La Argentina es un país extenso y produce energía en latitudes lejanas a sus centros de consumo. Por eso necesita una importante infraestructura de transporte de energía: más de 16 mil kilómetros de gasoducto más de 12 mil 500 kilómetros de líneas eléctricas.
La historia reciente nos muestra que los marcos regulatorios aparecen impotentes para generar los incentivos necesarios para la expansión del sistema de transporte de energía.
Esto se identificó ya a finales de la década del ’90 por los entes reguladores, autoridades provinciales -y hasta nacionales- que debieron modificar los marcos regulatorios y reemplazarlos por mecanismos alternativos, por ejemplo, el fondo fiduciario que financia las obras de expansión del transporte eléctrico.
En los últimos años se produjeron importantes inversiones en dos de los trece eslabones de la cadena de valor de la energía. En un extremo aumentó la producción de gas, se realizaron importantes inversiones en generación de energía eléctrica; por el otro lado, a partir de las revisiones tarifarias integrales, aumenta la inversión en la distribución de la energía.
En el medio aparece el transporte de la energía que, sin inversiones, se encuentra en un cuello de botella.
El actual gobierno identificó el problema y trató de canalizar la expansión del transporte eléctrico a través de las PPP y la expansión del transporte de gas a través de un mecanismo de iniciativa privada, pero con fuertes garantías estatales.
La reciente crisis macroeconómica y el elevado costo de capital al que acceden los privados para financiar sus obras impide y paralizó tanto las PPP como las iniciativas privadas.
Pero, cuidado, cuando esta crisis pase, el problema del transporte de energía va a seguir ahí, esperando no solamente la modificación de los marcos regulatorios sino inversiones, cada vez más necesarias para transportar la nueva energía de Vaca Muerta o transmitir la energía de las nuevas centrales renovables o de las nuevas represas del río Santa Cruz.
