Aquello que el presidente Milei plantea como fundacional o revolucionario tanto en los diez puntos del Pacto de Mayo como en el paquete de ley “anticasta” tiene larga data en la política argentina, especialmente en el seno del radicalismo. Como en todo, la cuestión real pasa por los detalles: las modalidades de implementación de las reformas, la capacidad política de llevarlas adelante y la discusión genuina – no ideológica – de su impacto.
Recuperar el sentido estratégico de país, es decir, de qué vamos a vivir de acá a veinte años requiere de mucho más que orden macroeconómico y desregulación. Requiere ordenar pero también trazar un sendero de crecimiento liderado por la sociedad y su capacidad creativa e innovadora en un contexto de inversión y desarrollo, en el marco de un orden y una seguridad jurídica que el Estado debe garantizar. La contradicción de términos del presidente Milei es evidente: quiere ordenar el Estado lo cual llevará a la liberación de las fuerzas creativas de la economía pero al mismo tiempo lo considera una asociación ilícita.
Pero aun así cuando alcanzara con el ordenamiento macroeconómico y las reformas (impositiva, laboral y política fundamentalmente) en su discurso convocando al Pacto de Mayo, el presidente Milei anunció, como si se tratara de invenciones propias, una serie de iniciativas que hace rato el radicalismo viene impulsando y que el peronismo/kirchnerismo sistemáticamente se encargó de bloquear. Recordemos que antes, mucho antes que el PRO y LLA, el radicalismo se constituyó como opositor solitario a la avanzada kirchnerista sobre todos los órdenes de la vida de los argentinos.
Estos son algunos de los proyectos impulsados históricamente por el radicalismo que hoy el presidente Milei saca de la galera como si fueran originales, mientras se ocupa, junto a sus legisladores, comunicadores y demás “fuerzas del cielo”, de catalogar a todo lo que lo contradice como “casta” o “miembro de la izquierda internacional” en una práctica similar a los años más oscuros del kirchnerismo.
Los proyectos:
- Prohibirle al Banco Central que financie al Tesoro;
- No aprobarle al Ejecutivo presupuestos que no contemplen déficit cero;
- Terminar con las jubilaciones de privilegio para el presidente y su vice;
- Hacer realidad la democratización sindical como lo soñó Alfonsín en 1983 (ver Ley Mucci);
- Impulsar la Boleta Única y el concepto “ficha limpia”;
- Declarar a la educación como servicio público esencial para que los “Baradeles de la vida”·nunca más traten a los chicos como rehenes;
- Ir hacia una nueva Ley de Coparticipación Federal tal como lo exige la Constitución de 1994.
Todos estos proyectos no constituyen novedad alguna. Hace años que duermen en un Congreso dominado por una mayoría refractaria al cambio.
Décadas atrás. Desde el radicalismo se impulsó la reforma del Estado y de la economía argentina mucho antes de que la presidencia del tan admirado por el primer mandatario, Carlos Menem, las mal llevara adelante con un altísimo costo económico y social para el país, en el marco del proceso de corrupción más significativo de los últimos 100 años – junto al saqueo kirchnerista –.
Frente a la necesidad de promover un proceso de apertura y desregulación comercial en las áreas de la energía, el transporte y las comunicaciones, junto con una mayor reducción del gasto público, el Programa de Julio de 1987 del Ministro de Obras y Servicios Públicos del presidente Raúl Alfonsín, Rodolfo Terragno, propuso un programa que implicaba:
- un plan para privatizar en un 40% la empresa nacional de teléfonos (ENTel) y la aerolínea estatal (Aerolíneas Argentinas).
- un programa para intensificar el proceso de incorporación de capital privado a la exploración y explotación del sector petrolero.
- la reducción del proteccionismo industrial del 51% al 30% para fomentar el libre comercio, acotar a los formadores de precios y aplacar el creciente déficit fiscal.
El objetivo declarado del Gobierno consistía en generar recursos genuinos que incentivaran un sostenido proceso de inversión, tendiente a mejorar la eficiencia de los servicios, aunque sin perder el manejo estatal. El intento fue rechazado por la verdadera casta:
- los grandes grupos agroexportadores de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación de Bancos (ADEBA).
- los organismos multilaterales de crédito que propugnaban por reformas estructurales más audaces e integrales, rechazando los proyectos de reforma mixta del Gobierno.
- los proveedores y contratistas del Estado, favorecidos por la fuerte regulación estatal en áreas como los regímenes de promoción industrial, subsidios directos para la inversión y sobreprecios en las compras de bienes y servicios estatales, se oponían a perder sus “privilegios”.
- el sindicalismo y los sectores de izquierda manifestaron un enérgico rechazo (CGT, UOM, estatales).
- la bancada del Partido Justicialista en rechazo a poner en juego la “soberanía del Estado” y el “patrimonio nacional”, poniéndole “bandera de remate”, como diría en un célebre discurso el senador justicialista Eduardo Menem, “a las empresas públicas”.
- los empresarios industriales de capital nacional que llegaron a denunciar la propuesta de apertura comercial como un retorno a las políticas de desindustrialización, iniciadas a mediados de la década del ´70.
- las Fuerzas Armadas que todavía no habían sido humilladas y disminuidas por la presidencia de Menem.
