El capítulo II del nuevo borrador de Ley Bases que ingresará al Congreso Nacional esta semana, declara sujetas a privatización a una docena de empresas públicas, un proceso que en principio las agrupa en 2 conjuntos, aquellas pasibles de privatización/concesión en línea con lo previsto en la Ley 23.696 de agosto de 1989 por la cual se transfiere la totalidad de la propiedad o de la operación de la empresa, en este grupo se encuentran empresas con Aerolíneas, ENARSA, AYSA, Correos, Belgrano Cargas y la Operadora Ferroviaria (OFSE), entre otras.
Y un segundo conjunto de empresas donde las privatizaciones prevén la incorporación del capital privado, pero con el Estado manteniendo el control o la mayoría del capital social, en este grupo encontramos a Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Rio Turbio y el Banco Nación con su holding de empresas satélites.
Como hace 25 años, regresa al debate parlamentario una ambiciosa agenda de privatizaciones de empresas que emplean al 90% del personal que hoy se desempeña en empresas públicas[1], las que recibieron casi $2 billones en transferencias (corrientes y de capital) en 2023.
El 95% de dichas transferencias se destinaron a empresas con fuertes atrasos tarifarios, por ejemplo: ferrocarriles, ENARSA que vende el gas importado a perdida en el mercado local, AYSA y Corredores Viales.
Por lo tanto, no necesariamente encontramos explicación al déficit en las empresas públicas en cuestiones relacionadas a la eficiencia, que pueden estar presentes, sino a la política pública de determinación de tarifas.
El riesgo del próximo debate parlamentario radica en repetir errores del pasado y en encarar las privatizaciones con enfoques dogmáticos. No se debería ingresar al tratamiento de este tema con la utopía que el solo hecho de privatizar será un instrumento para solucionar definitivamente problemas económicos y de política pública, como desequilibrios fiscales, ineficiencias de los servicios, inversiones insuficientes, corrupción o desequilibrios en el balance de pagos.
La experiencia reciente.
Los ajustes tarifarios asociados a la transferencia de activos en los 90´s, dejan evidencias que deberían ser tenidas en consideración, en particular para los sectores donde se desempeñan la mayor parte de las empresas a privatizar en esta etapa.
A principios de los 90, las privatizaciones/concesiones en aerolíneas, servicios viales y ferrocarriles sufrieron modificaciones en los contratos a pocos meses de su transferencia, como consecuencia de la necesidad de adecuar los niveles tarifarios. Y si bien los consorcios privados aceptaron inicialmente los cambios, se inició un proceso de renegociación permanente entre el Estado y las empresas en muchos casos de características oportunistas.
Quizás uno de los casos más paradigmáticos lo constituyó el caso Aerolíneas Argentinas /Masrsans, donde se intentó subsanar la insolvencia de origen del consorcio adquirente, un proceso que culminó con la reestatización ante la imposibilidad de completar los pagos al Estado y cumplir el plan de inversiones. Otro ejemplo es el caso YPF / Repsol, paradigma de una privatización que terminó en una nacionalización parcial mal hecha, y con una sentencia en contra del Estado Nacional por USD 16.000 millones.
Por lo tanto, el proyecto de privatización en “paquete” sin identificar las especificidades de la cada sector o servicio, tal como el que se propone, podría derivar en errores de alto costo fiscal futuro.
En el segundo grupo de empresas a privatizar, se garantiza la continuidad de la participación estatal ya sea como accionista o como controlante. En el caso de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa encargada de la operación de las 3 centrales nucleares del país no recibe subsidios corrientes para su operación y mantenimiento. Sin embargo, si recibió importantes transferencias en el pasado reciente para la realización de mantenimientos mayores en las centrales, tales como la extensión de vida de la Central Embalse, o la prevista para la Central Atucha 1. La privatización de esta empresa debería asegurar que el concesionario tenga la solvencia suficiente para realizar dichos mantenimientos que garanticen la continuidad de la operación de las centrales que representan un activo estratégico del sistema energético.
En relación a ENARSA, es una empresa diversificada, que construye centrales hidroeléctricas en el Rio Santa Cruz, Gasoductos desde Vaca Muerta a Buenos Aires , importa gas a perdida todos los inviernos y es titular de dos de las centrales térmicas más grandes del país. Por lo tanto, la posible privatización difícilmente pueda realizarse en conjunto, sino a partir de la identificación de los segmentos de negocios más rentables y sucesivas rondas licitatorias que deberían ser objeto de análisis por separado.
YCRT es el ejemplo de todo lo que habría que evitar en una concesión subsidiada que finalizó con un trágico accidente en 2004, que desencadenó el proceso de nacionalización. Por lo tanto, la venta/concesión del yacimiento que hoy cuenta además con dos centrales carboeléctricas sin generar, debería asegurar que el inversor privado finalice la construcción del proyecto carboeléctrico y opere y mantenga el proyecto vía venta de energía y de carbón mineral, sin subsidios públicos.
En línea con lo anterior están las empresas Belgrano Cargas, (el mayor cargador ferroviario del país), y SOFSE a cargo de operar todos los ramales de pasajeros. En ambos casos implicará la continuidad de transferencias públicas (subsidios) para su operación. Por lo tanto, la privatización debería asegurar que los beneficios sociales asociados a las ganancias de eficiencia superen las transferencias publicas realizadas a lo largo de la concesión.
Finalmente la instancia de control y rendición de cuentas no debe ser olvidada por el legislador, y si bien se incluye la participación de la Auditoria General de la Nación para el control de cumplimiento en el proceso de privatización, debería incluirse en el texto de la Ley la continuidad del control gubernamental de AGN y SIGEN a lo largo de la concesión o privatización en la medida que el Estado mantenga participación en las compañías.
[1] Según el último informe de INDEC a marzo 2024, las empresas públicas tienen una dotación de 109.241 empleados.
