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Opinión 29 10 2016

Gradualismo y Oportunidades: la Revisión Tarifaria de EDENOR y EDESUR


Autor: Alejandro Einstoss









La Argentina presenta, desde la ruptura de contratos producto de la crisis de 2002, un marco de incertidumbre regulatoria, que se refleja en la vigencia luego de 14 años de la Ley de Emergencia económica sancionada el 6 de enero de 2002.

La vigencia de esta ley, y decisiones posteriores de política pública han impedido finalizar la renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos que la misma ley de emergencia ordena realizar.

En el segmento de distribución eléctrica, el congelamiento tarifario sólo se ha registrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –área de concesión de EDENOR y EDESUR– mientras que distribuidoras eléctricas de otras regiones del país han actualizado e incrementado sus tarifas periódicamente.

Dicha situación ha generado una inequidad tarifaria entre los usuarios del interior del país y los usuarios del AMBA.

Si bien el precio subsidiado de generación eléctrica es el mismo para todo el país, un usuario residencial del Gran Buenos Aires en 2015 pagaba por el servicio eléctrico la sexta parte que un usuario en Santa Fe y casi la tercera parte que el promedio nacional.

Al mismo tiempo, y en términos regionales, el congelamiento de tarifas en un contexto de inflación creciente permitió que las tarifas de EDENOR y EDESUR sean las más bajas de la región luego de Venezuela y Paraguay. Por ejemplo, un usuario del AMBA con un consumo de 300 kw/h/mes, paga la tercera parte de lo que pagaría en Colombia o en Brasil, mientras en Uruguay la tarifa es cinco veces superior.

Comparaciones similares pueden hacerse para usuarios comerciales e industriales.

Por más de una década, el sector eléctrico en general y el segmento de distribución eléctrico en particular no tuvieron un sistema de regulación de tarifas que refleje razonablemente los costos asociados a la prestación del servicio.

Esto produjo el desequilibrio de la ecuación económico-financiera de las empresas y su consecuente descapitalización, así como, el fuerte deterioro de la calidad del servicio percibido por los usuarios.

Resultados operativos negativos recurrentes en los balances de ambas empresas reflejan esta situación, y si bien EDENOR y EDESUR muestran resultados positivos en el ejercicio 2015, esto es resultado de emparches regulatorios por los cuales se reconocieron ingresos “no tarifarios” que permitieron compensar –en parte– la deuda que las empresas mantienen con CAMMESA y con el Estado Nacional.

Estos parches no solucionan los problemas de caja de EDENOR y EDESUR, que para mantener una precaria normalidad de los servicios, financiar sus inversiones y hasta pagar sueldos, dependen de transferencias del Estado Nacional. Esto implica un subsidio de todo el país a los usuarios del área de concesión de EDENOR y EDESUR.

Una sucesión de Resoluciones, Disposiciones, Fondos Fiduciarios, Cargos fijos, mezcladas con opacas compensaciones y transferencias, conforman un verdadero desquicio regulatorio que recibió la actual administración y de la cual no se puede salir de la noche a la mañana.

En un cambio de paradigma, durante el mes de diciembre de 2015, el nuevo Gobierno Nacional declaró la Emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017, a fin de “adoptar las medidas conducentes para mejorar la calidad y garantizar la prestación del servicio”.

Asimismo, insta al ENRE para que la RTI –Revisión Tarifaria Integral–  que se encuentra en pleno desarrollo, finalice y entre en vigencia antes del 31 de diciembre de 2016.

Para ello el Ministerio de Energía y Minería fijó nuevos precios estacionales de referencia de potencia y energía, que ahora reflejan aproximadamente el 30% del real costo de generación de energía y potencia.

Dichos precios fueron transferidos a tarifas en febrero pasado, incluyendo un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD) –que es la parte de la factura de luz que retienen como ingresos propios las empresas distribuidoras–. Al mismo tiempo, se incorporó un esquema de estímulos al uso eficiente de energía mediante descuentos en función de ahorros en el consumo, y un esquema de Tarifa social.

Así las cosas, EDENOR y EDESUR presentan en la Audiencia Pública, sus respectivas propuestas de recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD), determinando para ello una Base Tarifaria en función del desempeño de una empresa “modelo” o “eficiente” en función de los parámetros establecidos por el Ente Regulador.

Será muy importante que el Organismo Regulador presente, con posterioridad a la Audiencia Pública, un documento en el cual emita opinión técnica en relación a aspectos centrales de las propuestas de las empresas.  En particular, sobre la pertinencia de los programas de inversiones previstos, las tasas de rentabilidad solicitadas y sobre la metodología utilizada para la determinación de la “Base de Capital” sobre la cual se aplicará la tasa de rentabilidad esperada.

La opinión del Ente sobre estos aspectos disipará toda duda en relación a la existencia de lo que en la literatura regulatoria se denomina “efecto ratchet”, es decir los incentivos que tienen las empresas reguladas a sobre declarar sus costos de operación, si es que el regulador utiliza ésta información para fijar nuevas tarifas.

