En materia energética el gobierno de Cambiemos podrá mostrar como su máximo logro haber recuperado un frágil autoabastecimiento, que tiene su reflejo en el equilibrio del balance comercial energético después de casi 20 años y de un déficit recibido de más de USD 6900 millones en 2015.
Pero también merecen mencionarse como puntos a favor: la recomposición de los márgenes de reserva de generación de energía eléctrica, la recomposición de las tarifas reguladas de transporte y distribución de gas y electricidad que permitieron mejorar los calamitosos índices de calidad, el impulso al desarrollo de energías renovables, la realización de revisiones tarifarias integrales, la normalización de los entes reguladores, y finalmente la implementación de subastas competitivas como mecanismo de fijación del precio rector de la económica energética (el precio del gas).
En el debe, el problema de los precios y tarifas de la energía aparece sin solución de corto plazo en un contexto de alta inflación y de fatiga social sobre el tema.
Pero más allá de hacer una recopilación de la política energética de los últimos años, es importante analizar las posibles consecuencias de la iniciativa de ley de emergencia del Gobierno Nacional.
En relación a la emergencia energética el proyecto de ley en su artículo segundo establece:
“Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.
Luego en su Título III: Sector Energético, el proyecto implica básicamente cuatro aspectos:
- Se continúa postergando cualquier modificación tarifaria, continuando el criterio establecido hacia el final de la Administración anterior.
- Se faculta al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o a iniciar una revisión extraordinaria en el marco de las normativas vigentes, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020.
- Se intervienen los Entes Reguladores del Gas (ENARGAS) y de la electricidad (ENRE).
- Se suspende la transferencia de las empresas Edenor y Edesur a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, manteniendo el ENRE su competencia sobre el servicio público mientras dure la emergencia.
- El congelamiento y la reestructuración tarifaria.
El gobierno de Cambiemos finalizó con un virtual congelamiento de precios de la energía: energía eléctrica hasta abril 2020 y gas natural hasta enero 2020.
Los aumentos correspondientes a transporte y distribución del servicio eléctrico y de gas también han sido postergados. Por lo tanto, no es necesario una emergencia económica y/o tarifaria para posponer aumentos y/o modificar las estructuras tarifarias. Existen los instrumentos administrativos y regulatorios para hacerlo.
Si bien el congelamiento en principio será por 180 días, más de una década de congelamientos de precios y tarifas ponen en duda la voluntad política de realizar un incremento tarifario de la magnitud necesaria en el día 181.
En este punto es necesario recordar que el gobierno saliente deja niveles tarifarios que cubren el 60% del costo de abastecimiento de gas natural (53% para residenciales) y el 48% del costo de generación eléctrica, versus niveles de cobertura tarifaria mínimos en 2015. Recordemos que un usuario residencial pagaba solo el 10% del costo del gas natural y el 15% de la energía eléctrica. Esta reducción representó un enorme esfuerzo social, que no debería perderse.
La tentación de un congelamiento sin fecha límite, sumergiría al sector energético en las peores prácticas del periodo 2003-2015, que hicieron que el país perdiera el autoabastecimiento energético, perdiera el superávit externo (por importaciones de energía), perdiera el superávit fiscal (por subsidios a la energía) y sumergió a la economía en una estanflación que hasta ahora no encuentra salida.
Pero el escenario actual es muy distinto al del 2003: no hay margen fiscal para el pago de subsidios, tampoco dólares para financiar importaciones.
Congelar y pesificar indefinidamente el precio de la energía y en particular el del gas natural aniquilará cualquier incentivo a la inversión y en particular en Vaca Muerta -que explica la totalidad del crecimiento reciente de la producción de gas- y podría sumergir al sector energético en una espiral de menos inversión, menos producción y más importaciones que terminaría por empeorar el escenario.
Además, el congelamiento de las tarifas reguladas de transporte y distribución será negativo por lo siguiente:
- La suspensión del plan de obras comprometido en las revisiones tarifarias tendrá -más temprano que tarde- efectos severos en la calidad del servicio (cortes de suministro).
- Abre las puertas a pasivos contingentes a partir de reclamos de las empresas, los que se podrían potenciar por la caída de los acuerdos alcanzados en la última revisión tarifaria del 2017 respecto a los reclamos del periodo 2003-2015.
En relación a las facultades para renegociar o realizar revisiones tarifarias extraordinarias, las leyes y marcos regulatorios del gas y la energía eléctrica vigentes prevén expresamente esta posibilidad, por lo cual tampoco aparece necesaria la declaración de emergencia por esta causa.
- Sobre la intervención de los entes reguladores
Uno de los principales activos del gobierno que finalizó el 10 de diciembre fue la normalización de los entes reguladores.
Los entes estuvieron intervenidos durante 10 años a partir del decreto 571/2007 del presidente Néstor Kirchner, hasta que el 28 de julio de 2017 -por decreto 597/17 del Presidente Macri y luego de los concursos públicos y abiertos de antecedentes que marca la regulación vigente-, se volvieron a conformar los directorios del ENARGAS y el ENRE.
En las comisiones de evaluación de los postulantes participaron expertos del sector energético provenientes del ámbito académico, industrial y gremial. Para el caso de la selección de los presidentes de los entes participaron los ex secretarios de energía pertenecientes a distintos espacios políticos.
Los entes reguladores son unidades autárquicas que dependen funcionalmente de la Secretaria de Energía. Intervenirlos nuevamente es un paso atrás que en pocos años volvería a romper los marcos regulatorios, otorgando discrecionalidad a la regulación de los servicios públicos. La intervención excede a la fijación de tarifas y afecta también al proceso de inversión en las redes de prestación y a la calidad de servicio en protección al usuario.
La experiencia reciente muestra que la discrecionalidad derivada de la intervención de los entes empeoró todos los indicadores de servicio y se evidenciaron importantes fallas en el control y en las sanciones a las empresas. Además, a partir del congelamiento tarifario las empresas pasaron a depender de la entrega de subsidios a voluntad de los funcionarios de turno.
La aplicación de la técnica regulatoria no solo cuida al usuario, sino que busca un equilibrio que permita a las empresas invertir, prestar un servicio de calidad y, en resumen, mantener la prestación del servicio público concesionado.
Por lo tanto, en la actualidad no hay razones que justifiquen una nueva intervención.
Finalmente, la intervención de los entes podría tener implicancias en flexibilización de las condiciones de compras y contrataciones de obras de infraestructura que afecten a las redes de prestación reguladas por el ENRE y ENARGAS. La construcción de gasoductos y de líneas de alta tensión son solo algunos malos ejemplos de la historia reciente y que deberían ser tomados en cuenta durante el debate de la iniciativa de emergencia del Gobierno.
Finalmente, el problema de los precios y las tarifas no encontrarán solución en entornos macroeconómicos inestables, de alta inflación o de fuertes variaciones del tipo de cambio. La estabilidad macro es una condición necesaria en el diseño y aplicación de cualquier estructura de tarifas.
La historia reciente nos brinda evidencias y enseñanzas: la solución no está en el facilismo de la ruptura de normas y contratos, ni en el congelamiento que solo será un alivio temporal. Las consecuencias serán inevitables: la descapitalización de un sector capital intensivo y la caída en la producción de energía nos tocarán a la puerta para cobrarnos en forma de cortes de servicios, déficit fiscal, inflación e importaciones.
No tomemos atajos facilistas, no repitamos errores, emergencia energética: no.
