menu
Opinión 02 09 2019

Sobre el incendio en el Amazonas y la necesidad de crear una Justicia Ambiental


Autor: Julián Álvarez Sansone









Luego de unos 20 días de incendios en el Amazonas, Brasil ha decretado el estado de emergencia, mediante lo cual se han movilizado todos los efectivos disponibles para intentar aminorar un desastre medioambiental que parece irreversible.
Si bien es cierto que el clima seco, el viento y el calor han hecho que los incendios se propaguen hacia varias direcciones, también es cierto que Brasil ha batido este año todos los registros de incendios en su selva amazónica. Entre enero y lo que va de agosto, han habido 72.843 focos de incendio detectados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), organismo que recuenta los incendios vía satelital. Es la cifra más alta desde que en 2013 comenzaron a divulgarse estos datos.

Dichas cifras implican un aumento del 83%  respecto al mismo período en 2018.  Desde la semana pasada, las imágenes satelitales  del INPE habían detectado unos 10.000 incendios forestales en el país, principalmente en la cuenca del Río Amazonas. Esto ha afectado a 68 reservas protegidas por motivos ambientales o por las comunidades originarias que allí viven. Es decir, esto no sólo es una catástrofe medioambiental, sino que hay vidas humanas en riesgo.
Todo esto, cabe mencionar, ha traído problemas internos e internacionales. Varios estados brasileños están siendo seriamente afectados. El Estado de Amazonas declaró la emergencia en el sur del estado y en su capital, Manaos, a principio del mes.  Acre, en la frontera con Perú, lleva alerta desde la semana pasada. Todo el humo generado por los incendios trae consigo una multiplicación y un agravamiento de las enfermedades respiratorias, y dificulta el tránsito aéreo.
Los incendios forestales, cabe mencionar, han aumentado en Mato Grosso y Pará, dos estados donde la frontera agrícola brasileña ha entrado en la cuenca del Amazonas, eje del mayor bosque tropical del planeta, el cual está siendo afectado también por el calentamiento global.   
Estos aumentos sin precedentes coinciden sin lugar a dudas con el inicio del mandato de Jair Bolsonaro, el actual mandatario que prometió desarrollar la agricultura y la minería en la región amazónica. Sobre este tema, cabe mencionar que son popularmente conocidos los vínculos del actual presidente con grandes empresarios dedicados a la ganadería y a la agricultura.
Sobre los incendios forestales, podemos mencionar que son comunes en la estación seca, pero también son provocados de forma deliberada e intencional por agricultores que desforestan ilegalmente tierras para la cría de ganado, según denunciaron las organizaciones ambientalistas de la región.
Sobre este punto, habló Alberto Setzer, investigador del INPE, quien negó que se pueda echar la culpa a la estación seca o a fenómenos naturales por si mismos. Seltzer manifestó ante la prensa brasileña que "no hay nada raro en el clima este año ni en los niveles de lluvia en la región amazónica, que sólo está un poco por debajo del promedio". Mencionó también que "la estación seca crea las condiciones favorables para la propagación del fuego, pero su inicio es obra de los humanos, de forma deliberada o accidental".
Con respecto a los problemas internacionales que esto ha generado, algunos países como Noruega y Alemania han protestado retirando ayudas.  Sobre esto, Bolsonaro ha criticado la "doble moral de Noruega", a la que acusa de matar ballenas y promover la explotación del crudo en el Ártico. Posteriormente, el gobierno brasileño rechazó los 20 millones de euros ofrecidos por los países que integran el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) para colaborar con la lucha contra los incendios forestales en la Amazonía. El anuncio fue confirmado por el Jefe de Gabinete brasileño, Onyx Lorenzoni, quien además le aconsejó al Presidente francés, Emmanuel Macrón, que se ocupe "de su casa y de sus colonias". También recomendó que se use ese dinero para "reforestar Europa".