La Ley Mucci también se trabajó en verano. También el radicalismo, siete días después de la asunción del presidente Alfonsín, había impulsado la Ley de Reordenamiento Sindical, conocida como la “Ley Mucci”. Los objetivos eran normalizar las elecciones sindicales, limitar por ley la posibilidad de reelección a cargos electivos, establecer la representación de las minorías en los consejos directivos, quitar a los sindicatos el manejo de las obras sociales (parecido a lo planteado por el presidente Milei pero dejado en el camino para la media sanción en Diputados de la Ley de Bases) y promover la creación de nuevos sindicatos.
El presidente Alfonsín daba a la Ley Mucci la máxima prioridad, por lo que envió el proyecto a la Cámara de Diputados donde el radicalismo impuso su mayoría tras una corta discusión y obtuvo la media sanción de la misma en sesiones extraordinarias. Ubaldini convocó a una movilización el 10 de febrero; y al igual que la última marcha convocada por la CGT, no concurrió un número muy alto de manifestantes, pero sirvió para confirmar la unidad de sus privilegios.
El 15 de febrero el proyecto fue presentado en el Senado, donde la Comisión de Trabajo, presidida por el senador Oraldo Britos, adelantó el rechazo al proyecto. El ministro de Trabajo y otros dirigentes radicales intentaron convencer a los senadores independientes, ni radicales ni justicialistas, llegándose al efecto contrario al buscado: éstos votaron en contra del proyecto. El 14 de marzo, la Ley Mucci era rechazada en el Senado por 24 a 22 votos, en el marco de un proceso democrático de una Nación que venía de una feroz dictadura pero que empezaba a respetar la división de poderes y los debidos procesos.
La ilusión de la recreación de los Pactos de la Moncloa. Tanto el Pacto de Mayo lanzado por el presidente Milei como los Pactos de la Moncloa firmados en España en octubre de 1977 son acuerdos políticos sin representación corporativa, empresaria o sindical.
Esto es un activo debido a que la política se puso de acuerdo en un rumbo sin verse condicionada por intereses particulares. Ni Adolfo Suárez, entonces jefe del gobierno español, ni Manuel Fraga Iribarne, referente del Partido Popular ni Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista redactaron los Pactos de la Moncloa, sino que fueron elaborados por un grupo de economistas, liderados por Enrique Fuentes Quintana, funcionario del Banco Central, que venía de la época final del dictador Francisco Franco. Cualquier acuerdo que incluya la eliminación y/o disminución de beneficios sectoriales o regionales demanda decisiones políticas de difícil consenso con los sectores afectados. La clave del momento político implicaba hacer lo necesario implementando decisiones políticamente incorrectas cuando resultaran necesarias.
El Pacto de Mayo, que el Gobierno nacional espera que se firme el 25 de mayo próximo, consta de 10 principios cuya efectividad práctica depende de cómo se transforme el enunciado original en términos de leyes, decretos, entre otros[1]. Por ejemplo: ¿qué quiere decir que la propiedad privada es inviolable: que la toma de tierras es ilegal, que no se podrán crear nuevos impuestos o aumentar las alícuotas de los existentes? ¿O que el conjunto de fuerzas dominantes del país permitirá que los segmentos medios y populares podrán acceder a las ventajas del capitalismo y no quede en manos de pocos?
Desde el Gobierno nacional la firma del Pacto de Mayo tiene como prerrequisito la aprobación, por parte del Congreso Nacional de la nueva versión de la Ley de Bases. Pero si esto es así, la discusión del contenido y la oportunidad de la firma del Pacto de Mayo sería una cuestión de rúbrica, de afirmación de lo pautado en la Ley de Bases, nada más alejado de un debate amplio, plural y representativo de la sociedad. Simplemente rosca con la casta en los pasillos del Congreso y la Casa Rosada.
La irrelevancia y el sueño de la Argentina potencia. Las sociedades tienen en su espíritu la inspiración y la vocación de la búsqueda del bienestar. Hablar de una Argentina potencia sin tener en claro qué sectores productivos impulsarán el desarrollo federal del país y qué implicará en términos de recursos es, cuanto menos, temerario. Y mucho más si se considera que la Argentina, junto con el resto de sus pares latinoamericanos, no gravitan hoy en el mundo ni geopolítica ni económicamente.
El orden macroeconómico, las reformas estructurales y las desregulaciones son condiciones necesarias pero no suficientes para encaminarse en el sendero del desarrollo.
La Argentina productiva está en el Centro, tanto del país como del arco político. El 70% de clase media que supimos tener está ahí también: en la universidad pública, en la industria, en las PyME, en los chacareros, en YPF, en el desarrollismo, en la ciencia y la tecnología aplicada a la innovación, en la integración regional, en la diplomacia activa de acuerdo a nuestros principios republicanos, en las economías regionales – desarrollando el Norte y poblando el Sur –, en la autonomía de buenos gobiernos locales… En síntesis, en las verdaderas bases radicales y liberales del cambio estructural genuino.
[1] Diez puntos del Pacto de Mayo: – La inviolabilidad de la propiedad privada. – El equilibrio fiscal innegociable. – La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. – Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. – La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. – Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. – Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. – Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación. – Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. – La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
