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23 12 2019

Solidaridad con Kristalina


Autor: Luis Quevedo









¿Y si consideramos la verdad como una opción?  Intentemos. La denominada Ley de solidaridad y reactivación se parece más a un ajuste fiscal, condición necesaria (no suficiente) para la renegociación de la deuda con el FMI.

Ajuste que se asienta en dos pilares: incremento de las retenciones y de impuestos varios que castigarán a los sectores medios estructurados de la economía, por una parte; y congelamiento de la movilidad del sistema previsional raso (no entran los regímenes especiales o de privilegio) por 180 días, por otra, con un aumento de una suma fija para los haberes mínimos que perciben hoy el casi 50% de los jubilados y pensionados. ¿El otro 50?, bien gracias, a tiro de decreto, ingresando al club de los solidarios.  Solidarios con Kristalina Georgieva, flamante titular del Fondo.

De la reactivación, ni noticias. A no ser que se considere que la duplicación por seis meses de las indemnizaciones por despido, el cepo total  agravado con impuestos al dólar por cinco años, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por 180 días, la habilitación a las administraciones provinciales para incrementar sus impuestos y tasas, la delegación de poderes al Ejecutivo para que gobierne por decreto como nunca antes desde 1983, y la devaluación del 30% sean medidas impulsoras de la inversión y activadoras de la producción y el consumo. Interesante.

Tampoco aporta a la reactivación la ausencia de un plan integral o, al menos, la existencia de un presupuesto. Todo el debate de la ley fue a oscuras. Apagón de cifras.

Los diversos cálculos realizados por especialistas y consultores que se han conocido en estos días indican que el paquete de medidas representa un ajuste fiscal que oscila entre 1,5 y algo más 2,0% del PIB. De cumplirse estas proyecciones 2020 concluiría con un superávit primario de alrededor 0,6-0,8% del PBI. Este objetivo de reducción de déficit es muy similar al que obtuvo la administración de Cambiemos en el último año de gestión.

El dato relevante y positivo es que el Gobierno ha reconocido la necesidad de ajustar el gasto fiscal y parece persuadido de que la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento, tiene mucho que ver con la aceleración de los precios. Si Cambiemos ajustaba el déficit fiscal se llamaba insensibilidad social, si el FDT ajusta se llama solidaridad.

La delegación de facultades -“estado de sitio económico” como lo denominó un destacado jurista-, es innecesaria. Está más destinada a fortalecer la imagen presidencial en la disputa interna de los peronismos gobernantes que a controlar los corcoveos económicos.

La coyuntura dista mucho de la descripción trágica que el oficialismo pretende imponer. Aún en recesión y con alta inflación, los datos duros demuestran que el Gobierno de Cambiemos recuperó el superávit de la balanza comercial, deja más del doble de reservas en el Banco Central que las que recibió, recuperó el precio relativo de las tarifas y la matriz energética (ahora exportamos gas), deja un dólar competitivo, ajustó el déficit fiscal primario sin suprimir la movilidad del sistema previsional y, más aún, luego de haber realizado la reparación histórica. Antes del 11 de agosto la economía había comenzado a crecer y la inflación estaba en baja, logros alcanzados sin ninguna ley de emergencia económica.  La excepcionalidad de las normas entraña riesgos, bajo estas figuras se han perpetrado en el pasado reciente desvaríos macroeconómicos que se pretendían evitar.

En síntesis, más allá de las palabras oficiales, la ley sancionada antes que el objetivo de solidaridad y reactivación, tiene como propósito lograr una ambiciosa meta fiscal que permita, sobre esa base, iniciar una conversación con los acreedores. Nada de equidad, nada de republicanismo.

En la última temporada de la excelente serie británica The Crown hay una escena en donde el Primer Ministro Laborista Harold Wilson y la Reina, conversan a solas en Buckingham. “A nosotros, dice Wilson, nos pagan por resolver más crisis que las que generamos”.  Convendría que el Gobierno lo considere pensando en el día 181 de entrada en vigencia de esta Ley.

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