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Opinión 03 10 2020

Cambios en la justicia


Autor: Ricardo Gil Lavedra









La iniciativa del gobierno

En el medio de la crisis sanitaria más grave que ha sufrido el país en el último medio siglo, a raíz de la pandemia del COVID 19, cuando todos los indicadores de opinión pública dan cuenta de la preocupación y de la angustia de los argentinos hacia el futuro, el gobierno Nacional ha lanzado un proyecto que llama ampulosamente de “reforma judicial”.
La iniciativa consiste básicamente en un proyecto de ley de “reordenamiento de la justicia federal con asiento en la Capital y en las provincias”, que cuenta con la aprobación del Senado y que está actualmente a estudio de la Cámara de Diputados, al que me referiré posteriormente, y la creación de un Consejo Consultivo, integrado por personalidades destacadas, aunque afines al oficialismo, que se encargará en el plazo de noventa días de aconsejar eventuales reformas respecto del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (incluyendo el número de sus miembros), del juicio por jurados y del Ministerio Público Fiscal.
La evidente inoportunidad de la discusión en un momento en que todos los esfuerzos y recursos deben estar dirigidos a morigerar los efectos catrastróficos, en el orden económico y social, que está dejando la pandemia entre los argentinos, deja al desnudo que este es un tema que interesa exclusivamente al gobierno, por razones que son fáciles de sospechar. El núcleo del proyecto de ley apunta a un reordenamiento de la justicia federal penal de la Capital, donde tramitan todas las causas por delitos de corrupción que involucran a funcionarios de la administración anterior al 2015, empezando por la propia vicepresidenta de la República. Los temas del Consejo Consultivo se dirigen al Ministerio Público Fiscal, que tiene en sus manos el impulso de la acción penal, al Consejo de la Magistratura, que es un lugar estratégico para la designación o remoción de los jueces federales, y a la Corte Suprema de Justicia, donde finalizan todos los procesos y desde donde se pueden enviar señales a los juzgados inferiores acerca del criterio del máximo tribunal.
Las intenciones no son entonces mejorar la justicia, sino nombrar jueces, fiscales, procurar controlarlos y obtener decisiones favorables en los expedientes que preocupan al oficialismo, las causas por hechos de corrupción estatal.

Las reformas judiciales en la Argentina
Por cierto, desde la recuperación democrática en la Argentina se viene discutiendo sobre reformas judiciales. La democracia en 1983 se encontró con una estructura judicial cerrada, formalista, opaca, verticalizada y con jueces burócratas, asépticos, “profesionales”. Tan profesionales que no importaba quien gobernara, daba lo mismo aplicar las normas emanadas del Congreso o de una dictadura militar. La apuesta en aquel momento fue tratar de reinsertar a la justicia en el sistema democrático, apartar aquellos casos extremos de complicidad con el régimen militar y ofrecer un puente de plata para todos aquellos que desearan desempeñarse bajo los nuevos valores y principios que ofrecía la democracia. En ese primer gobierno incluso se intentaron varias reformas importantes. Los juzgados de proximidad para las pequeñas causas, una reforma al procedimiento civil introduciendo la oralidad y el proyecto de reforma al sistema de enjuiciamiento criminal, que llevó adelante Julio Maier. Este proyecto no pudo prosperar, por la oposición del justicialismo, pero dejó una huella indeleble hacia el futuro y se proyectó a todas las reformas penales que se hicieron en América Central y América del Sur en los años siguientes, y en el derecho público provincial.
A partir de la década del noventa hubo gran cantidad de diagnósticos de los organismos multilaterales de crédito, que impulsaban las reformas llamadas “de tercera generación”, y la administración de justicia era una de ellas. En esos años hubo gran cantidad de estudios acerca de la mejor manera de hacer una administración de justicia más eficiente, más abierta y accesible. La seguridad jurídica era un valor entendido a alcanzar en esos momentos.
Los sucesivos gobiernos fueron tratando de llevar adelante esos diagnósticos, con suerte variada porque nunca existió una auténtica voluntad política de materializarlos. No obstante, se han hecho avances importantes
tanto en el orden nacional como en las provincias, aunque existe la sensación extendida de que aún falta bastante.
La última iniciativa fue la del Proyecto de Justicia 2020, una experiencia inédita de participación abierta a cualquier ciudadano a través de una plataforma digital, en la que se discutían los temas más trascendentes de
reforma judicial. Seguramente la experiencia más exitosa de Justicia 2020 fue en el ámbito de los procesos civiles de conocimiento, por medio del proceso por audiencias con oralidad efectiva, donde pudo reducirse a la mitad la duración de los procesos con un índice de satisfacción del usuario del 95%.

