El peronismo del interior profundo –es decir, el peronismo que gobierna– acaba de voltear la Reforma Electoral, el intento gubernamental de desterrar las prácticas más sospechosas, oscuras y fraudulentas del voto argentino.
Los senadores del FPV (¿o del PJ?) intentaron justificarlo: “Las objeciones de los expertos informáticos en cuanto a la alta vulnerabilidad de algunos de los métodos electrónicos propuestos determinan la imposibilidad del apoyo al proyecto”. Asombroso. Si alguien hiciera la exégesis, los senadores descalifican sólo “algunos de los métodos electrónicos propuestos”. ¿Por qué no apoyaron, entonces, a los otros, aquellos métodos que carecen de vulnerabilidad?
El propósito de los gobernadores y sus senadores intenta retener toda arma que permita –en caso de necesidad– manipular la voluntad popular. Desde su óptica, impecable. Hay menos posibilidades de ser derrotado y tener que dejar el poder, la consideración social, la popularidad, con el riesgo anexo de desfilar por tribunales, perder la benevolencia judicial, abandonar la fuente de ingresos y en algún caso –¡horror!– devolver algunas pesetas.
Un retroceso de cien años. Los gobernadores peronistas abrazan los vicios del antiguo régimen, los tiempos en que se votaba mal y se gobernaba bien. Sólo que hoy, en general, gobiernan francamente mal. ¿En qué ha mejorado Formosa, administrada por el peronismo desde 1983? Su último aporte a una cuestión nacional ha sido, según los medios, el bloqueo a las obras civiles indispensables para montar un equipo de radares que controle el narcotráfico y el contrabando. ¿Se hablará también aquí de “las objeciones de los expertos informáticos en cuanto a la alta vulnerabilidad de algunos de los métodos electrónicos propuestos”?
Las elecciones argentinas exhiben rachas de democracia republicana junto con etapas –cada vez más largas– de manipulación y desprecio por la voluntad popular.
Los gobiernos de Alfonsín, De la Rúa y Duhalde se mantuvieron razonablemente respetuosos de la voluntad popular. Con muchísimas imperfecciones: en 1983, por ejemplo, al menos dos provincias y algunos municipios del conurbano proclamaron triunfadores a quienes, habiendo perdido, se las arreglaron para dar vuelta los resultados. Pero no fue desde el Estado. Falencia, en todo caso, del control. El viejo apotegma Quien no fiscaliza, no puede gobernar.
Durante la administración Menem, las elecciones empeoraron un poco. Fueron notables los fraudes en Santa Fe y Santiago del Estero y el recuento de la reelección en 1995. Sin contar el comienzo de la doble nacionalidad: la intrusión de ciudadanos paraguayos convocados para votar en el NEA y bolivianos en el NOA.
Durante el kirchnerismo, fue extraordinario el fraude soportado por Elisa Carrió en 2007. Se dirá que fue en parte culpa suya, por no haber previsto una gran movilización de fiscales (como sí hizo Cambiemos en la última elección).
Otra burla a la voluntad popular fue obligar a cuatro o cinco gobernadores elegidos por el radicalismo –y algún provincialista– a una opción despiadada: traicionar a su partido u obligar a sus comprovincianos a vivir en la necesidad perpetua. La cooptación destruyó el sistema político. Como tantas veces en los países que no encuentran su destino, la vileza dio frutos.
¿Y si hay una boleta única?
La administración nacional no se da por vencida. El golpe a su proyecto de reforma es duro, pero no ha frenado la intención de mayor transparencia. Es decir, de mayores posibilidades de vencer en las barriadas tradicionales del voto peronista.
Gustavo Lema es un veterano fogueado en los combates electorales. Apoderado de la Unión Cívica Radical, inspiró en 2007 Transparencia Electoral –cuando fiscales de virtualmente todos los partidos, salvo el FPV– denunciaron el fraude del que fue objeto Elisa Carrió. Cofundador de la Red Ser Fiscal, cree que el gobierno tiene una opción: implementar por decreto la Boleta Única Complementaria (BUC). Son idénticas a las usadas para los votantes del exterior y los detenidos. “No serán de libre circulación ni puestas a disposición de las fuerzas políticas que compiten, sino que estarán bajo el resguardo de cada presidente de mesa. Como la ley establece que la boleta debe ser de papel, la utilización de la BUC no está modificando el Código Electoral Nacional. No necesitaría ley, sino un simple decreto y luego la correspondiente resolución de la justicia, a través de la Cámara Electoral”.
Esta opción ya fue analizada hacia agosto y septiembre del año pasado, y la Secretaría Electoral incluso habría llegado a diseñar el modelo. Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via insistieron públicamente en la conveniencia de la boleta única, invocando que es el sistema utilizado en el resto de América latina, con excepción del Uruguay. También dieron la alternativa brasileña: un sistema electrónico desarrollado y controlado por la justicia.
