La ley del Plan Urbano Ambiental (que debe actualizarse cada cinco años) prevé un modelo territorial y un código urbanístico. Este último ha sido objeto de aprobación en primera lectura por una mayoría estrecha en la Legislatura, salteando la actualización del primero y, lisa y llanamente, al segundo.
Así, se rompe el marco de interpretación que le da sustento a las medidas en tratamiento. Se pierde, sobre todo, una oportunidad de articular una mirada común, apoyada en consensos sólidos sobre el futuro metropolitano.
Varios de los objetivos que se presentan como fundamento del proyecto de código pueden ser fácilmente compartidos. ¿Quién puede discrepar con una ciudad donde conviven distintas actividades, con transporte sustentable y basada en mecanismos participativos? Pero lo que se encuentra en el proyecto en cuestión e iniciativas complementarias es algo diferente.
Es cierto, hubo una ronda de presentaciones en colegios profesionales y comunas, pero, dados los resultados, no se trató hasta aquí de un diálogo constructivo. Por otra parte, si bien no hay un modelo territorial o un núcleo explícito a partir del cual debatir, podemos encontrar uno implícito. Parafraseando a Emerson, lo que es grita tan fuerte que no podemos escuchar lo que dice.
Núñez, Agronomía, Lugano, Devoto, Villa del Parque y Floresta son sólo algunos ejemplos de intervenciones que vienen esperando aprobaciones administrativas para cambiar algunos de los atributos que le dan carácter y hacen de Buenos Aires una gran ciudad.
Es cierto, hace falta cambiar el código de planeamiento urbano vigente, sancionado originalmente en 1977 sobre un plan de la década del ’60 y modificado en 1989 y 2000. Pero ese cambio debe reunir una serie de pasos previos y proyectar una visión metropolitana articulada con un proyecto de territorio.
Se ha pedido, con razón, que el tratamiento de los códigos urbanístico, de edificación, ambiental y de habilitaciones se desarrolle en forma simultánea junto a otras intervenciones y asignaciones de recursos respetando prioridades sociales. Pero a pesar de que los proyectos de Presupuesto reflejan en general un pedido de austeridad, se sigue acumulando un costoso endeudamiento público vía concesiones. Por ejemplo, una serie de intervenciones sobre el Río de la Plata, la licitación del puerto que ha sido objeto de reservas por parte de un informe reciente de la OCDE y la extensión de facultades extraordinarias a la sociedad anónima que gestiona las autopistas urbanas. ¿Por qué no innovar en un modelo de gestión integrador que permita multiplicar el rendimiento social de los recursos?
Existe la opción de forzar las votaciones e imponer una mayoría legislativa circunstancial para proyectos que están llamados a perdurar en el tiempo. Pero, por la importancia de esas iniciativas, no es la solución ideal.
La democracia deliberativa exige bastante más que el número. Exige la más clara fundamentación de las medidas que se adoptan y la respuesta a las críticas razonadas que se le formulan. Nadie ha explicado, por ejemplo, qué extraña urgencia lleva a alterar el orden lógico de prioridades y no tratar previamente y en forma explícita un modelo territorial. Sin esa verdadera deliberación, el diálogo que se predica se queda en una mueca vacía.
Publicado en Clarín el 31 de octubre de 2018.
Link https://www.clarin.com/opinion/alternativa-urbana-inclusiva_0_M4EtyUjxz.html
