El exministro de Salud de la Nación publicó este artículo en dos partes. Con el permiso de Revista Seúl nosotros lo republicamos en forma completa.
Primera Parte
Ados años del inicio de la pandemia, en medio de una pesadilla que parece no tener fin por la tercera ola de contagios con la variante Omicron, resulta muy necesario tomarnos un momento para reflexionar sobre la situación actual a partir de un análisis acerca de cómo transcurrió en nuestro país este período tan trágico de la historia de la humanidad. Esta situación nos muestra todavía hoy un descomunal número de casos diarios, el aumento de la ocupación de camas hospitalarias y de terapia intensiva y también una considerable cantidad de muertes en las últimas semanas.
La falsa dicotomía entre salud o economía que el gobierno nacional enarboló como bandera para prolongar una cuarentena sin ninguna calibración durante ocho meses en 2020 terminó de la peor manera. Hoy padecemos un saldo sanitario terrible de casi 8 millones de casos y casi 120.000 muertes sin que tampoco se haya evitado el colapso económico y social, con caída récord de la actividad económica, aumento de la pobreza, una tragedia educativa y una crisis emocional en millones de argentinos. El abordaje sanitario de la pandemia por parte del gobierno nacional fue una suma de errores, contradicciones e incoherencias que derivaron en diferentes escenarios atravesados por la imprevisión y la improvisación.
En diciembre del año pasado, la Fundación Alem, institución que reúne a los equipos técnicos de la Unión Cívica Radical, publicó el informe “Pandemia en Argentina: memoria de un desgobierno” en el que se intentó reflejar una suerte de crónica sobre la mala praxis del gobierno en los aspectos sanitarios, económicos, sociales y educativos, como así también acerca de los aspectos contractuales y legales de la campaña de vacunación y la compra de insumos.
En este artículo para Seúl, que se dividirá en dos partes, me propongo hacer una reseña de los hechos más trascendentes que signaron la gestión de la pandemia en los aspectos sanitarios, a la vez que actualizo el análisis que realicé para dicho documento de la fundación y recopilo notas escritas en este último tiempo para algunos medios periodísticos, incluyendo algunos hilos posteados en Twitter. Desde luego que mi intención no es la crítica fácil a partir de la lectura del “diario del lunes”, sino refrescar la memoria y echar luz sobre lo que aconteció a lo largo de estos dos últimos años. En este sentido, los distintos documentos publicados por los equipos de la Fundación Alem desde el inicio mismo de la pandemia conforman un respaldo elocuente: en ellos hemos planteado propuestas serias y concretas para cuestiones como la necesidad de salir de la cuarentena estricta o la vuelta de las clases presenciales, además de un programa integral para el manejo de la pandemia presentado a comienzos de 2021.
EL INICIO: TITUBEOS, MUCHOS ERRORES Y ALGUNOS ACIERTOS
Cuando la epidemia de COVID-19 fue oficialmente declarada como pandemia en enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Alberto Fernández, a través de sus propias declaraciones, las del exministro de Salud, Ginés Gonzalez García, de la actual ministra, Carla Vizzotti, y otros funcionarios, minimizó y subestimó su potencial impacto sin ningún sustento epidemiológico. Establecieron comparaciones absurdas entre el virus del dengue y el SARS CoV 2, aduciendo que en pleno verano no había que prestar atención al COVID 19 sino al dengue. Basta recordar las declaraciones desafortunadas de Ginés cuando aseguró que “China estaba lejos”, que “el virus no va a llegar nunca” o que “es más leve que la gripe”. O también los dichos del presidente cuando sostuvo que el virus “se mataba con un tecito caliente”. Con un sesgo ideológico pueril, muchos medios adictos al gobierno incluso caracterizaron al COVID-19 como una “construcción social del imperialismo”.
Estas declaraciones, que a la luz de lo que ocurrió posteriormente resultaron absurdas, evidenciaron la falta de registro de la crisis que se avecinaba pero también explican muchas de las conductas negligentes que hicieron que no se implementaran de manera temprana acciones que otros países en el mundo (incluso algunos de la región, como Chile y Uruguay) sí realizaron en aquel momento.