Los puntos de acuerdo

Después de tantos años de iniciativas y de debates entre organizaciones de la sociedad civil, sectores interesados de la justicia y autoridades políticas, se ha conformado una base de al menos seis puntos de coincidencias
mínimas.
En efecto, existe una base de acuerdo en que una reforma judicial debería apoyarse en los siguientes puntos:
1)- Procedimientos en la designación de jueces que aseguren su idoneidad e independencia, alejando la partidización política.
2)- Oralidad. No debe haber procesos escritos.
3)- Adversarialidad. El juez tiene que ser un tercero imparcial y la contienda debe trabarse entre partes.
4)- Simplificación y modernización de los trámites. Es necesario desformalizar los procedimientos, despapelizar y digitalizar todas las actuaciones.
5)- Indicadores de gestión y transparencia. Tiene que haber indicadores objetivos de la tarea de los tribunales, que permitan evaluar permanentemente su adecuado funcionamiento.
6)- Reconectar el servicio de justicia con los ciudadanos, que son el origen y el fin de la actividad jurisdiccional. Para ello resultan herramientas útiles, el juicio por jurados, audiencias públicas en la adopción de las
decisiones, y facilitar de diversas maneras el acceso a la justicia de los sectores más humildes.
Lamentablemente, pese a la existencia de este piso de acuerdos no resulta fácil avanzar en la materialización de cambios en la justicia. Intereses de índole corporativa, en algunos casos, o bien políticos en otros, han
obstaculizado el camino. En este último aspecto, a algunos gobiernos que han hecho uso de un poder político concentrado, con altas dosis de discrecionalidad, ilegalidad y corrupción, les resultaba funcional una justicia
dependiente, sin autonomía y con desempeño opaco. Las razones eran dos, por un lado la “gobernabilidad”, una justicia que no entorpeciera la marcha y las políticas del gobierno; por el otro, sencillamente la impunidad, que no se investigaran ni sancionaran los delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas ni el enriquecimiento de los funcionarios.
Por eso, en muchas oportunidades bajo la apariencia de “reformas judiciales” en realidad se enmascaraban intentos de sometimiento de los tribunales al poder político. Buena prueba de ello fue, por ejemplo, la mpliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve, en la década del noventa, bajo el pretexto de mejorar su funcionamiento. Esa Corte, conocida como la de la “mayoría automática” , convalidó a rajatabla toda la política de privatizaciones del menemismo, los desbordes institucionales, las maniobras electorales y cuanto asunto interesara al gobierno. Del mismo modo, la introducción de la SIDE como auxiliar de la justicia en los juzgados federales penales, en la misma época, prostituyó el desempeño de éstos, originando los “jueces de la servilleta” al servicio del poder. La reforma del kirchnerismo al Consejo de la Magistratura en el año 2006, reduciendo el número de sus integrantes y dando prevalencia al sector político buscó dominar este órgano para poder designar o remover jueces a voluntad. Como no resultó suficiente este reforma, se intentó luego la recordada “democratización” de la justicia, que afortunadamente no prosperó pero que intentaba directamente atar la designación de los consejeros a las mayorías populares.