El intercambio entre los políticos brasileños y franceses, cabe mencionar, estuvo bastante picante. Lorenzoni se expresó sobre su par francés mencionando que: "Macrón no logra ni siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es patrimonio de la humanidad, y qué pretende enseñarle a nuestro país. También mencionó que "él (Macrón) tiene mucho que ocuparse de cuidar su casa y las colonias francesas", en alusión a los territorios franceses de ultramar, entre los que figura la Guayana Francesa, limítrofe con Brasil. Sumado a esto, las tensiones entre Francia y Brasil han aumentado luego de que Bolsonaro haya acusado a Macrón de tener una "mentalidad colonialista", y posteriormente haya hecho comentarios ofensivos sobre la primera dama francesa, Brigitte Macron.
Retomando el punto central del artículo, el incendio en el Amazonas, podemos considerar que llegó el momento de darnos el debate sobre el rol que puede llegar a tener la justicia frente a delitos ambientales, considerando que estos afectan la capacidad de nuestra sociedad actual y futura de desarrollarse en un ambiente equilibrado y limpio. En el caso puntual de la Amazonas, se puede mencionar que es trascendental para la raza humana, ya que no sólo afecta a Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guayanas, sino que también sirve como pulmón verde para todo el planeta.
De este modo, es necesario entender, como bien planteó Miguel Lozupone en un artículo publicado en este mismo medio, que al afligir el ambiente no sólo se produce un daño a una persona o a un grupo de personas directamente afectadas, sino que se perjudica a un número indeterminado de especies, de flora, de fauna, a las actuales generaciones y a las generaciones futuras de vivir y gozar de un ambiente sano, limpio y saludable. Así, es preciso entender la defensa del medio ambiente como una acción colectiva que trasciende  el tiempo y el lugar, por más extraño que esto suene.
Desde esta perspectiva, sería necesario dejar de considerar a la naturaleza como un objeto, para transformarla en un sujeto de derecho. Hoy en día, en casi todos los países los únicos sujetos de derecho son las personas. Resulta evidente que la naturaleza por sí misma no puede contraer "obligaciones", pero esta noción debe ser revisada dado que al vulnerar los derechos de la naturaleza, vulneramos el equilibrio de la vida que nos sostiene a todos en este planeta.
De esta manera, la justicia debería superar el paradigma de la protección del sujeto humano individual en el marco de una dimensión espacio- temporal limitada a su realidad presente y avanzar hacia una concepción del sujeto humano que vive como parte de un sistema ecológico complejo y dinámico (compuesto por árboles, animales, insectos, etc), sin límites generacionales o fronterizos, y con implicancias que van más allá de lo que somos como especie (la raza humana). Ante este contexto, debemos modernizar la justicia. Necesitamos una justicia que penalice esta clase de eventos dañinos para todos, que proporcione soluciones eficaces, en todos sus niveles, a los problemas actuales  y futuros desde una perspectiva sistémica.
Dada la situación actual de las cosas, es menester rescatar el carácter de "derecho humano fundamental" que posee la protección ambiental, tal como fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este ha sido un avance realmente muy importante dado que logró sentar una jurisprudencia fundamental para la protección del ambiente.  En este sentido, la naturaleza colectiva de los bienes ambientales nos llama a estudiar la equiparación en términos procesales del daño ambiental, del daño que ese tipo de flagelo ambiental genera en el planeta como conjunto, y habría que evaluar la equiparación  de los delitos ambientales con los delitos de lesa humanidad.
Si bien, como siempre, todo puede ser discutible, debería lograrse cierto consenso al pensar que la doctrina y la jurisprudencia  han determinado que, por afectar la calidad de vida de los habitantes presentes y futuros en forma colectiva, el daño ambiental debe contar con un régimen especial de protección, y en este marco, como bien plantea Lozupone, sería interesante analizar su imprescriptibilidad.

Por último, podría ser considerado conveniente la aprobación de una ley que cree los fueros ambientales en el ámbito de la justicia federal (pensando en países federales como Argentina, Brasil y México), lo cual sería un gran avance hacia la consolidación del derecho a un ambiente sano como se menciona en nuestras Constituciones.