En este sentido, hubo dos medidas centrales que debieron haberse puesto en marcha al principio de la pandemia. En primer lugar, el cierre de los puntos de entrada al país (particularmente el aeropuerto de Ezeiza), para retrasar la llegada del virus a través de viajeros infectados procedentes de países con alta circulación viral. En segundo lugar, la compra de insumos críticos y equipamiento para mitigar la expansión de la epidemia, especialmente los reactivos para pruebas de detección de casos. Aislando a los positivos y a sus contactos estrechos se podrían haber bloqueado los focos epidémicos.
Cuando algunas semanas después el gobierno advirtió el enorme error cometido por la falta de compra temprana de pruebas, el cuello de botella para la producción y distribución global debido a la enorme demanda en los primeros meses de la pandemia impidió a la Argentina abastecerse de reactivos suficientes para controlar sus focos de manera rápida y efectiva. Esto tuvo gravísimas consecuencias, ya que este déficit de testeos, herramienta clave para la contención del virus hasta que comenzó la vacunación, lo padecimos hasta bien entrado el segundo semestre de 2020.
Durante la primera quincena de marzo, el gobierno tomó conciencia de que el coronavirus no se trataba de una enfermedad respiratoria leve (“gripecita”) sino de una enfermedad seria. Se vivieron entonces semanas de vacilaciones y titubeos respecto a las medidas que había que tomar. Finalmente, se decidió cerrar las fronteras, cancelar los vuelos y, en la segunda semana de marzo, suspender las clases presenciales. El 20 de marzo, ante la falta de otros recursos para controlar la epidemia y ante los sucesos observados en Europa y Estados Unidos, con escenas dantescas en Bérgamo, Madrid o Nueva York, el gobierno decretó el primer aislamiento general con una duración inicial de dos semanas. Comenzó entonces una cuarentena plana y pésimamente calibrada que se prolongó por casi ocho meses de manera ininterrumpida en casi todo el país.
Las medidas de supresión y cierre que se tomaron 17 días luego del primer caso y 12 días después del primer fallecido por COVID-19 fueron correctas y oportunas, y con mayor anticipación que en la mayoría de los países europeos o Estados Unidos. Ante la incertidumbre y la falta de conocimiento sobre la biología del virus y la epidemiología de la enfermedad, muchos países azotados por la pandemia, con hospitales colapsados y aún sin una clara evidencia empírica de cómo mitigar la epidemia, estaban haciendo lo mismo. En ese sentido, nosotros teníamos una ventana de tiempo de algunas semanas, algo que muchos países con excelentes sistemas de salud no habían tenido y por lo que estaban sufriendo las consecuencias.
En comparación con otros países de la región, nuestro sistema de salud podía considerarse bastante robusto antes de la pandemia, tanto en infraestructura sanitaria como en recursos humanos. En el inventario podían contarse aproximadamente 160.000 camas en hospitales y clínicas en el país (en su mayoría concentradas en las grandes ciudades) y 8.000 camas de terapia intensiva de adultos, aunque con un número mucho menor de respiradores. Asimismo, con un déficit en el plantel de médicos, enfermeros y kinesiólogos intensivistas e insuficientes equipos de protección personal para los trabajadores de la salud, aun agregando profesionales y recursos materiales el sistema de salud podía colapsar. Eso ocurrió en Italia, España y Nueva York en la primera ola de la pandemia, países que con sistemas más desarrollados superaron en algún momento el 10% de mortalidad. Dado que nadie estaba preparado para enfrentar un desastre de la magnitud que se estaba observando, el aislamiento obligatorio se aplicó con el objetivo de evitar una tragedia socialmente intolerable.
