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Opinión 22 06 2020

El COVID-19 exige organismos electorales ágiles y dinámicos


Autor: Jesús Delgado









Los procesos electorales contemporáneos plantean una gama de desafíos y dificultades políticas y técnicas para los organismos electorales: algunos de los conocidos son el debilitamiento del apoyo a la democracia y la apatía manifestada en una baja participación electoral, pasando por la fiscalización del financiamiento de las campañas, la supervisión de los mecanismos de democracia interna de los partidos políticos, el cumplimiento de la paridad o la implementación de tecnología, hasta los mecanismos para garantizar la integridad y la transparencia electoral.

La llegada de la pandemia COVID-19 viene a problematizar aún más la administración de elecciones. Los desafíos de promover una amplia participación electoral y al mismo tiempo cumplir con los protocolos establecidos para minimizar los focos de contagio, no son pocos, y más aún en una región que ya venía presentando procesos electorales cuestionados e incluso suspendidos durante la jornada electoral.

Los tomadores de decisiones, ya sea en el Congreso o en los organismos electorales, debaten entre la celebración de elecciones, corriendo grandes riesgos de contagio por la precaria infraestructura de nuestros países, o la posposición de las mismas, enfrentando las limitaciones que prevén las constituciones y las leyes, como por ejemplo el vencimiento de los mandatos de las autoridades y las fechas de toma de posesión.

Los países de nuestra región ya adolecían una institucionalidad debilitada, y a esto se suma la amenaza de poderes ejecutivos que están asumiendo competencias propias del legislativo, ya sea para avanzar con la celebración de los comicios, o por el contrario, suspenderlos, poniendo en amenaza el Estado de Derecho.

Si se decide posponer las elecciones, es importante que las decisiones que se tomen no contravengan ni la legislación nacional ni los instrumentos internacionales, y en caso de celebrarlas según lo pautado, los organismos electorales deben contar con la asistencia técnica necesaria para poder realizar sus labores, garantizando al mismo tiempo los derechos políticos de los ciudadanos y su salud.

En caso de que se decida celebrar elecciones en este contexto, como lo harán en los próximos meses algunos países de la región (República Dominicana, Bolivia, Chile, Brasil y Estados Unidos), es importante que los organismos electorales contemplen sistemas alternativos de votación, de manera de descongestionar los centros de votación.

A pocos meses de la jornada electoral es muy complejo implementar un sistema de votación a distancia para todo el padrón electoral (ya sea por internet o por correo postal), dado que se debe debatir y aprobar en un primer momento una legislación que lo habilite y regule, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil deben participar en un debate público que dé a luz a un sistema con legitimidad, y se deben hacer las licitaciones correspondientes, auditorías, simulacros y pruebas de estrés.

Sin embargo, podemos usar esta oportunidad para empezar este debate e implementar de manera complementaria sistemas de votación a distancia, sin la pretensión de abandonar por completo el voto manual, pero sí contando con una alternativa.

De esta manera, y dada la cercanía de los comicios, los organismos electorales pudieran pensar en lo que Rui Santos definió como “voto multicanal”, es decir, “combinar distintos mecanismos de votación en la misma elección. De este modo se puede segmentar una elección en diferentes medios, consolidando los resultados de manera centralizada.”

Así pues, y en aras de promover medidas que disminuyan los contagios, se puede implementar en la misma elección un sistema de votación manual para regiones de baja densidad poblacional, manteniendo las distancias entre los electores y cumpliendo con los protocolos sanitarios, y un sistema de votación remota, ya sea por internet o por correo, o incluso ambos, en zonas de alta densidad y con buen acceso a internet.

También se pudiera dilatar la jornada electoral presencial durante varios días, descongestionando así los centros de votación.

La experiencia de Corea del Sur, que en abril de este año, al tiempo que enfrentaba la pandemia celebró las elecciones con mayor participación desde hace casi 30 años, es un ejemplo de cómo los organismos electorales, con el apoyo de los partidos políticos y la sociedad civil, pueden celebrar elecciones en este contexto.

La Comisión Nacional Electoral tomó una serie de medidas logísticas, técnicas y sanitarias. Una de ellas fue el voto adelantado: durante el 10 y 11 de abril los electores dispusieron de 3500 centros de votación a nivel nacional para emitir su voto, de manera de descongestionarlos y que se respetara la distancia social.

Para aquellos que estaban siendo atendidos en centros hospitalarios o estaban en cuarentena en sus casas, la CNE facilitó la modalidad de voto por correo. Pero incluso aquellos electores que estaban infectados y no llegaron a registrarse para usar esta alternativa, contaron con centros de votación especiales.

Para la jornada electoral se tomaron una gran cantidad de precauciones en los 14.330 centros de votación disponibles: Desinfección de los espacios y los materiales de votación, el uso obligatorio de máscaras y guantes, la toma de temperatura (los que tenían más de 37,5 grados Celsius eran redirigidos a mesas de votación especiales), respeto de la distancia social, desecho de los materiales usados por cada elector, entre otros.

Evidentemente las condiciones de desarrollo de Corea del Sur no son comparables con las de nuestros países, y difícilmente se puede replicar un proceso electoral con los recursos y la infraestructura de la región. Sin embargo, los organismos electorales pueden tomar ciertas medidas que contribuyan a garantizar la seguridad de los votantes y el personal electoral.

Una situación sin precedentes como la actual no cuenta con una solución única. Se requiere de tomadores de decisiones (congresos y organismos electorales) ágiles y dinámicos que busquen asistencia en materia sanitaria, logística y tecnológica, y tengan la capacidad de implementar medidas inteligentes que promuevan la participación masiva de los electores sin exponer su salud.