En las últimas semanas, la justicia federal obligó al Ministerio de Educación a entregar a un ciudadano salteño los resultados de las pruebas Aprender, amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública. El Ministerio de Educación apeló este fallo a la Corte Suprema, amparándose en la Ley Nacional de Educación, que establece que los resultados de las pruebas deben ser públicos para asegurar la transparencia, siempre que se preserve la identidad de los alumnos, de los docentes y de las escuelas a fin de evitar todo tipo de estigmatización.
Entonces ¿los resultados tienen que ser públicos o tienen que guardar confidencialidad? Como en todo, hay visiones a favor y en contra.
Aquellos que están a favor de preservar la información sostienen que esta información puede dar lugar a la creación de rankings de escuelas mejores y peores, favoreciendo la estigmatización, dado que los resultados de las pruebas están asociados al origen socioeconómico de las escuelas y de los estudiantes y esto podría generar una fuga de estudiantes, creando “escuelas para ricos” y “escuelas para pobres”.
Quienes están a favor de la publicidad de los resultados sostienen que hay demostración empírica que muestra que cuando las escuelas tienen que rendir cuentas mejoran y, por otro lado, que es una cuestión de igualdad dar información a todos por igual cuando además esa información va a correr por canales informales, accesibles sólo algunos sectores.
¿Qué que pasa en la región? En general la mayoría de los países latinoamericanos publicita estos resultados al público en general y sobre todo a las familias; sólo Paraguay y Argentina no lo hacen.
En el caso de Argentina lo que sí sucede es que la escuela recibe un reporte; el Director obtiene la información de los resultados de la escuela, con referencias de promedios a nivel nacional, provincial y municipal, asi como también una referencia respecto del grupo de escuelas similares a la propia en términos de tamaño, contexto socioeconómico, ámbito geográfico, etc. Es decir, hay información útil para que la escuela o unidad educativa tenga acceso a esa información sin necesidad de apelar a la justicia y dejar librado a la suerte de un ámbito externo al ámbito educativo. La cuestión está en hacer un buen uso de esta información, poder entender que el fin de las pruebas tiende a la mejora al aprendizaje institucional y no a la competencia entre escuelas de todo el sistema educativo nacional.