LA TRAMPA DE LA CUARENTENA, LA BÚSQUEDA DE CULPABLES
El objetivo inicial de la cuarentena fue, entonces, aplanar la curva epidemiológica lo máximo posible, de manera de ganar tiempo crítico para preparar mejor a un sistema de salud con capacidad limitada para responder a la epidemia. En los primeros dos meses se incrementó el número de camas hospitalarias, en especial de camas operativas de terapia intensiva, y se aumentó la disponibilidad de respiradores y de equipos de protección personal para los trabajadores de salud en la primera línea. Además, se reentrenaron médicos y enfermeros intensivistas y se refuncionalizaron las unidades de cuidados críticos en todo el país.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) concitó una gran cohesión social y tuvo una fuerte aprobación pública, incluso entre la mayoría de los dirigentes de la oposición. El presidente se puso al hombro la gestión de la pandemia, pero esta sensación de empoderamiento encerró al gobierno en una burbuja emocional. Al cabo de las primeras semanas, cuando se vio su efecto sobre el aplanamiento de la curva de casos, el gobierno se enamoró de la cuarentena y comenzó a desplegar un discurso triunfalista que aseguraba que habíamos derrotado al virus y controlado la enfermedad. Lamentablemente, ese tiempo inicial que se ganó para mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria en los primeros dos meses no se aprovechó para desplegar una respuesta comunitaria, con ampliación del testeo y aislamiento para bloquear los brotes.
La clave para que llegaran menos casos al hospital era detectar precozmente los contagios en la comunidad y no tardíamente, cuando se comenzó con el Plan DetectAR. Sin embargo, no había pruebas porque no se compraron a tiempo, y no se compraron a tiempo porque se subestimó inicialmente la magnitud de la pandemia. En lugar de implementar una estrategia inteligente para mitigar la epidemia a través del testeo y rastreo de los contactos, se comenzó a abusar del confinamiento y el encierro como único recurso, lo que sin dudas resultaría insostenible cuanto más tiempo se prolongara. Así, el aplastamiento de la curva epidemiológica comenzó también a “aplastar” la economía sin que se avizorara un plan de salida.
A principios de mayo de 2020, cuando teníamos poco más de cien casos por día, propusimos desde la Fundación Alem ensayar una salida ordenada de la cuarentena ampliando la búsqueda activa de casos, protegiendo a los ancianos y a las personas con enfermedades crónicas y aplicando medidas más focalizadas a la población de barrios de emergencia, instituciones geriátricas, cárceles u otras situaciones de encierro. Para esa fecha habría sido posible comenzar a reabrir la economía, liberar la creciente presión social, poner a funcionar nuevamente a las instituciones y recuperar la libertad con responsabilidad, aun cuando hubiera que retroceder si la situación empeoraba. A través de un sistema valvular intermitente planteábamos monitorear indicadores como la curva de casos y muertes y la ocupación de camas de terapia intensiva para saber cuándo flexibilizar o endurecer las medidas. No nos escucharon.
Durante este período inicial comenzaron a sucederse cada dos o tres semanas las conferencias del presidente con sus filminas y sus comparaciones desafortunadas con otros países: Chile, Suecia, el PAís Vasco y muchos otros ejemplos. Mientras tanto, la cuarentena se seguía prolongando y los casos, si bien lentamente, seguían subiendo. Como en la llamada “falacia del espantapájaros”, aquel que proponía una idea alternativa era caricaturizado, el sentido de sus argumentos se tergiversaba para luego ser implacablemente atacados. Aquel fue el comienzo de la falsa opción “salud versus economía”, planteada también como “cuarentena o muerte”, según la cual aquellos que tenían otra visión de cómo gestionar la epidemia eran considerados casi como emisarios de la muerte y culpables de todos los males: la oposición, la gente que concurrió a los banderazos, los chetos, los runners, los jóvenes, los viajeros y cualquiera que fuera funcional al rol de “enemigo de la vida” impuesto por el gobierno y sus acólitos.
Muchas de estas antinomias fueron también fogoneadas por un consejo asesor casi exclusivamente formado por infectólogos y algunos científicos “militantes” con una visión muy limitada de la complejidad de la pandemia. Algunos de ellos parecían justificar decisiones políticas tomadas ex post en lugar de informar ex ante al gobierno sobre los costos, beneficios y riesgos de las decisiones que debían tomarse. Tampoco nos escucharon cuando reclamamos un consejo asesor independiente que incluyera a profesionales de otras disciplinas, como economistas, cientistas sociales, psicólogos, comunicadores y científicos independientes, con una mirada más amplia para abordar la pandemia en toda su complejidad multidimensional.