Los anteriores son aspectos relevantes, al momento de fijar el próximo cuadro de tarifas y cuya valoración por parte de los usuarios se facilitará mediante la interpretación técnica del Organismo Regulador.

En este punto es necesario detenerse en algunos aspectos que considero centrales de las propuestas elevadas por las empresas en el marco de la Audiencia Pública.

 

¿Gradualismo?

La factura de luz se integra básicamente de tres componentes, el Valor Agregado de Distribución –cuya propuesta de actualización se discute en la audiencia pública– el cargo por transporte de la energía y el valor de generación.

Las empresas presentan una propuesta en la cual los ingresos anuales proyectados de la compañía para el próximo quinquenio (VAD anual), se incrementaría en un 80,8% promedio, considerando aumentos para todas las categorías de usuario.

Sin embargo, el aumento del VAD propuesto a usuarios residenciales es del 303%, lo cual tendría un efecto promedio sobre factura del 74%, un porcentaje muy superior que el 30,5% que se presenta como impacto promedio del aumento para todas las categorías.

Al mismo tiempo, las magnitudes de los aumentos presentados hacen referencia a comparaciones entre tarifas plenas, pero si se considera el efecto sobre aquellos usuarios de bajo consumo, tarifa social o que han recibido descuentos por ahorros de consumo, el efecto del aumento de tarifas podría ser sustancialmente mayor por el efecto del aumento de los cargos fijos y la facturación mensual del servicio.

Un par de ejemplos aclaratorios de lo anterior. Para el caso de un usuario residencial con consumo de 150 kw/h/mes que recibe descuentos por ahorros en el consumo de energía, actualmente abona una factura sin impuestos de $ 75.-. Luego del aumento propuesto su factura se incrementará aproximadamente  en un 180%, pasando a abonar $250.

Del mismo modo,  un usuario promedio de 300 kw/h/mes que también goza de descuentos por ahorros de energía y que según  tarifa vigente abona una factura sin impuestos de $130,  luego del aumento propuesto su factura ascenderá a $360, un aumento del 200%. En ambos casos el aumento efectivo porcentual superaría el efecto promedio sobre factura propuesto.

En particular, los beneficiarios de la tarifa social podrían ver importantes incrementos en sus facturas como consecuencia del aumento del cargo fijo en factura.

Por lo tanto, es necesario que las autoridades de aplicación consideren el efecto de los aumentos propuestos sobre los usuarios de menores consumos, con tarifa social y con descuentos por ahorros.

Al mismo tiempo el Valor Agregado de Distribución es solo uno de los eslabones que conforma la cadena de abastecimiento eléctrico y a los aumentos que se proponen se sumaran en breve los correspondientes al transporte de energía y la necesaria recomposición del valor de generación.

La aplicación plena de los aumentos en cada uno de los eslabones, si bien restablecerían la “normalidad regulatoria” y permitiría una mejor calidad del servicio, seria socialmente cuestionable. Significaría una sumatoria de aumentos sobre la factura de luz de los usuarios, que podría generar reclamos, dado que el mayor peso de los aumentos recae sobre los usuarios residenciales de menor consumo.

Por lo tanto, gradualidad en la recomposición de precios y tarifas aparece como el único camino a recorrer.

 

Las Oportunidades

La actual revisión tarifaria aparece como una gran oportunidad en varios aspectos.

Es una oportunidad para retomar un camino de normalidad regulatoria, a través de un proceso de revisión tarifaria transparente en el cual se fortalezca la participación de los usuarios, mediante el acceso a la información de manera amplia, no solo al momento de la Revisión Integral, sino que también se deberían contemplar mecanismos de acceso a la información de desempeño de las empresas que permita recrear la confianza entre los usuarios y las distribuidoras.

Al mismo es una oportunidad para recomponer la credibilidad del Ente Regulador, la fijación de un nuevo cuadro tarifario realista, cumplible y socialmente aplicable es el primer paso en este sentido.

Esto permitirá la realización de las inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio a usuarios y recomponer razonables márgenes de rentabilidad a las empresas.

En este sentido finalizar el proceso de normalización del ENRE y que sean las nuevas autoridades las que aprueben y apliquen el nuevo cuadro de tarifas, dará legitimidad de origen al acto administrativo.

Es también una oportunidad de generar incentivos al uso racional de la energía. La tarifa por medidor auto administrado propuesta por EDENOR aparece como un mecanismo superador a la implementación de descuentos y topes que han observado pobres resultados a los objetivos previstos.

Finalmente, y si bien la normativa prevé que los nuevos cuadros tarifarios deben entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2017, es necesario repensar la oportunidad estacional de la aplicación de los aumentos.

No tropecemos con la misma piedra y aprendamos de las lecciones durante la aplicación de las nuevas tarifas de gas natural.

Aumentos de tarifas razonables, graduales y que tomen en cuenta la capacidad de pago de la población, generará un abanico de oportunidades que no deberíamos desaprovechar.

 

Alejandro Einstoss Tinto es Consultor y experto en regulación de servicios públicos.