La reforma judicial

El proyecto de ley que ha sido aprobado por el Senado y que se encuentra en la Cámara de Diputados para su discusión, no es precisamente una “reforma”, no hay modificación alguna a las estructuras existentes ni cambio en las reglas de procedimiento ni en las de actuación. Se trata simplemente de una gigantesca creación de cargos y órganos judiciales en la justicia federal penal de la Capital y de las provincias. Sustancialmente, con las modificaciones introducidas en el Senado, el proyecto consiste en:
a). La fusión de los fueros penal federal y penal económico de la Capital, lo que alcanza a la cifra de 23 juzgados, mas 23 tribunales nacionales penales que se encuentran vacantes, hasta alcanzar la cantidad de 46. Las dos
Cámaras existentes se unifican en una con cuatro salas.
b). Cada juzgado cuanta con una sola secretaría por lo que se desdoblan las existentes. Las causas en trámite permanecen en el lugar de radicación, los nuevos juzgados absorben la totalidad de causas que ingresen durante el lapso de un año.
c). Se crean cargos de fiscales y defensores en forma espejo a los tribunales a constituirse.
d). Esta reforma entra vigencia de inmediato, para lo cual se designan 23 jueces “subrogantes” dentro de aquellos jueces penales ordinarios que se anoten, por medio de un procedimiento que incluye a la Cámara de Casación Penal Nacional, el Consejo de la Magistratura y el Senado. Las designaciones son por un año, plazo en el que se presume que se nombrarán a los nuevos jueces, el que puede prorrogarse por seis meses más.
e). Establecer que el régimen del sistema acusatorio dispuesto por la ley 27.150, se implemente en la ciudad de Buenos Aires en el plazo de dos años, lo cual se encomienda a la Comisión Bicameral encargada de la
implementación.

f). Disponer la transferencia de las funciones penales ordinarias a la ciudad Autónoma de Buenos Aires en el plazo de tres años, facultando al Poder Ejecutivo a suscribir los acuerdos y convenios necesarios, eliminando el
fuero penal nacional cuando esto se haya producido.
g). Crear una gigantesca cantidad de órganos judiciales en la justicia federal de las provincias, nuevos juzgados, nuevas Cámaras, nuevas Salas, nuevos Tribunales orales, además de fiscalías y defensorías.
h). Creación de un tribunal de Resolución de Conflictos encargado de dirimir las cuestiones de competencia entre el fuero federal contencioso administrativo y el civil y comercial federal.