Así, a los pocos meses, lo que fue una decisión acertada y oportuna se convirtió en lo opuesto cuando se empezó a utilizar a la cuarentena como único instrumento para controlar la epidemia. La sociedad no resistió, en especial los más pobres. En los partidos más carenciados del conurbano bonaerense los índices de movilidad en julio-agosto de 2020 retornaron casi a sus niveles pre-pandemia. Un país con casi la mitad de sus trabajadores viviendo en la economía informal y sin cobrar un salario fijo mensual no tenía chance alguna de aguantar un confinamiento tan prolongado sin que éste se rompiera en mil pedazos.
Esta ruptura de la cuarentena por necesidad económica, hartazgo social y sufrimiento emocional se correlacionó con un aumento incesante de casos, ocupación de camas de terapia intensiva y muertes, para llegar al pico de la primera ola en octubre de 2020 aún con el ASPO en vigencia. Lamentablemente, el tiempo que se ganó para mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria no se aprovechó para mejorar la capacidad de respuesta comunitaria. Si hubiéramos tenido la vacuna a la vuelta de la esquina en aquel momento, la prolongación de la cuarentena podría haber sido una decisión acertada, pero lo que tuvimos finalmente fue una situación epidemiológica de descontrol, tensión de los servicios de salud críticos y un creciente colapso económico y social.
Frente a este escenario tan duro parecía que la sociedad había quedado huérfana, como si nadie se quisiera hacer cargo de la gestión de la pandemia. En el peor momento el presidente se limitó a informar una nueva extensión de la cuarentena mediante una grabación con una voz en off, el ministro de Salud aparecía cada vez menos, se redujeron los partes periódicos y el consejo asesor se volvió inhallable. Sin solución de continuidad se había pasado del paternalismo del presidente a la orfandad total.
NEGLIGENCIA, IDEOLOGÍA Y GEOPOLÍTICA
El 6 de noviembre de 2020 se sancionó la ley 27.573 de vacunas contra el COVID-19. En ese momento parecían cerrados los acuerdos con el laboratorio AstraZeneca y Pfizer-BioNTech, se había avanzado con la Federación Rusa por la vacuna Sputnik V y se habían iniciado las negociaciones con China. Si bien la ley resolvía la necesidad de contar con respaldo normativo para la rápida adquisición de vacunas, los productores exigieron condiciones especiales que los protegieran de eventuales demandas por problemas en la producción, compra, distribución y, sobre todo, por potenciales efectos adversos severos de las vacunas.
En este sentido, los productores que negociaban con el gobierno, tanto los laboratorios privados como los gobiernos, exigieron como en otros casos que Argentina renunciara a la defensa de la inmunidad soberana (art. 2 de la ley) y se establecieran condiciones que resguardaran la indemnidad patrimonial de los productores (art. 4). En este último artículo, entre gallos y medianoches, el bloque oficialista en el Congreso agregó una oración final que detonó el acuerdo con Pfizer. En ella se dejaba constancia que el país renunciaba a la defensa de la inmunidad soberana “con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”. La palabra “negligencia”, un término vago y susceptible de interpretaciones varias, hizo que Pfizer se negara a firmar el contrato con Argentina. Según lo declarado por el gerente general de su filial local en un informe a la Cámara de Diputados meses después, este acuerdo podría haber adelantado millones de dosis para ser aplicadas en el primer trimestre de 2021.
Esta situación se resolvió recién en julio de 2021 como resultado de una creciente presión social, en especial de los padres de niños con comorbilidades que no podían aplicarse las vacunas que estaban disponibles. El gobierno, en lugar de aceptar la propuesta de los legisladores de la oposición de modificar la ley de vacunas contra el COVID, sacó un decreto que quitaba la cláusula de “negligencia” de la ley sancionada. Eso permitió que se pudiera firmar finalmente el contrato con Pfizer. Una mala ley impulsada por el gobierno, motorizada por inclinaciones ideológicas y geopolíticas, hizo retrasar siete meses la aplicación de vacunas eficaces que podrían haber evitado miles de muertes. Es difícil de comprender que los diputados del oficialismo no conocieran las consecuencias de esta última modificación. Si hubo además intencionalidad política para favorecer a las vacunas rusas y chinas es materia de conjeturas, pero el procedimiento de emergencia ad hoc para autorización de las vacunas, establecido en los artículos 8 y 9 de la ley, resultó muy sospechoso ya que se salteaban así muchos de los procedimientos habituales de la ANMAT, la autoridad regulatoria para la aprobación de nuevos fármacos o vacunas en nuestro país.
