Uno de los principales activos del gobierno de Cambiemos fue haber normalizado los entes reguladores y la ley de emergencia que acaba de aprobar el Congreso los vuelve a intervenir.
El ENRE y el ENARGAS estuvieron intervenidos diez años, entre el 2007 y el 2017, y en el año ’17 se volvieron a conformar los directorios de los dos entes a través de concursos públicos de antecedentes con acuerdos del Congreso como marca la ley.
Volver a intervenir los entes reguladores es sin duda un error, un paso atrás que rompe nuevamente los marcos regulatorios y expone al Estado Nacional a pasivos contingentes a partir de los reclamos de las empresas concesionadas. Además, una intervención no sólo tiene injerencia o aplica a la fijación de tarifas sino que también impacta en el proceso de inversión y por ende en la calidad futura de los servicios públicos que vamos a recibir.
Tres comentarios. El primero, no era necesario intervenir los entes reguladores para aplazar o postergar los aumentos de tarifas, modificar la estructura tarifaria o incluso negociar los contratos con las empresas. Segundo, los antecedentes de la intervención en la historia reciente no son buenos empeoraron todos los indicadores de calidad existieron problemas de control a las empresas y de aplicar sanciones. Finalmente, intervenir los entes abre una peligrosa ventana de discrecionalidad, no sólo porque va a poner a las empresas a disposición de la voluntad del funcionario de turno, sino porque podría flexibilizar los procesos de compra y contrataciones de cualquier obra de infraestructura sobre la red de gasoductos o de red eléctrica.
