentas de activos financieros,  préstamos nacionales e internacionales e impuestos y cargos que se creen con afectación específica a este fideicomiso.

La revisión de la información sobre la reunión del 13 y 14 de febrero en Tucumán da cuenta de la falta de atención que se prestó a la pandemia. La información oficial destaca la presentación formoseña de los problemas emanados de las inundaciones y  no  hay referencia jerarquizada del coronavirus.

Evidentemente, el gobierno no entendía el riesgo de una inminente infección nacional y creía que las emergencias estarían localizadas. Se subvaloró el peligro a la vez que se restó importancia al SINAGIR para atender la pandemia.

No se ha convocado al Consejo Nacional que ejercería la coordinación institucional de todos los recursos políticos, administrativos y de conocimiento experto obrantes en el orden nacional para atender prospectivamente las distintas dimensiones y consecuencias de la emergencia.

Tampoco el gobierno ha nombrado al Secretario  Ejecutivo de los Consejos que es quien debiera ocuparse de vincular a estos con la   Red de Organismos Científicos y Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo y de coordinar la perspectiva de la Nación con la de las diversas provincias en torno al problema.  Solo está nombrada la Subsecretaria  de Gestión de Riesgos que se ocupa prioritariamente del día a día de las incumbencias del Consejo Federal.

Además, se ha profundizado en la gestión una perspectiva de los riesgos ligada a la seguridad. Posiblemente, el hecho de que sea la ministra  de seguridad quien preside el órgano federal sea  el causante del enfoque. El mismo se refuerza con los antecedentes en el Ministerio de Defensa de la subsecretaria citada y al sometimiento de la Secretaria de Defensa Civil a la Secretaria de Seguridad.

El gobierno debería convocar al Consejo Nacional a fin de que el Presidente pueda sumar al conocimiento que le brindan los expertos en cuestiones sanitarias  los que cuentan quienes provienen de otras disciplinas. Es necesario atender las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y para ello se necesita de conocimientos específicos complementarios y  de la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil.

No se debe repetir el “viernes negro” que puso en jaque a la cuarentena  y evidencio  que el gobierno ignoraba que en las barriadas de las ciudades no hay suficientes cajeros electrónicos y que hay una población adulta apremiada por sus escasos recursos y que vive al margen de la electrónica.

La conformación del Consejo Nacional  y la convocatoria al Consejo Federal para una actuación centralizada fortalecería al Presidente en el marco del orden institucional al dotarlo de recursos para decisiones más informadas y certeras que las que pueden brindar los gobernadores e intendentes en forma anárquica.

Se necesita además que se designe la Secretaría Ejecutiva cuyo nombramiento debe recaer en alguien con conocimientos y experiencias en problemas de riesgo. Es de esperar que esa demorada designación no quede inmersa en la lucha política de la coalición de gobierno.

No puede olvidarse, en ese sentido, el tono faccioso que asumió desde la noche misma del triunfo electoral cuando en el festejo la Vicepresidenta y el gobernador de Buenos Aires luego de desairar a los gobernadores peronistas, a quienes dejaron abajo del palco, ocuparon con discursos propios el lugar que debía ocupar el Presidente.

La puja continuó y  dio lugar al loteo entre las facciones de los lugares para los funcionarios políticos de la administración pública. Nada bueno para la gestión pública, pero rasgo dramático para un país expuesto a una pandemia de colosal magnitud como el coronavirus.

El Presidente, por su parte, debiera recurrir a los mecanismos institucionales disponibles para afrontar la crisis y planificar la recuperación en lugar de exagerar el uso de decretos de necesidad y urgencia, marginar a la oposición política y hacer un histriónico aprovechamiento personal de las decisiones que adopta.


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