En el próximo número de Seúl, describiré los hechos sanitarios más trascendentes ocurridos a lo largo de 2021 y lo que va de 2022, para concluir con algunas reflexiones sobre lo que nos espera en la post-pandemia.
Segunda Parte
Hacia principios de noviembre de 2020 el gobierno decretó el fin de la cuarentena, pasando del ASPO al DISPO (distanciamiento social, preventivo y obligatorio), otro de los acrónimos que tuvimos que aprender. Después de casi ocho meses, con la salud y la economía en terapia intensiva y la sociedad cansada, la cuarentena como opción era ya insostenible. El gobierno ya no estaba enamorado, sino “entrampado” . Había perdido credibilidad, confianza y dilapidado su capital político. Mientras tanto, el país sufría récord diario de casos y muertes, circulación restringida, clases suspendidas, caída profunda de la actividad económica, aumento del desempleo y la pobreza. En este contexto el gobierno carecía de recursos para ofrecer alternativas, y en el peor momento de la primera ola no contaba ya con el acompañamiento social necesario. Si algo aprendimos en 2020 es que solo con el aislamiento no alcanzaba.
Inmediatamente después del fin de la cuarentena, en noviembre de 2020 el gobierno instaló la idea de que con la llegada del verano la pandemia se terminaba, y que como la vacunación estaba a la vuelta de la esquina, podíamos relajarnos. La necesidad de terminar con la pandemia para retomar su agenda política, hizo que el gobierno promoviera eventos masivos, como el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada, que enviaron señales confusas a la sociedad y condujeron al relajamiento de los comportamientos sociales aprendidos. Esto fue particularmente evidente cuando hacia fines del verano 2021 se produjo un rebrote de casos y el gobierno comenzó a culpar a los jóvenes.
En este contexto, pocos días antes de que terminara 2020, comenzó la vacunación contra COVID-19 en Argentina, precedida de anuncios épicos y exitistas por parte del presidente y por el exministro de Salud, quienes sostuvieron frente a todo el país que para fines de marzo de 2021 la población de riesgo estaría vacunada y, para junio, todos los argentinos. Algunas semanas después comenzaron a conocerse los problemas de producción de la vacuna Sputnik V, particularmente de su segundo componente, los retrasos cada vez mayores en la producción de la vacuna de Oxford – AstraZeneca elaborada en Argentina y México para la región y la caída del acuerdo comercial con Pfizer. Era evidente que Argentina no podía garantizar un flujo sostenido de vacunas para comenzar un plan de vacunación a gran escala: las dosis llegaban a cuentagotas y de manera imprevisible.
En febrero estalló uno de los grandes escándalos de la pandemia: el vacunatorio VIP. Este hecho imperdonable desde lo ético y moral erosionó de manera irreversible la confianza y credibilidad del gobierno, pegándole por debajo de la línea de flotación a una de las banderas que sostuvieron siempre su relato: la búsqueda de la equidad y la justicia social.
A esta situación de evidente corrupción se sumaron otros escándalos y contradicciones. La partidización de la campaña de vacunación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con los militantes de La Cámpora salteándose las estructuras sanitarias en los municipios gobernados por la oposición, y el apoyo que se dio desde el gobierno nacional a las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfrán en sus centros de aislamiento en la provincia de Formosa (muy parecidos a centros de detención forzada) revelaron los serios problemas éticos del gobierno que devinieron cada vez más en conflictos políticos a gran escala.
ESCUELAS, SEGUNDA OLA Y LA MISMA PIEDRA
Luego del rebote de casos producido a comienzos del verano de 2021, que encontró una nueva meseta en un nivel moderado de 4.000 – 5.000 casos por día (poco más de cien por millón de habitantes), el gobierno reanudó el ciclo escolar de manera semi-presencial y abrió las escuelas a principios marzo (en CABA las escuelas habían reabierto a mediados de febrero), pero hacia mediados de aquel mes, sin que mediara ninguna justificación epidemiológica, se promocionó el turismo masivo en el país para Semana Santa con subsidios y publicidad. Se estima que entre cuatro y cinco millones de personas se movilizaron en el país durante esos días. Como era de esperarse, debido a que la circulación viral seguía siendo todavía muy importante por la aparición de nuevas variantes como la Gamma (Manaos) y la Lambda (Andina), comenzó el rebote de casos que dio inicio a la segunda ola.
