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Opinión 05 02 2017

Nuevas tarifas eléctricas: regreso a la normalidad regulatoria y a la necesidad de transparencia


Autor: Alejandro Einstoss









El 1 de febrero de 2017 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad dictó las Resoluciones 63 y 64 por las cuales se instrumenta el aumento de tarifas eléctricas para las zonas a cargo de las distribuidoras EDENOR y EDESUR.

Esta fecha marca el final de una etapa de incertidumbre y discrecionalidad regulatoria que inició el 6 de enero de 2002 con la sanción de la Ley de Emergencia económica y la ruptura de los contratos de concesión vigentes.

Durante quince años, el congelamiento de tarifas de distribución eléctrica en el ámbito de las concesiones de EDENOR y EDESUR –AMBA–  generó enormes inequidades respecto a los usuarios del resto del país. De esta forma y si bien el precio subsidiado de generación eléctrica fue el mismo para todo el país, un usuario residencial del Gran Buenos Aires en 2015 pagó por el servicio eléctrico la sexta parte que un usuario en Santa Fe y casi la tercera parte que el promedio nacional.

Al mismo tiempo, el congelamiento tarifario en un contexto de inflación creciente produjo el desequilibrio de la ecuación económico–financiera de las empresas y su consecuente descapitalización, así como el fuerte deterioro de la calidad del servicio percibido por los usuarios.

Resultado: transferencias del Estado Nacional a las empresas que sólo permitieron mantener una precaria “normalidad” del servicio, financiar sus inversiones y hasta pagar sueldos, lo que implicó un subsidio de todo el país a los usuarios de EDENOR y EDESUR.

Una sucesión de Resoluciones, Disposiciones, Fondos Fiduciarios, Cargos fijos, mezcladas con opacas compensaciones y transferencias, conformaron un verdadero desquicio regulatorio que recibió la actual administración y de la cual no se puede salir de la noche a la mañana.

 

El regreso a la normalidad

La sanción del actual cuadro tarifario inicia la normalización del proceso de regulación de tarifas eléctricas en línea con lo establecido por la Ley 24.065 (Ley de la Electricidad) y los contratos de concesión.

Dicha normalización prevé la actualización de tarifas dos veces al año –febrero y septiembre– que permitirán trasladar las variaciones del precio estacional de generación, y mantener actualizado en el tiempo el valor de las tarifas de transporte y distribución mediante el IPC.

Al mismo tiempo se incorpora un mecanismo de monitoreo de ejecución de las inversiones comprometidas por las Distribuidoras, parámetros de calidad de servicio, nuevo régimen sancionatorio y modificaciones a la estructura tarifaria que para las tarifas de pequeñas demandas, implica importantes aumentos en los cargos fijos y reducciones en los rangos de consumo.

Para usuarios residenciales si bien se continúa con el criterio de lectura de consumo bimestral, la facturación se realizará con periodicidad mensual por lo que los Cargos Tarifarios (cargos fijos) se determinaron para periodos mensuales.

Se continúa con la implementación de incentivos al uso racional de la energía mediante descuentos crecientes en tarifa en función de ahorros respecto al mismo mes del año anterior y con la aplicación de Tarifa Social, con sustanciales mejoras respecto a tramites de inclusión.

Es importante la incorporación de las figuras de los usuarios “electro dependiente” y “entidades de bien público” ambos, con tarifas diferenciales.

 

Nuevo cuadro tarifario

En línea con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a la gradualidad de los aumentos de tarifas, el Ministerio de Energía desdobló el aumento tarifario en dos tramos, el primero a partir del 1 de febrero y el segundo tramo a partir del 1 de marzo.

Los nuevos cuadros tarifarios implican aumentos que van del 68% al 220%, según los escalones de consumo y considerando la relación entre tarifas plena, cuyo detalle se presenta a continuación.

Elaboración propia – Fuente: Ente Nacional Regulador de la Electricidad, incluye  impuestos, sin cargos tarifarios.

La mayoría de los usuarios residenciales –aquellos con consumo entre 150kW/h y 300 kW/h mes–  enfrentarán aumentos entre el 70% y el 90%, es decir que las nuevas tarifas representarán para más del 80% de los usuarios  aumentos de entre $3 y $6 por día en relación a sus facturas de 2016.

Los mayores aumentos se presentan en altos consumos ya que en los nuevos cuadros tarifarios desaparecen los rangos de consumo superiores a 600 kW/h mes. De ésta forma se consideran grandes consumidores a todo  consumo mayor a 600 kW/h mes.

Dichos aumentos pueden modificarse si se considera el caso de aquellos usuarios que por aumento en su consumo, pierdan los descuentos por ahorros en relación a los nuevos cuadros tarifarios.

Por ejemplo, en el caso de un usuario con consumo de 300 kW/h mes que con la tarifa 2016 haya disfrutado de descuentos por ahorros del 20% y que pase a pagar tarifa plena en 2017, se enfrentará a aumentos del 150%. En el mismo caso, si analiza el caso de un usuario con consumo de 600 kW/h mes, su factura en 2017 será cuatro veces superior a la de 2016.

 

Elaboración propia – Fuente: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

 

Un cambio de paradigma, con necesidad de transparencia

Apenas asumida la nueva administración decretó la “Emergencia del Sector Eléctrico Nacional” hasta el 31 de diciembre de 2017 e instruyó al Ente Regulador de la Electricidad – ENRE– a realizar la Revisión Tarifaria Integral –RTI–.

Las nuevas tarifas reflejan los resultados de la Revisión Tarifaria Integral para los servicios públicos de transporte y distribución, en el marco de la cual se realizaron las correspondientes audiencias públicas a finales del 2016, y los nuevos precios estacionales de generación eléctrica.

En el marco de la Audiencia Pública, EDENOR y EDESUR presentaron sus respectivas propuestas de recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD), determinando para ello una Base Tarifaria en función del desempeño de una empresa “modelo” o “eficiente” en función de los parámetros establecidos por el Ente Regulador.

En este sentido es muy importante que el Organismo Regulador ponga a disposición de los usuarios un documento en el cual emita opinión técnica en relación a aspectos centrales de las propuestas de las empresas.  En particular, sobre la determinación de los programas de inversiones previstos, las tasas de rentabilidad solicitadas y sobre la metodología utilizada para la determinación de la “Base de Capital” sobre la cual se aplicará la tasa de rentabilidad esperada.

La opinión del Ente sobre estos aspectos disipará toda duda en relación a la existencia de lo que en la literatura regulatoria se denomina “efecto trinquete” (ratchet), es decir los incentivos que tienen las empresas reguladas a sobre declarar sus costos de operación, si es que el regulador utiliza ésta información para fijar nuevas tarifas.

Transparentar los resultados de la RTI permitirá recomponer la credibilidad pública del Ente Regulador y al mismo tiempo concientizar a los usuarios de la  razonabilidad del nuevo cuadro tarifario. Ambas condiciones son fundamentales para la  aplicación de un cuadro tarifario realista, aplicable y socialmente aceptable.