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Opinión 20 04 2020

Ante el step in del Estado: también está en juego el futuro institucional del país


Autor: Bernardo Saravia Frias









Una visión: el estado de excepción permanente 

Salus populi suprema lex, decía el viejo adagio latino: en su traducción literal, la salud es la suprema ley del pueblo; en una traducción más completa, “salud” no refiere solo a la faz sanitaria, sino al “bienestar”, que comprende especialmente un adecuado funcionamiento de la economía. Es falsa la disyuntiva entre el aspecto biológico de la salud y la economía. El bienestar es la misión última de un gobierno.

Ante la emergencia, cruje el funcionamiento de los contratos y, por tanto, del mercado y de la economía. El desafío para los Estados y los actores privados es asegurar que la excepción no se convierta en regla; es decir, que no se instaure un estado de excepción permanente, en el que los acuerdos no tienen ningún valor y el ejido de actuación del Estado se expande sin límites.

Si se analizan con atención, los proliferantes paquetes de medidas de emergencia adoptados por los países más estables económicamente tienen como pivote el resguardo de los contratos (1). Aún ante el dictado de medidas extraordinarias, buscan preservar así el funcionamiento institucional, asumiendo que hay un día después en el que la reorganización de la economía es posible porque los acuerdos entre partes no han sido erosionados al punto de perder su capacidad estructurante de las relaciones económicas.

 No es cuestión de Estado fuerte o débil, ni de ideologías políticas. Es algo mucho más práctico y concreto: se trata de que el necesario step in del Estado en el mercado para lidiar con la crisis no ahogue a las empresas, que son los conductos imprescindibles para su posterior recuperación; de evitar que esa asfixia no llegue al extremo de su sustitución (por el Estado) que sufren algunos países latinoamericanos, por impericia o acción deliberada.

El modelo Argentino tras la crisis Covid-19 (y antes)

Desde antes del Covid-19, el gobierno argentino instauró un vector: en nombre de la solidaridad (un concepto con dimensión jurídico/política) propició una fuerte intervención en los contratos, en los mercados y en la economía (2).

Ese proyecto encontró en la crisis desatada por la pandemia un contexto favorable que lo potenció (3). Es el mismo proceder motorizado esta vez por la coyuntura sanitaria.

La técnica del avance regulatorio adquirió forma novedosa (u olvidada): regular la economía e intervenir los contratos a gran escala, pero de una manera sutil, que no implique una expropiación directa de los medios de producción, ni necesariamente el uso de herramientas jurídicas extremas, como la Ley de Abastecimiento.

El Estado irrumpe protagónico en un contexto crítico y con poderes de emergencia, deslindando consecuencias y responsabilidades. Actúa directamente, en ocasiones sin formalidades (no media acto administrativo) y con capacidades concentradas (sin el contralor del Congreso y el Poder Judicial que están paralizados, y de la sociedad, confinada por la pandemia). Apenas una orden verbal basta para intervenir una industria (e.g. venta dirigida de respiradores). O lo hace a través de normas que desentienden causas y efectos, como con los contratos laborales (obligación de pagar sin contraprestación) o con los contratos de alquiler (alterándose incluso contratos subordinados como la fianza).


 Mirando con cautela, para actuar en defensa de las instituciones

Estamos ante una forma de ejercer el gobierno, que precede pero que se profundiza a partir del Covid-19 (y que tiene hartos ejemplos en nuestra historia, con raíces de modelos totalitarios).

La urgencia instaura una tensión inevitable entre el sector privado y los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. La necesidad será la medida de la acción: estamos ante una de las crisis económicas más importantes de las que se tenga registro, capaz de provocar transformaciones mayúsculas y conducirnos a destinos imprevisibles.

Los Estados tienen que hacer equilibrio entre las necesidades sociales perentorias (que todavía no se alcanzan a dimensionar), límites fiscales graves (recaudación impositiva en picada, obstáculos en el acceso a los mercados de financiamiento y topes para la emisión sin inflación) y una economía exangüe.

La acción estatal a nivel federal se puede anticipar al menos en dos frentes: en los flujos financieros, particularmente en las empresas que generan divisas por exportación; y en los flujos de producción, en especial para las productoras de bienes esenciales, estableciéndoles, desde la informalidad, cómo, a qué precio y a quién vender.

Se vislumbra incluso la gravitación creciente del Estado en la demanda, como acontece en materia alimentaria, sustituyendo el poder de compra de miles de familias imposibilitadas de procurarse su propio sustento por el aislamiento forzoso ordenado por el propio Estado.

En ese marco, se debe trazar una carta de navegación. Especialmente los gobernadores, los intendentes, los legisladores (muy especialmente) y la sociedad civil (muy especialmente las empresas, pequeñas y medianas).

El desafío es enorme porque la intervención que va tomando cuerpo, si bien generalizada, es menos perceptible por no ser directa, pero avanza indefectiblemente y a paso raudo.

Hace falta una visión de estadista, que exceda la coyuntura sanitarista que ha terminado copando el concepto definitivamente más amplio que es el bienestar general, que por cierto manda nuestra Constitución Nacional.

La historia no sólo nos va a juzgar por la efectividad en controlar un virus en el corto plazo, sino también por el porvenir, que nos compromete a todos y a las generaciones futuras. Sin instituciones será huero,



1. Por ejemplo, en Estados Unidos se sancionó recientemente la denominada “CARES Act” que tiene como objetivo central asistir a personas y empresas afectadas por el Covid-19. Sus regulaciones tienden a vulnerar lo menos posible toda la trama contractual sobre la que se asienta la economía.

2. La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva N° 27.541 otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Nacional que le permiten regular sobre varios sectores de la economía, al punto tal de incidir en el día a día de los negocios y modificar las relaciones contractuales.

3. El Decreto de Necesidad Urgencia N° 260 amplió la emergencia sanitaria prevista en la Ley N° 27.541 en virtud del Covid-19 y otorgó facultades extraordinarias a distintos organismos de las Administración Pública Nacional.