Un proyecto deplorable

Bajo la invocación de estar “licuando” el poder de los tribunales federales de la Capital, (los de “Comodoro Py”), y que así se da término a la justicia “pendular”, el gobierno alardea con esta iniciativa a la que cuesta encontrarle algún asidero.
En efecto, a mi juicio, el proyecto presenta las siguientes características: a) es conservador y reaccionario; b) es irracional; c) es inconstitucional; d) es ineficiente; e) es dispendioso; f) carece de seriedad.
El proceso inquisitivo reformado del Código de Instrucción Criminal de 1808, impulsado por Napoleón, ha perdida vigencia en casi todo el derecho occidental. Ya no rige en América ni en el derecho público provincial. En el federal se está a la espera de la implementación en todo el país del nuevo sistema acusatorio establecido por la ley 27.150. La desconcentración de los roles de acusar y de juzgar hacen al acusatorio más compatible con las reglas constitucionales, pues aseguran la imparcialidad del juez, como lo ha establecido la Corte Suprema en el caso “Quiroga”. Otorgan más racionalidad al ejercicio de la acción penal, más participación a la víctima, mejor control de las garantías del imputado y más transparencia en el desarrollo del proceso. En lugar de seguir el camino hacia el futuro, el proyecto le coloca un obstáculo serio y adhiere al ideario reaccionario del inquisitivo. La multiplicación de tribunales a la vieja usanza es un grave retroceso para la implantación definitiva del nuevo sistema y evidencia que el gobierno no quiere hacerlo. La afirmación de principios que en dos años debe estar implementado es una frase meramente retórica, desmentida por el propio proyecto.
La iniciativa es irracional, carece de todo número, cálculo o base empírica. No hay ningún estudio, ni siquiera somero respecto de la razón por la que son necesarios 46 juzgados penal federales en la Capital. El sustento es la sola voluntad de quien realiza la propuesta. Puede ser ese número o cualquier otro. Se ha despreciado olímpicamente la carga de trabajo que tienen los fueros que se fusionan. Si la ley entra en vigencia el número de 46 es absolutamente desproporcionado para la cantidad de causas existentes.
La organización de la justicia federal penal con asiento en la Capital tiene, según el proyecto, que ponerse de inmediato en ejecución, sin que se brinde ninguna razón que justifique tamaña urgencia. Para ello se prevé la designación de 23 jueces “provisorios”, a los que se denomina subrogantes aún cuando no subrogan a nadie pues los tribunales son nuevos. La Cámara de Casación Penal Nacional (no se entiende porqué este órgano y no la Casación Federal, salvo algún interés de otra índole), confecciona una lista en la que se anotan los jueces de instrucción que lo deseen, la eleva al Consejo de la Magistratura y luego se envía al Senado para
el acuerdo. Estos jueces duran un año en sus funciones que puede prorrogarse seis meses. La Corte Suprema de Justicia en varios fallos, principalmente en el caso “Uriarte” ha sostenido que los jueces subrogantes deben ser excepcionales y siempre reemplazar un tribunal existente. Hacerlo con relación a nuevos juzgados resulta claramente inconstitucional y seguramente así se declarará en el caso que la ley sea sancionada.
El proyecto mantiene en sus juzgados de origen a las causas actualmente en trámite. Pero como se desdoblan las secretarías, ya que de las dos actuales cada uno de los nuevos tribunales va a contar con solo una, los jueces que mantienen las causas de corrupción van a tener la mitad del personal. Esta circunstancia va a acarrear necesariamente demoras en los trámites y retrasos en cada uno de estos expedientes.
No hay cifras precisas acerca del costo del proyecto teniendo en cuenta los más de mil cargos que se crean y los gastos en instalaciones y equipamientos. Pero sólo en salarios se estiman unos 6000 millones anuales, y otro tanto más en instalaciones, refacciones de inmuebles e insumos. La cantidad resulta de una enorme magnitud si se la compara, por ejemplo, con la detracción que acaba de hacerse a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires (36.000 millones), y verdaderamente escandalosa cuando se advierte su innecesariedad.
Pero, además, las modificaciones que sufrió el proyecto durante el trámite en el Senado lo despojaron de toda seriedad. La idea de terminar con los juzgados multifueros en el interior, creando un juzgado penal con una de las secretarías existentes, se terminó diluyendo en una escalada de órganos y tribunales por doquier que no respondían a ningún criterio racional, sino a la necesidad de acordar con los gobernadores a cambio de apoyo al proyecto.
Así se crearon nuevas Cámaras, nuevas Salas, otros juzgados de primera instancia, tribunales orales, fiscalías y defensorías, sin ningún orden ni sentido. Un verdadero “revoleo” de tribunales que resulta imposible de sostener seriamente.

Conclusión
La justicia cumple un rol esencial dentro de un sistema democrático. Los jueces garantizan la vigencia de los derechos que reconocen las leyes y son los encargados de controlar que el desempeño de los otros poderes se ajuste a la ley. Son como una suerte de guardián calificado del proceso democrático, pues garantizan la aplicación igualitaria de la ley y que los poderes políticos no excedan las atribuciones que les confiere la Constitución.
Las iniciativas del gobierno no apuntan a fortalecer el servicio de justicia y la independencia de los jueces, sino a procurar su control. Es muy importante que las fuerzas políticas y la ciudadanía impidan que ello
ocurra, para que las palabras democracia o república no se conviertan en expresiones huecas de sentido.

Publicado en Ideas en Línea en septiembre de 2020.