jueves 18 de abril de 2024
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No existe una paritaria nacional docente

No voy a decir nada nuevo que no “haya dicho” o “hayan dicho”. Pero necesitaba después de leer a varios en diversos ámbitos, decir algo de lo que pienso. Sin dudas los aportes de muchos sirvieron para hacerme reflexionar aún manteniendo algunas de mis ideas previas. Muchas de ellas ya forman parte de este blog.
No existe una paritaria nacional docente. Seguramente varios irán directo a mi yugular. Tranquilos. Hay un desarrollo que puede no sea el mejor pero aún así, está bien intencionado. Para unos cuantos parece una discusión ontológica (he leído los importantes aportes de Manuel Becerra). Es cierto pero para mí es un poco más que eso. De hecho nunca se entend muy bien qué es lo que hacen gremios docentes y estado nacional en ese ámbito. Y en general, todo quedó reducido, mediáticamente o por los propios actores, a una discusión meramente salarial. Creo que sería bueno especificar qué se hará a partir de ahora, en una discusión como la que el nuevo gobierno reflota y el anterior denegaba. Pero fundamentalmente, sería importantísimo utilizar bien el lenguaje ya que las palabras construyen realidad.
No es una paritaria. Las paritarias son comisiones integradas en número igual por representantes de trabajadores y de la “patronal” que tienen la facultad para analizar puntos específicos de la relación laboral (salarios, condiciones de trabajo, etc), intervenir en conflictos y modificar convenios colectivos de trabajo.
Los maestros están representados por los gremios (en este caso sólo con personería gremial nacional) frente a la “patronal” (horrible concepto para mí en este ámbito), el Estado federal, que no tiene empleados docentes. ¿What? Primer elemento que provoca un problema y por el cuál se dificulta considerarlo una paritaria. ¿Debe existir este espacio? Aún con algunas dudas de mi parte, si es que es un aporte para mejorar la inversión en Educación y sólo si sirve y no complica, entonces podría existir pero debería llamarse de otra manera.
Reitero, no es menor cómo llamamos a las cosas. El nombre ordena, explica lo que es. Si utilizamos la misma palabra para todo nos confunde y terminamos creando un berenjenal que nadie entiende de lo que estamos hablando y para qué lo hacemos.
Por lo tanto, allí no se fija el salario de un maestro en cada jurisdicción. Durante años se intentó fijar un piso salarial (el salario mínimo que debe cobrar un docente en cualquier punto del país) que en definitiva tal como lo he planteado en otros textos de este blog complica siempre las negociaciones salariales entre los verdaderos “empleadores”, las provincias y los trabajadores, los docentes. También eso podría revisarse.
Pero no es menos cierto que en esa mesa de concertación se fija (podría seguir fijándose) una forma de compensación con recursos del Estado federal para compensar las desigualdades entre provincias en términos de inversión educativa. Una vez más: no es una paritaria. Entonces en principio ya habría que denominarla de otra manera.
Puesto de esta última manera, repensaría quienes deben participar de esa mesa. En principio, no está mal que esté el Estado Federal y los maestros representados por sus gremios. Parece lógico. Pero allí faltan los gobernadores. Como veremos más adelante en definitiva son los que deben invertir con recursos propios y coparticipados (aunque después se compense con recursos federales). Si no lo hacen, son ellos los que deberían asumir el porqué no lo hacen. En esa mesa se blanquearía cuánto están dispuestos a hacer cada gobierno provincial. Es más, en ese marco podría construirse normativa que después se aprobara vía Congreso nacional para “obligar” a cada provincia, al gobierno federal y a los propios maestros en el cumplimiento de esos “pactos” (no es mala palabra).
Para hacer un poco de historia, tal como afirma Alejandro Morduchowicz, “Al concluir la transferencia de escuelas a las provincias hace 25 años, las entonces autoridades nacionales creyeron que con eso se solucionaba, sino el problema salarial docente, al menos quién se tendría que hacer cargo: La responsabilidad sería de las provincias y ya.” Una primera aclaración: responsabilidad que según la Constitución Nacional siempre había sido de las provincias hasta que el Estado Federal dándose cuenta de las diferencias de inversión y cobertura entre jurisidicciones había decidido intervenir directamente en la gestión educativa de las provincias creando las escuelas nacionales.
A partir de 2005 con la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado federal adquiere un rol activo. Crea un Fondo de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo según la propia norma es el de “contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades”.
Para hacer una apretada síntesis, una parte del salario que cobra cada maestro es con recursos de origen federal que Nación le envía a cada provincia con el objetivo de equiparar salarialmente a los docentes del país. ¿Todos cobran igual? No, porque cada provincia invierte de manera diferente de acuerdo a sus posibilidades (Mmmm! No estoy tan seguro de esto último pero debo reconocerlo aunque lo escriba de esa manera).
A partir del 2016 se devuelven recursos de coparticipación federal a las provincias. Recordemos las acordadas de la Corte Suprema antes de terminar el gobierno de Cristina Kirchner y la decisión del gobierno entrante de cumplir con la decisión. A partir de allí el Estado nacional construye un discurso sobre la base de que entiende que las provincias, ahora con más recursos, deben hacerse cargo de las demandas salariales. Pero parece ser que los muchachos “gobernadores” no pusieron esos mayores recursos en Educación. Incluso, como afirma Morduchowicz, los disminuyeron.
Si ésto es así, estamos en otro tipo de problema. Sin dudas más complejo pero más apasionante ¿Qué pasa con nuestros gobernadores de provincia que con mayores recursos igual les importa poco invertir más en Educación? Pero también es cierto, ¿Qué culpa tiene un pibe nacido en algún paraje de Formosa, Santiago del Estero o Santa Cruz si su gobernador no invierte lo que tendría que invertir, aún teniendo mayores recursos?
Existe un principio de solidaridad y responsabilidad que indica que el Estado federal debe diseñar políticas para compensar. No hay 24 argentinas. Hay una sola, aunque la gestión educativa esté en manos de las provincias (cosa que igual creo debe mantenerse).
Coincido con Alejandro cuando plantea la necesidad de “comenzar a pensar los instrumentos que permitan navegar entre los dos extremos: respeto irrestricto a las autonomías provinciales pero tampoco indiferencia por lo que suceda en cada provincia.
Pero para eso empecemos a darle nuevos nombres a esos instrumentos. La paritaria es una paritaria. Esto que todos anhelamos es otra cosa. Pongámosle otro nombre.
Quedará para la próxima qué me parece habría que agregar a esa mesa de debate, intercambio y generación de consensos para que aporten realmente al cambio en Educación. Una de ellas, adelanto, es rediscutir la carrera docente, que bien podría atarse también a mejoras en el salario docente… Pero para la próxima… Ya con ésto que acabo de escribir tengo para “entretenerme” un rato…

 

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