La ENKRATEIA era la mayor virtud que exigían los griegos a sus políticos. Es un concepto potente, que refiere al dominio de uno mismo; evitar la incontinencia de todo orden en un lugar de poder.
El hartazgo de la sociedad argentina se expresó en las urnas. Demasiados fracasos abrieron el camino a la exigencia de soluciones tajantes y rápidas. Eso entraña un riesgo para una sociedad que no es autocrática en su organización constitucional, porque todo el sistema está pensado para evitar que el poder se desboque desde una conjunción de dos límites: en el entramado institucional, con los consensos que exige el Congreso y con la independencia de la justicia; en el social, con el gobierno de la opinión pública. Uno estable y con rasgos de permanencia; el otro tan volátil como poderoso en su acción en las urnas.
Yace ahí una contradicción aparente entre el mandato electoral de una mayoría social y el sistema. Y es aparente porque es justamente esa tensión la que se debe resolver con buenas artes y ENKRATEIA. Con política, en definitiva, que las debe integrar.
Es por eso que llama la atención el enojo con periodistas, cuando marcan lo que consideran errores en la gestión de gobierno, sugiriendo algo más grave que la incomprensión u opinión equivocada. Es útil analizar uno de los últimos actos de gobierno para intentar una evaluación objetiva de la cuestión: la designación de dos candidatos para ocupar sitios en la Corte Suprema.
De un total de 72 senadores en el Congreso, el partido gobernante tiene 7. La mayoría la ostenta el peronismo, con 33. Le sigue el radicalismo con 13, y el Pro con 6. El resto son partidos provinciales. Para aprobar la designación se debe contar con los dos tercios de los votos presentes. Asumiendo que no hay ausentes, estamos hablando de 48. Haciendo cuentas simples, se necesita esencialmente del peronismo para llegar a 40 votos; de allí, para lograr la mayoría requerida, o bien del radicalismo, o bien del Pro con algún voto provincial.
Aquí empiezan los interrogantes que de a poco se convierten en verdaderas preguntas, casi ontológicas. Una acción de gobierno prudente, exige un acuerdo previo con el peronismo y otra fuerza política. Si no está, pues es un error institucional; si está, pues es un error político. En ambos casos, con consecuencias en la opinión pública: sea por incapacidad para crear gobernabilidad, o por acordar con quién se supone está en la otra vereda y exigiría, se descuenta, un acuerdo de impunidad.
Sin personalizar, veamos los candidatos, ambos hombres. En un caso con antecedentes profesionales polémicos, lo que genera rechazo en el electorado propio y aceptación vergonzante en parte de los senadores votantes. En el otro, antecedentes académicos (rechazo al aborto y a los decretos de necesidad y urgencia) que generan reparos en la mayoría de senadores y una contradictio in terminis en el propio gobierno, que señaló el no apoyo al DNU 70 como causal de supuesta animosidad de la Corte, y que espera contar con este dispositivo para gobernar.
La anatomía del acto de gobierno revela imprevisión, con algo de impericia. La gran pregunta es: ¿estamos ante errores autoinfligidos o hay una conspiración para entorpecer? Más ENKRATEIA y política; menos culpar al periodismo y al resto de las propias faltas.
