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Opinión 28 10 2020

El “affaire Etchevehere”: los usos políticos de la agenda de género


Autor: Sabrina Ajmechet









Los gobiernos peronistas, a través de los años, se han caracterizado por tener la habilidad de interpretar y representar reclamos y agendas ya presentes en la sociedad y mostrarlos como propios. Así lo hizo Perón con los trabajadores en los años cuarenta, Kirchner con los derechos humanos en los 2000 y, en este nuevo ciclo, el gobierno de Alberto Fernández está tomando como propias las demandas alrededor de las cuestiones de género. 

Los argentinos vemos cómo el gobierno intenta que la eterna cuarentena, el desmanejo económico, la catástrofe escolar, los casos de abuso de la autoridad y las tomas de tierra queden escondidos tras la gran causa de defensa de la agenda de género.

El "albertismo" encontró su móvil y lo utiliza de forma sistemática pero, a diferencia de lo que ocurrió en otras experiencias peronistas en las que sus banderas fueron acompañadas de avances concretos -como el decreto del estatuto del peón y la creación de los tribunales laborales en el primer peronismo o la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el kirchnerismo-, en este primer año de gobierno Alberto Fernández tiene poco para demostrar en materia de género, más allá de la construcción simbólica.

Se creó el ministerio de Mujeres, Género y diversidades. Con regularidad encontramos anuncios sobre la formación de direcciones de género en ministerios y secretarías que no las tenían, el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuestiona la falta de baronesas en el conurbano, se utiliza el lenguaje inclusivo en los discursos oficiales y, sin embargo, no se hace frente a los problemas más graves que sufren hoy las mujeres.

La decisión de mantener las escuelas cerradas hace que las tareas educativas y de cuidado permanente de los niños recaigan en la familia, lo que en general termina traduciéndose en una mayor carga para las mujeres o, directamente, en su imposibilidad de salir a trabajar y, por lo tanto, en la pérdida de su independencia económica.

La Argentina es un país que tiene un femicidio cada 32horas y en el que las mujeres que deciden abortar lo tienen que hacer de forma clandestina, con los riesgos y costos que eso implica. El impulso por parte del Ejecutivo de la ley de interrupción deseada del embarazo es un rumor que aparece cada tanto y que luego desaparece, sin que medien explicaciones.

Por otro lado, desde el discurso oficial y de los funcionarios se desprende que los derechos de las mujeres siempre dependen de qué mujeres se trata o, mejor dicho, de qué lado de la grieta se encuentran.

Podemos listar numerosos ejemplos de esto, como el silencio frente a la denuncia por abuso sexual que recibió el senador tucumano José Alperovich, la falta de reacción frente a la muerte de Florencia Morales en San Luis por incumplimiento de la cuarentena, la poquísima repercusión del asesinato de una oficial de policía en Mar del Plata efectuado en la vía pública por su pareja o la decisión de desestimar el nombramiento de Alejandra Lazzaro -primera en la terna para integrar la Cámara Electoral que, de haberse respetado el orden de mérito, iba a convertirse en la primera mujer en acceder a ese cargo en toda la historia argentina.

Todos estos son una muestra de tantas violaciones y abusos en los que la frase “yo te creo, hermana” quedó en el olvido y de reclamos para que las mujeres ocupen lugares institucionales de importancia y prestigio que son abandonados cuando se trata de opositoras.

Esta semana, el conflicto alrededor de la propiedad del campo de la familia Etchevehere volvió a dejar claro que hay mujeres cuyos derechos el gobierno cree imprescindible defender y otras mujeres con las que no sucede lo mismo. Victoria Donda, titular del INADI, acompañó a Dolores argumentando que se la está discriminando por mujer. “Ningún conflicto judicial se puede solucionar en desmedro de las mujeres”, afirmó Donda.

 ¿Qué ocurre en aquellos casos en los que una mujer es culpable de cometer un delito? Por su parte, Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, trazó una relación directa entre la toma de los campos y los maltratos a los que las mujeres estamos acostumbradas. Pero, ¿Qué ocurre con los derechos de Leonor Marcial Barbero, la matriarca de la familia Etchevehere, que es la dueña de los campos intrusados?

Así como el kirchnerismo puso el foco en los derechos humanos de los años 70 y desatendió las violaciones de derechos humanos que sufrieron los Qom durante el gobierno de Cristina Fernández, del mismo modo el gobierno de Alberto muestra ductilidad para levantar una causa fundamental sin universalizarla: derechos para las mujeres sí, pero depende qué mujeres y derechos para las mujeres sí, pero depende qué derechos. Abunda el lenguaje inclusivo y la creación de oficinas ad hoc y faltan políticas y un discurso público inclusivo que con hechos mejore la situación de todas las mujeres argentinas.

Publicado en Clarín el 27 de octubre de 2020.

Link https://www.clarin.com/opinion/affaire-etchevehere-usos-politicos-agenda-genero_0_YVRBaN2EU.html