Desde abril hasta fines de mayo de 2021 los casos escalaron de manera casi geométrica, superando los 40.000 casos por día (o 700 casos por millón), casi siete veces más que comparado con mediados de febrero. Esto se tradujo en hospitalizaciones, internaciones en UTI y muertes. Como resultado de la segunda ola, se produjeron en el país más de 50.000 muertes entre principios de abril y fin de julio de 2021.
El 19 de abril el gobierno anunció en el decreto 241/2021 un nuevo aumento de las restricciones en la franja nocturna y los aforos en los espacios públicos, y tomó una de las decisiones más comprometidas de su gestión: otra vez, la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), responsabilizando a las escuelas por el aumento de casos a raíz de las aglomeraciones en las inmediaciones de los establecimientos y la logística del transporte escolar.
Esta decisión que tomó el presidente contra las recomendaciones de su ministra de Salud, del ministro de Educación y del Consejo Federal de Educación significó un quiebre definitivo en la relación entre los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital, relación que ya venía desgastada por los arbitrarios recortes a los fondos coparticipados que recibe la Ciudad. El gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta decidió no cerrar las escuelas y apeló a la Corte Suprema de Justicia invocando su autonomía sobre las decisiones educativas. La Corte le dio la razón semanas más tarde. En contraste, las escuelas de los partidos del Gran Buenos Aires volvieron al modo de clases a distancia.
En ese tiempo, algunos “científicos militantes” del oficialismo, tratando de hacer pasar un documento como si fuera del CONICET, pretendieron atribuir la diferencia de casos entre la ciudad de Buenos Aires y varios distritos del conurbano en las semanas siguientes con argumentos falaces y malintencionados, que rápidamente fueron desmentidos por la realidad epidemiológica.
Otra de las áreas donde el gobierno insistió con medidas absurdas fue el regreso de los argentinos que se encontraban en el exterior. En lugar de testearlos y aislarlos, el gobierno continuó con la reducción de vuelos y la fijación de cupos, aduciendo que muchos “no cumplían” con la cuarentena post-viaje. Así, en vez de intensificar los testeos y los controles en los puntos de entrada y en los domicilios o lugares de aislamiento de los viajeros, suspendieron vuelos, privando de la libertad de regresar al país a miles de ciudadanos durante varios meses. Y, por supuesto, culpando a los que viajaban al exterior de ser los responsables.
LA PRIMERA Y SEGUNDA OLA EN PERSPECTIVA
La primera ola de COVID-19 tuvo su pico en octubre de 2020 nunca llegó a comprometer seriamente la respuesta del sistema de salud, más allá de que algunas saturaciones específicas en la ocupación de camas de UTI en algunos distritos. En cambio, la segunda ola, con casi 90% de ocupación de camas de UTI, tuvo un impacto mucho más importante con saturación y amenaza de colapso de los hospitales en varias regiones, manteniendo en vilo al país durante mayo, junio y julio de 2021.
A partir de julio, los casos diarios comenzaron a bajar rápidamente. Con un retraso de algunas semanas debido a la historia natural de la enfermedad, también comenzaron a bajar las hospitalizaciones, la ocupación de camas de UTI y las muertes. Esto se tradujo epidemiológicamente en una gradual disminución de la positividad de las pruebas, lo cual denotaba una fuerte reducción de la circulación viral. El agotamiento de la segunda ola tuvo probablemente que ver con las restricciones, la autorregulación en el cumplimiento de conductas sociales para la higiene y prevención y, sobre todo, el avance de la campaña de vacunación.
La gestión de esta campaña del gobierno nacional merece un párrafo aparte. No sólo estuvo signada por la improvisación e imprevisión en la contratación, compra, logística, criterios inequitativos de distribución a las jurisdicciones y aplicación, sino que los anuncios exitistas, la opacidad y las mentiras recurrentes, la partidización en muchos distritos gobernados por el oficialismo, las contradicciones y ambigüedades, los escándalos éticos y la falta de empatía, hicieron de esta campaña un ejemplo mayúsculo de ineficiencia, ineptitud y corrupción ética y moral .
