Una idea muy arraigada en el sentido común contrapone al general Roca y al general Perón. Los admiradores de J.A. Roca usualmente detestan y desprecian a J.D. Perón, y lo mismo ocurre a la inversa.
Para estos, que hoy son más, Roca simboliza a la oligarquía y, más recientemente, al genocidio, mientras que Perón representa a la Argentina nacional y popular.
Sin embargo, entre ellos hay muchas cosas comparables y hasta similares, señaladas con su habitual acidez por Tulio Halperín.
Los dos fueron generales y presidentes electos, con un fuerte sentido de la unidad de mando y con la sólida convicción de que en su persona se sintetizaban facciones, tendencias e intereses contrapuestos. Ambos creyeron en el Estado e hicieron aportes fundamentales para su construcción.
En política, ambos fueron pragmáticos y poco dados a principismos. Pero un océano los separa: la Ley Sáenz Peña y la democracia política.
Con respecto al Estado, cuando Roca inició su primera presidencia, en 1880, se cerraba la etapa violenta de su construcción y se entraba en la de “Paz y administración”.
En las décadas siguientes se completó el andamiaje institucional, comenzaron a armarse los cuadros burocráticos y se consolidaron las políticas de largo plazo, como las referidas a la inmigración y a la educación.
También se insinuó la otra cara del Estado: las medidas de regulación y de promoción, tomadas en nombre del interés general, tuvieron una cuota de favoritismo sectorial, destinado a consolidar el frente político.
Eso ocurrió con la protección al azúcar de Tucumán, con los préstamos bancarios concedidos a los congresistas, libérrimos y nunca devueltos.
Algo así como la Banelco de entonces.
Este Estado entró en una zona de inestabilidad con la Primera Guerra Mundial, y sobre todo con la crisis general de 1929. Su base financiera –las rentas de Aduana– y el ingreso de divisas quedaron muy afectados. Bajo la presidencia de A. Justo, entre 1932 y 1938, un equipo económico altamente capacitado –con F. Pinedo y R. Prebisch– transformó el Estado, introduciendo un conjunto de elementos de regulación, control y promoción –el Banco Central, el Control de Cambio, las Juntas Reguladoras– que fueron su base hasta los años noventa.
Ya desde 1944, Perón desarrolló una faceta complementaria de este Estado, con los mecanismos de regulación del conflicto industrial –sindicatos únicos, convenciones colectivas– y otros de promoción del bienestar popular y de la producción nacional. Los conflictos sociales, crecidos en los años 30, fueron absorbidos por un Estado de matriz orgánica, que integraba, ordenaba y disciplinaba a los diferentes grupos de interés, unidos en un movimiento político con una fe común, bajo la fuerte autoridad del jefe.
A diferencia del proceso del Estado, en materia de democracia política la continuidad es menor. El “régimen conservador”, entre 1880 y 1912, tuvo institucionalidad republicana, fuerte presencia de la opinión pública y también revoluciones, que en ocasiones derribaron gobiernos.
Pero en materia de sufragio, hubo poca cosa digna de exhibirse, pues la descarnada intervención de los “gobiernos electores” le quitaba interés a los comicios.
Pero en 1912, del seno de este régimen oligárquico nació la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto y obligatorio. Esperaban canalizar y atenuar la fuerte protesta social, y también hacer más transparentes los procedimientos internos de la élite política. Pero sin proponérselo, abrieron el camino a la democracia popular de masas.
En 1916 el “régimen” fue derrotado y triunfó la “causa regeneradora”. En la práctica, los contrastes fueron algo menores. El número de votantes creció solo gradualmente.
El fuerte presidencialismo no se atenuó y hasta se potenció con el argumento de la legitimidad electoral. H. Yrigoyen, presidente entre 1916-22 y 1928-30, apeló reiteradamente a las intervenciones provinciales; cuando concluían, los radicales ganaban las elecciones, en parte por la eficaz acción de los comisarios, a la que en ocasiones se agregaba un discreto fraude.
El divorcio entre el presidente y un Congreso hostil fue grande, hubo pocas leyes y muchos decretos. No dialogó con la oposición, el “régimen falaz y descreído”, que respondió con similar moneda al “caudillo demagogo y senil”.
Pero la gran novedad fue la capacidad del radicalismo para construir un movimiento popular a escala nacional, uniendo mundos heterogéneos con consignas convocantes –la Constitución, el sufragio, la regeneración–, un líder carismático –que no necesitaba de discursos– y una formidable máquina electoral, que resultó imbatible. Fue nuestra primera experiencia de la moderna política de masas, que en Europa comenzaba a avanzar simultáneamente.
Lo que con Yrigoyen eran tímidos avances, limitados por su férrea fe en la Constitución, alcanzaron su expresión madura con el gobierno de Perón.
Luego del interregno de los años 30 –cuando la ley Sáenz Peña fue sistemáticamente tergiversada por la abstención radical y el fraude–, Perón retomó el impulso inicial, extendiendo los derechos políticos a las mujeres y a los ciudadanos de los territorios nacionales, convertidos en provincias.
Tampoco hubo fraude sistemático y grosero. Pero el gobierno desarrolló formas más eficaces de intervención electoral, restringiendo la libertad de expresión de los opositores y monopolizando los medios de difusión.
La democracia peronista fue autoritaria y escasamente republicana. En el Congreso una mayoría unánime esterilizó el debate, y la Justicia fue renovada luego de la destitución de los jueces de la Corte Suprema.
El poder se concentró en quien era a la vez presidente, jefe del movimiento y líder del pueblo. Y lo era, efectivamente. La movilización popular inicial se sostuvo a lo largo de diez años, y se mantuvo cuando perdieron el poder.
Sus instrumentos eran similares a los de Yrigoyen, pero más complejos. El movimiento se propuso –a la manera de Mussolini– articular todos los grupos funcionales de la sociedad. El Estado desarrolló refinados mecanismos para estructurar lo que no se organizara espontáneamente.
Las ideas básicas, sintetizadas en las Tres Banderas y en la Marcha, llegaron a todas partes. Eva Perón aportó al liderazgo su estilo personal.
Fuera del pueblo peronista, solo había un grupo de “oligarcas contreras”, conspiradores eternos, responsables de cualquier traspié circunstancial.
El comienzo de los años 50 marca el apogeo de este Estado potente, construido desde 1880, y de esta democracia popular, resultado imprevisto de la ley Sáenz Peña.
Por entonces comienza un declive, que se acelera en los años de 1970, cuando entramos en la larga fase descendente de nuestro ciclo contemporáneo. Ya hablaremos de esto.
Publicado en Los Andes el 2 de septiembre de 2018.
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