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Opinión 26 02 2020

El fundamento moral de la democracia


Autor: Natalio Botana









Habría que regresar a un capítulo clásico de la teoría de la democracia, ¿Tiene la democracia un fundamento moral o, según una definición mínima, representa mediante el sufragio una expresión moderada de la pugna por el poder?

Según la intensidad del acento, ambos conceptos destacan, en última instancia, el sustento de la moral cívica en dicho régimen. Este interrogante sigue desafiando al nuevo Gobierno y a la oposición en medio de otro barullo de relatos antagónicos acerca de la moral y la justicia.

Apuntalado por los mensajes de la reunión que hace pocas semanas tuvo lugar en el Vaticano, a la retórica peronista no le resulta complicado enaltecer la justicia distributiva o justicia social. Sobre esto parecería que el acuerdo discursivo es unánime salvo recientes expresiones de la Vicepresidente hacia la comunidad italiana que flaco favor le hacen a esta tradición.

Más le cuesta en cambio al peronismo gobernante enhebrar un concepto acerca de la justicia conmutativa, lo cual implica alcanzar consensos amplios sobre los procesos judiciales actualmente en curso. Estos consensos son cada vez más débiles. En su lugar hoy se enfrentan dos posiciones en torno al problema de la corrupción.

La primera de estas posiciones la esgrime la coalición derrotada de Cambiemos: los procesos en curso, plenamente justificados en su raíz ultima, serian tributarios de la corrupción tentacular que se desenvolvió durante el kirchnerismo entre 2003 y 2015. Se impone pues que esas conductas, supuestamente corruptas, sean investigadas, procesadas y, si cabe, sancionadas en los estrados judiciales.

La segunda posición, contracara de la primera, condena estas actuaciones invocando la doctrina de lawfare o guerra judicial. Esta doctrina denuncia una conspiración en la que intervinieron fiscales, jueces, servicios de inteligencia del anterior gobierno y medios de comunicación. Para este planteo, la Justicia es un aparato que enmascara la intención de acrecentar el poder a despecho de los vencidos en 2015. Estos por su parte, soportan todavía la condición de ser presos políticos como si hubiesen sido perseguidos por una dictadura.

En este choque de relatos, el Presidente, ministros y legisladores terciaron al principio con una tercera posición que, sin omitir críticas a la Justicia, no admitía la calificación de presos políticos. En su reemplazo se dijo que esas detenciones arbitrarias debían ser reparadas modificando, por ejemplo, el abuso de la prisión preventiva.

Posteriormente, en esta semana el Presidente cambió su discurso afirmando que “la Argentina sufrió graves violaciones a los Derechos Humanos y el Estado Derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la persecución regional del lawfare”.

El estilo que se desprende de este juego de opiniones es producto del régimen bifronte que nos gobierna. ¿Dónde, en efecto, radica el poder que debería caracterizar a la unidad del Poder Ejecutivo? Por el momento no lo sabemos.

Otro tema atañe al porvenir de ambas posiciones. La primera depende de la disciplina propia de cualquier oposición efectiva. Por tanto, para la coalición de Cambiemos el objetivo primordial consiste en consolidar su unidad interna. El esquema de un gobierno unido frente a oposiciones dispersas favoreció a Cambiemos en su momento y puede favorecer ahora al Frente de Todos si aquel se fragmenta. Un espíritu constructivo hacia determinadas políticas que podrían ser consensuadas y la defensa a rajatabla de los fundamentos morales del régimen democrático deberían ser los cementos para conservar viva esa coalición desde el llano.

En las antípodas de esta oposición, la política del lawfare supone alentar acciones para que la moral cívica sea un objeto en disputa que, según la ocasión, se pone patas arriba. Los que antes fueron perseguidos serán desagraviados y los perseguidores de antaño sufrirán, a su vez, el mismo trato. Dos normas previstas en la Constitución fijan los limites extremos a que puede llegar esta estrategia: el Indulto en manos del Ejecutivo y la Amnistía que corresponde dictar al Congreso.

En su defecto la apuesta de mínima del lawfare jugaría por ahora sobre un laberinto judicial sin salida aparente mientras con múltiples recursos las causas se demoran años y las sentencias definitivas nunca llegan. A ello se suma el olfato de la Justicia Federal para registrar los cambios de humor del poder de turno. Al respecto cabe subrayar esta frase del Presidente con la esperanza de que se cumpla: “Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos”.

Estas apuestas sufren la restricción implícita de un Gobierno que debe impedir que la gobernanza se escurra por los vericuetos de una deuda pública irresuelta. Es vital, por consiguiente, resolver esta cuestión que a menudo se la observa como una fotografía sin tomar en cuenta el punto de vista histórico y moral. Habría que preguntarse si en la negociación de la Argentina con el FMI y con poderosos fondos de inversión no pesa en ellos la experiencia de un país que ha presentado la imagen de un violador serial de contratos, con un sector de la clase política que en el Congreso aplaudió fervorosamente el default de 2002.

Es fácil hablar de condonar deudas como si fuéramos una nación fallida en un país que es miembro del club de naciones desarrolladas del G20 y nuestro abundante ahorro en moneda extranjera esta fuera de los canales de inversión. Este es el azote de la desconfianza, de la ilegitimidad de la moneda y de una declinación de medio siglo que ha convertido a la Argentina en un paraíso de la especulación.

Si bien la moral remite habitualmente a la bondad o malicia de las acciones, también da cuenta de un estado de ánimo individual y colectivo. De aquí deriva un hiriente contraste, porque mientras en el fondo de la sociedad una ciudadanía maltrecha soporta penosamente la inclemencia de esa declinación con su cohorte de pobreza y miseria, en las alturas, los poderosos procuran salvar su pellejo con frases rimbombantes y teorías novedosas. 

Publicado en Clarín el 23 de febrero de 2020.

Link https://www.clarin.com/opinion/fundamento-moral-democracia_0_s5ALOjY8.html