A partir de agosto el gobierno decidió gestionar lo sanitario, económico y social en modo electoral. Desde lo sanitario, comenzaron nuevamente a difundir un mensaje de fin de la pandemia y retorno a la normalidad, abrieron las escuelas en la provincia de Buenos Aires (la continuidad del cierre ya era insostenible) y redujeron rápidamente las restricciones y los aforos, reanudando los vuelos y permitiendo que retornaran al país los ciudadanos argentinos varados en el exterior.
LA TERCERA OLA, NUEVAS IMPROVISACIONES Y UNA PESADILLA INTERMINABLE
Al momento de escribir este artículo el país está siendo fuertemente impactado por una nueva ola. Luego del descenso que se produjo desde junio a octubre de 2021, los casos comenzaron a aumentar lenta pero persistentemente. La ola que se esperaba que ocurriera con el aumento de la variante Delta en los meses de septiembre y octubre se retrasó hasta diciembre, pero a partir de mediados de ese mes la curva de casos comenzó a empinarse en forma geométrica. Sobre el neto predominio de la variante Delta a fin de año, se montó la variante Omicron, mucho más contagiosa, aunque también menos virulenta, que a esta altura explica casi todos los casos. Si bien tenemos un promedio de casos diarios que ha venido triplicando su número en el pico de la segunda ola, en estos últimos días los números parecen haberse estabilizado y comenzado a bajar, con un impacto sobre las complicaciones graves sensiblemente menor. Esto se debe a que más de 75% de la población ha completado los esquemas de vacunación, aunque con cierta heterogeneidad según la provincia, y casi 30% ha recibido ya la tercera dosis o dosis de refuerzo.
En este sentido, a partir de julio y agosto de 2021 el suministro de vacunas, que fue exasperantemente lento e irregular en la primera mitad del año pasado, se fue normalizando. Esto permitió acelerar la campaña de vacunación para enfrentar la tercera ola mejor inmunizados a nivel poblacional. El aumento de ocupación de camas de UTI y de muertes que vimos en este último tiempo se debe probablemente al impacto de la variante Delta, que fue predominante hasta fin de 2021. Como era de esperar, las complicaciones y muertes están recayendo sobre todo en las personas no vacunadas o en quienes no completaron los esquemas de vacunación recomendados.
Nuevamente, el enorme aumento de casos de las últimas semanas, previsible por lo que se venía viendo en Europa y Estados Unidos en los últimos meses, no fue anticipado por el gobierno. Esto provocó un colapso de los centros de testeo en los distritos más afectados por la tercera ola (70% de los casos concentrados en Provincia de Buenos Aires, Capital, Córdoba y Santa Fe) por la falta de personal y de insumos. En lugar de descentralizar los testeos en la red de farmacias, autorizando las pruebas caseras, una importante herramienta de autorregulación y empoderamiento de la gente para mitigar la epidemia, el ministro de Salud de la Provincia siguió insistiendo en su prohibición porque suponía que la gente no iba a reportar los casos y por lo tanto se perdería el “control” de la trayectoria de la epidemia. También, como era de esperar, culpabilizó a la clase media por el aumento de los casos.
En el pico de esta tercera ola hace un par de semanas, con un promedio de 120.000 casos reportados diarios y 65% de positividad en los test, es probable que hayamos tenido aproximadamente 500.000 casos por día, por lo que claramente no se estaba controlando nada, al contrario de lo que creía el gobierno. Finalmente, como veníamos reclamando desde el pico de la segunda ola en mayo pasado, la ANMAT autorizó los autotests, aunque aún siguen sin estar disponibles para su comercialización. Este contexto de explosión de casos y centros de testeo colapsados obligó al gobierno a modificar los protocolos de hisopado para la detección bioquímica del virus, reemplazándolo por la “confirmación” por nexo epidemiológico para amplios sectores de la población, lo que en última instancia significa que las autoridades sanitarias decidieron resignar su capacidad de vigilancia epidemiológica para monitorear la trayectoria de la epidemia en el país.
