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Opinión 06 04 2017

Hacia la organización del sistema federal de atención para emergencias y catástrofes ambientales


Autor: Ricardo Rebagliati









Fenómenos de ocurrencia actual o muy reciente y cuyas consecuencias se manifiestan hoy con total gravedad, nos impulsan a luchar para morigerar el impacto negativo producido por desastres naturales que afectan a la población y al ambiente.

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas señala que estos son fenómenos globales y que lejos de reducirse, tienen una tendencia a incrementarse en cuanto a su extensión, frecuencia e intensidad. El 18 de marzo del año 2015, Naciones Unidas, al celebrarse la Tercera Conferencia Mundial en Sendai, Japón, se adopta el “Marco de Sendai” para la reducción de desastres en el período 2015-2030, cuyas prioridades para la acción son: “comprender los riesgos, reforzar la gobernanza, el manejo del riesgo e invertir en la reducción del riesgo para incrementar la resiliencia y la intensificación para una efectiva respuesta y mejorar la reconstrucción y la rehabilitación”.

Las inundaciones periódicas que se registran en diferentes regiones de nuestro país y la  demanda de coordinación de las acciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades de la población afectada, exigen profundizar en el análisis de los fenómenos, algunos recurrentes y muchas veces predecibles.

Hace décadas atrás, la erupción del volcán Hudson colocó en una crítica situación a la población de Santa Cruz exponiéndola a un enorme padecimiento. Recientemente, pese a los años trascurridos, las erupciones del Puyehue sometieron con crudeza a parte la población de Río Negro y Neuquén a situaciones extremas con riesgos para la salud humana y grandes pérdidas económicas, sin que la Sociedad mostrara mejor preparación para reducir su vulnerabilidad.

El conocimiento tecnológico y los medios disponibles no permiten aun prever la ocurrencia de estos fenómenos y en el caso de que esto fuera posible, la magnitud del mismo hace que resulte inevitable. No obstante, cabe preguntarse si debemos solo “esperar” la ocurrencia para organizar la respuesta. Contrariamente, el proceso de gestión de riesgos permitiría preparar anticipadamente a la Sociedad potencialmente afectada mediante la evaluación previa, la adopción de medidas de mitigación, la realización de una planificación estratégica y un equipamiento y distribución de recursos en base a una logística que torne más eficaz la respuesta. En definitiva, la reducción del riesgo en base a la reducción del grado de exposición y consecuentemente la vulnerabilidad, para así aumentar la resiliencia.

Los movimientos sísmicos, las grandes inundaciones y sequías, los incendios forestales, el colapso de represas y embalses, los derrames de petróleo, los accidentes nucleares, la contaminación con sustancias tóxicas, son sólo algunos ejemplos de una cantidad de peligros que acechan la vida de la población, sus bienes y actividades y la potencialidad de uso y recuperación de los recursos naturales y los procesos esenciales para la vida.

En algunos casos se trata de fenómenos naturales de difícil predicción y de más difícil control de su desarrollo y efectos.

En otros casos, como la emisión de sustancias tóxicas o el colapso de un embalse, las causas pueden atribuirse a negligencia humana o a riesgos indebidamente evaluados.

Los objetivos deben ser “Constituir un ámbito de coordinación dirigido a evitar o reducir la pérdida de vidas humanas, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas causadas por fenómenos de origen natural o antrópico” y “Mejorar la gestión de gobierno, estableciendo una coordinación a nivel nacional, provincial y local de todos los sectores con competencia en la materia, mediante la formulación de políticas y la definición de cursos de acción coordinados e integrales para prevenir, mitigar y asistir desde el Estado a los afectados por emergencias, optimizando la asignación de recursos”.

Nuestro país cuenta con un Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), constituido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°1.250 del año 1.999. El mismo dispuso la creación luego de las inundaciones ocurridas durante el año 1.998.

Designaba como Autoridad a la Jefatura de Ministros, máxima autoridad convocante debajo de la autoridad presidencial.

El Decreto establece la constitución del GADE, gabinete de “emergencias”, que ya desde su nombre se encuentra asociado ineludiblemente a la “atención de la emergencia”.

Durante años no se reunió el SIFEM o si lo hizo, no funcionó más allá de la atención de las emergencias una vez ocurrido el evento que la provoca.

Por otra parte, diversas reestructuraciones de gabinetes, llevaron la coordinación del SIFEM a depender de un ministerio u otro, con las limitaciones que surgen al reducirse, de esta forma, la capacidad de convocatoria para realizar la coordinación con los restantes ministerios. El Gobierno dispuso su reactivación y reorganización ni bien iniciada su gestión.

En mi opinión se requiere, además, la sanción de una Ley que disponga la creación de una Agencia especializada que debería encargarse de coordinar la totalidad de tareas que permitan la adopción del enfoque y los procesos de gestión de riesgo, de forma tal que se promueva su incorporación en todas las políticas públicas, en todos los niveles de gestión (nacional, provincial y municipal o local) y por parte de la totalidad de sujetos responsables, sean estos públicos, privados, civiles y los habitantes de la República en general.

De existir un “sistema” que estudie y planifique con anticipación mediante el análisis y la evaluación de las amenazas, planifique apropiadamente las medidas de mitigación y reducción de riesgos y luego un “mecanismo” que se dispare cada vez que ocurra una emergencia ambiental, podrá optimizarse enormemente la respuesta de la Sociedad para la atención de la misma.

Para comenzar, basta con un registro actualizado de instituciones y de especialistas por tarea cuya idoneidad y capacitación técnica estén probadas y con una autoridad responsable de convocar y coordinar, es decir, de ordenar los análisis de riesgo produciendo mapas de riesgo, protocolos de acción, capacitación, entrenamiento y equipamiento, entre otros.

Luego, ante la ocurrencia de un evento, esa autoridad se encargará de  “disparar” el mecanismo que permita realizar  una pronta respuesta, ya organizada previamente,  y canalizar la ayuda del conjunto de organismos públicos y privados, y la colaboración solidaria de la ciudadanía en su conjunto.

No se debe desaprovechar el tiempo “entre emergencias”, es decir, el período que transcurre desde la ocurrencia de una catástrofe hasta la repetición de la misma. Ese tiempo puede y debe ser utilizado para el estudio de las áreas de riesgo, la zonificación, la categorización, la planificación de medidas estructurales y no estructurales de mitigación, la organización del sistema de respuesta, el entrenamiento de sus integrantes, la producción de manuales de operación y de material de difusión, las campañas públicas y el equipamiento del sistema.

Finalmente, existe un período particular que abarca un tiempo posterior a la ocurrencia del fenómeno, en el cual persisten los efectos negativos y deben también ser objeto de un adecuado tratamiento y planificación.

La sanción de una ley puede garantizar llegar más allá de lo que permite un decreto incorporando figuras como la definición de “desastre ambiental”, los términos para su declaratoria, las facultades del Honorable Congreso de la Nación para intervenir, las definiciones de los términos empleados a efectos de la correcta interpretación jurídica de la norma y el establecimiento de la obligatoriedad de colaboración de los particulares, entre otras.

Por otra parte, las construcciones consensuadas en el Honorable Congreso de la Nación fortalecerían a su vez, la adhesión de los estados federales cuyo compromiso y participación resultan indispensables para la organización y el funcionamiento del sistema.