El gobierno, sin embargo, no deja de meter la pata. Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, parece estar a punto de convertirse en el juez federal con competencia electoral de La Plata, el hombre que controla el proceso electoral en la decisiva provincia de Buenos Aires. Los jueces más prestigiosos no lo incluyen entre ellos y los partidarios de la neutralidad partidaria lo imaginan como un hombre que coqueteó con el kirchnerismo. Queda postergada, al parecer, la candidatura del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, un nombre que parecía exhibir mayor volumen jurídico.
El juez Manuel Blanco había controlado todas las elecciones desde 1983 hasta su muerte, en 2014. Al producirse la vacante, el kirchnerismo realizó maniobras de baja calidad institucional y designó un joven abogado de la Cámpora que apenas era secretario (y no juez, como establece la normativa). El macrismo no parece advertir la profundidad de lo que está en juego.
Culotta –que soportó con éxito embates de varios socios de Cambiemos– exhibe la virtud suprema para el Pro: dicen que estudió en el colegio Cardenal Newman, igual que el presidente y sus íntimos. Ricardo Lorenzetti parece contento con la designación.
De Sáenz Peña a Justo
Los caudillos peronistas del interior invocan la representación de las clases subalternas, pero en realidad actúan como la vieja oligarquía de hace cien años.
En su negociación con Yrigoyen, el presidente Sáenz Peña escuchó la principal objeción al sistema electoral: su falta de transparencia, la votación fraudulenta y la manipulación de electores.
Encontró la solución: el padrón militar fue la base del registro de ciudadanos aptos para votar. Y las Fuerzas armadas garantizaron la libertad del sufragio.
No era fácil. Gran parte de la élite gobernante se resistía al voto libre. Por eso fracasaron muchas veces los intentos democratizadores –que en diversos momentos alentaron desde el joven Sáenz Peña hasta el viejo Carlos Pellegrini–. Para colmo, ni los industriales ni los trabajadores pujaban por la democratización política. Eran europeos, en su mayoría sin nacionalizar. La producción disociada de la institucionalización. Los trabajadores, por su lado, militaban en los llamados partidos avanzados –o partidos extremos, según quien lo dijera– cuyo propósito nada tenía que ver con las prácticas electorales. Tal el caso, sobre todo, de los anarquistas. Los socialistas, cuando empezaron a tener éxito en la construcción de poder electoral en la capital, lograron porcentajes de nacionalización de sus afiliados europeos muy superiores al promedio de los inmigrantes.
¿Qué hará Macri?
El dilema de Macri es que su política de chequera abierta, de fondos por votos y la ilusión de que todos tiramos para adelante acaba de estallar. El justicialismo no quiere voto transparente.
Se dirá que no sólo el justicialismo tiene mañas electorales. Cierto. Pero la perpetuación durante décadas –como en Tucumán, Santa Cruz o La Rioja– ha perfeccionado un sistema de hegemonía pletórico de vicios.
Según un informe que anda dando vueltas, el Poder Ejecutivo Nacional lleva presentados 56 proyectos. Apenas 19 se convirtieron en leyes de la Nación. Una tasa de éxito del 34%. Cada tres propuestas, dos fracasan.
A cambio, el Estado lleva pagado carísimo. Y debiera prestar más atención a la historia reciente.
Cada vez que el PJ es derrotado, se parte. Una franja recalcitrante masculla resentimiento, se niega a aceptar la derrota e intenta desestabilizar a los recién llegados. La franja mayoritaria del peronismo, entonces, se acerca al nuevo gobierno y ofrece colaboración. Aliviado, el gobierno remite parte del tesoro para garantizar la gobernabilidad. Ignora que quienes se acercan lo hacen para acompañar la opinión popular, siempre tolerante con el que llega y molesta con quien busca su fracaso. Resultado: el peronismo recalcitrante se va desvaneciendo, mientras los amistosos consiguen fondos de modo incesante, a la par que gozan de la sombra de popularidad del nuevo oficialismo.
La especialidad consiste en sangrar al gobierno ajeno. Y, al mismo tiempo, aislar a los recalcitrantes que van perdiendo poder. Bien vistos por la opinión y engordados por el presupuesto nacional, los colaboracionistas liquidan a los recalcitrantes, copan la conducción peronista y esperan que la desilusión gane franjas anchas de la sociedad. Cuando el nuevo gobierno pierde impulso, los colaboracionistas se alejan y se convierten en duros críticos. Aprovecharán la futura crisis para abalanzarse hacia el poder.
A comienzos del milenio, durante la administración de la Alianza, algunos legisladores radicales acudieron, alarmados, a la Casa Rosada. Advertían la generosidad estatal con las provincias peronistas, que daba alas al PJ y dejaba boqueando a los hombres de la Alianza. “Estamos financiando a los que nos van a voltear”, dijeron. Con la condescendencia que lo caracterizaba, uno de los casi imberbes líderes del Grupo Sushi le contestó “Acá se negocia entre los que gobiernan, no importa el color político. Ustedes no entienden nada. Esta es la nueva política”.
Cualquier semejanza con Durán Barba no es casualidad.