CONCLUSIONES
La derrota electoral, primero en las PASO y luego en las elecciones generales fue, en buena medida, producida por la mala gestión de la pandemia. Más allá de las improvisaciones recurrentes, la mayor equivocación cometida por el gobierno fue aferrarse irreflexivamente al confinamiento generalizado como único recurso para mitigar el impacto de la epidemia. Esta decisión que se mantuvo durante buena parte de 2020 tuvo consecuencias negativas irreparables tanto en lo sanitario, como en lo económico y en lo social, con efectos que van a persistir seguramente por muchos años.
Lamentablemente la pandemia aún no terminó, aunque afortunadamente ya se avizora su final. Probablemente en el segundo semestre de 2022 vamos a comenzar lentamente a recuperar nuestra vieja vida, pero las heridas por los afectos que se fueron, el saldo emocional, el tiempo perdido, las consecuencias económicas y sociales y la tragedia educativa, van a tomar mucho tiempo para cicatrizar. Otras cosas, como el comercio electrónico, el teletrabajo, la educación virtual, la teleconsulta médica o cambios de hábito como el uso de barbijo, la distancia física personal, el no compartir el mate, que se aceleraron con la pandemia, llegaron para quedarse entre nosotros.
No sabemos todavía si el COVID-19 persistirá en los años venideros a través de nuevas variantes, si se transformará en una enfermedad estacional como la gripe u otras virosis respiratorias, si necesitará una vacunación anual para toda la población o grupos de mayor riesgo, o bien refuerzos periódicos. Tal vez este virus se extinga hasta que sobrevenga la próxima pandemia.
Junto con las hambrunas y las guerras, las epidemias forman parte de los miedos ancestrales del homo sapiens desde 12.000 años cuando abandonamos los bosques y las praderas, domesticamos animales y plantas y dejamos de ser nómades. Las pandemias son una consecuencia de muchos factores que se han acelerado en este siglo, entre ellos la transformación del ecosistema global, el cambio climático, la urbanización acelerada, las migraciones y, por supuesto, la globalización de las comunicaciones, el transporte y la hiperconectividad. Por eso, los gobiernos y las sociedades deben prepararse para enfrentar futuros desastres o catástrofes.
Estamos en un momento único en la historia de la humanidad. La pandemia de COVID-19 ha cambiado de raíz la agenda política, económica y social a nivel global y local. Y también ha desnudado y visibilizado los enormes problemas y limitaciones de nuestro sistema de salud, traducido en brutales e inadmisibles disparidades sanitarias que se han agravado como consecuencia de la pandemia y las restricciones. Por primera vez en la historia reciente la salud pública emerge como un tema predominante y prioritario de preocupación en la agenda de la sociedad y los gobiernos.
Finalmente, a partir de ahora se abre una serie de preguntas que pueden redefinir nuestros comportamientos sociales, la participación y el protagonismo del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y del público en general en los tiempos venideros, tanto en nuestro país como en el mundo: ¿Qué nos espera cuando todo esto termine? ¿Cambiarán tanto las cosas? ¿O será que esta pandemia, después de haber devastado a la humanidad durante estos últimos dos años, pasará finalmente sin pena ni gloria? ¿Cuál va a ser el rol del Estado y de la democracia liberal como sistema? ¿Cuánto de lo que ocurra va a estar signado, al decir de Yuval Harari, el reconocido antropólogo israelí, por el dilema entre vigilancia autoritaria de quienes gobiernan versus empoderamiento ciudadano de la sociedad en su conjunto, o entre individualismo nacionalista versus la solidaridad global, tal como se ha reflejado en la inequidad en el acceso y la distribución de las vacunas entre los países más ricos y los más pobres?
Creo que ésta es verdaderamente la encrucijada en la que estamos situados, cuya develación aún estamos lejos de conocer. Como vemos, tenemos muchas más preguntas que respuestas y muchas más incertezas que verdades, pero lamentablemente, éste es el mundo en el que nos tocará vivir en el próximo tiempo.
Primera parte publicada el 30 de enero de 2022 en Seúl.
Link https://seul.ar/balance-gestion-pandemia/
Segunda parte publicada el 6 de febrero de 2022 en Seúl.
Link https://seul.ar/balance-gestion-pandemia-parte2/
