El debate sobre la transferencia de líneas de colectivos de la nación a la Ciudad de Buenos Aires no es un debate nuevo. En el 2012, ya se había planteado cuando se transfirió, entre otros servicios, el control de la concesión de subterráneos a la Ciudad. Complementariamente se había creado una agencia del transporte metropolitano, tripartita y consultiva, pero que no llegó a traducir una estrategia articulada, explícita, con definición de prioridades, tanto en proyectos digamos, como en la asignación de recursos. Más tarde también, aunque no se puso en práctica, el proyecto del presupuesto nacional, presentado en 2018 para 2019, bajo el criterio de déficit cero, establecía que cada provincia debía hacerse cargo del financiamiento de los respectivos servicios.
Por supuesto que en varias áreas metropolitanas del mundo, existen subsidios al transporte público, por razones sociales, ambientales, y de eficiencia en la prestación de servicios, pero siempre queda abierto un debate, sobre quién subsidia a quién, y en qué proporción. En algunos casos como en Londres, que hay un subsidio cruzado, con los ingresos que genera una carga a la congestión de los autos particulares, que en general además, los antecedentes exitosos, están asociados a innovaciones permanentes, en la cobertura de servicios, y en la forma de articular movilidad y de desarrollo urbano.
Por supuesto que la pandemia generó restricciones, y necesidad de atender con mayores niveles de fondos públicos a la red de transporte en todo el mundo. En nuestro caso además se sumó la inflación, y un aumento de las diferencias de subsidio por distritos, y por supuesto una restricción también en los ingresos de muchos hogares. Así que desde ya, que es necesario tomar medidas que permitan garantizar los servicios, en un marco de equidad en la asignación de los fondos públicos, pero es necesario hacerlo en una transición que contemple los criterios de fondo, con los que se financia el sistema de movilidad urbana, nacional y metropolitana. Puede ser una estrategia, una oportunidad, para hacer una estrategia profunda e innovadora de movilidad, y un debate de fondo, sobre la coparticipación federal, cuya última ley provisoria fue sancionada en 1988, pero merece una discusión a la altura, sin especulaciones de corto plazo, y con la mirada en los usuarios, pensando que son más de 20 millones de viajes diarios que se realizan en el área metropolitana de Buenos Aires.
