El tribunal se ha convertido en el regulador de facto de las redes sociales en el país.
Traducción Alejandro Garvie
Durante la semana pasada, el empresario serial Elon Musk lanzó una diatriba muy pública contra Alexandre de Moraes, uno de los 11 jueces de la Corte Suprema de Brasil. La disputa es sobre X, una empresa de redes sociales propiedad de Musk. El 6 de abril, la empresa anunció que un tribunal brasileño le había ordenado bloquear un conjunto no revelado de cuentas “populares” o afrontar fuertes multas. En respuesta, Musk dijo que levantaría las restricciones a las cuentas brasileñas previamente suspendidas y amenazó con cerrar X en Brasil por completo (hasta ahora nada de eso ha sucedido). Luego, Moraes abrió una investigación contra Musk por obstrucción de la justicia. Esto llevó a Musk a decir que la censura en Brasil es peor que en “cualquier país del mundo en el que opere esta plataforma” y a comparar a Moraes con un dictador, diciendo que el juez debería ser acusado y enjuiciado por sus crímenes.”
Hasta ahora todo es hiperbólico, pero la disputa es reveladora en dos cuestiones importantes. Uno es el extraordinario poder de la Corte Suprema de Brasil, que goza de una enorme autoridad sobre las vidas de los brasileños. El otro es el debate sobre la regulación de las redes sociales sin perjudicar la libertad de expresión, en el que Brasil es un importante campo de batalla. Los brasileños adoran las redes sociales. Según GWI, una firma de investigación de mercado con sede en Londres, pasan tres horas y 49 minutos por día deslizando el dedo y desplazándose, más que las personas en cualquier otro país. También envían la mayoría de los mensajes a través de WhatsApp, una plataforma de mensajería, y dependen en gran medida de las redes sociales para obtener noticias. Esto ha convertido a Brasil en un terreno fértil para la difusión de información errónea y, a su vez, para los esfuerzos por regularla.
¿El tribunal más poderoso del mundo?
Hasta ahora, esa regulación ha quedado en manos de la omnipotente Corte Suprema de Brasil. Su fuerza tiene sus raíces en las secuelas de la dictadura militar que terminó en 1985, cuando se convocó una asamblea para reescribir la constitución del país. Produjo una de las cartas más largas del mundo, que abarcaba todo, desde la licencia de maternidad hasta los salarios públicos. También permitió a los partidos políticos, el colegio nacional de abogados y los sindicatos presentar casos directamente ante el tribunal, en lugar de tener que filtrarlos desde órganos inferiores.
Esta combinación de una constitución prolija y el empoderamiento de una amplia gama de actores para presentar peticiones significa que “casi cualquier cosa puede llegar a la corte”, dice Luís Roberto Barroso, presidente de la corte. La Corte Suprema de estados unidos recibe alrededor de 7.000 peticiones cada año, pero sólo revisa entre 100 y 150 que considera de relevancia nacional. Brasil recibió más de 78.000 nuevos casos en 2023 y emitió más de 15.000 sentencias.
Para hacer frente a esta carga de trabajo, el tribunal de Brasil permite que jueces individuales se pronuncien sobre casos antes de que se reúna el pleno, lo que puede llevar meses o incluso años. En un año promedio, sólo alrededor del 10 por ciento de las decisiones del tribunal son tomadas por el tribunal en pleno, dice Diego Werneck de Insper, una universidad de São Paulo. El resto son unilaterales. Esto ha dado lugar a acusaciones de que los jueces no electos tienen demasiado poder. “Decidimos casos que en otras partes del mundo se dejan en manos de la política y la legislación ordinaria”, dice Barroso. Desde 2019, el blanco más visible de las críticas ha sido Moraes.
Ese fue el año en que Jair Bolsonaro, un populista de extrema derecha, llegó a la presidencia. No era un admirador del tribunal y, después de asumir el cargo, las amenazas a los magistrados del tribunal y sus familias aumentaron dramáticamente, dice Felipe Recondo de Jota, un sitio web de noticias centrado en el poder judicial de Brasil. En respuesta, el tribunal inició una investigación sobre “noticias falsas” bajo el liderazgo del Sr. Moraes y se dio el poder de investigar amenazas y declaraciones difamatorias hechas en su contra en línea. Por lo general, este poder recae en los fiscales. De este modo, el tribunal se convirtió al mismo tiempo en víctima, fiscal y árbitro.
Moraes utilizó esta trinidad para ordenar repetidamente a las redes sociales que eliminaran las cuentas de políticos e influencers que, según él, representaban una amenaza para las instituciones de Brasil. En febrero de 2021 ordenó el arresto de un congresista de extrema derecha, Daniel Silveira, que había subido a YouTube una diatriba cargada de palabrotas contra los miembros del tribunal. Es casi imposible apelar contra estas decisiones. Silveira fue indultado por Bolsonaro el día después de ser sentenciado a nueve años de prisión.
A medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 2022, que Bolsonaro perdió, difundió mentiras sobre máquinas de votación manipuladas en su contra. Moraes, que también es presidente del tribunal electoral, amplió su cruzada. En agosto de 2022, autorizó a la policía a allanar las casas de ocho empresarios, congeló sus cuentas bancarias y ordenó a las redes sociales suspender algunas de sus cuentas, luego de que se publicaran mensajes de WhatsApp de dos de los hombres en los que parecían expresar su apoyo a un golpe de estado.
Los críticos argumentan que las tácticas de Moraes son duras y carecen de transparencia. Pablo Ortellado, de la Universidad de São Paulo, señala que no está claro cuántas cuentas han sido suspendidas, por qué y por cuánto tiempo. Davi Tangerino, abogado penalista, afirma que una “investigación interminable sin un alcance definido” no es compatible con el Estado de derecho.
Sin embargo, muchos brasileños creen que estas tácticas poco ortodoxas estaban justificadas en ese momento. Enardecidos por las infundadas acusaciones de fraude de Bolsonaro, sus partidarios acamparon frente a los cuarteles militares en la capital durante dos meses antes de las elecciones, instando al ejército a dar un golpe de estado. El 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión del oponente de Bolsonaro, sus fanáticos irrumpieron en el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema. En lugar de admitir la derrota, Bolsonaro siguió cuestionando el resultado desde Florida, donde se exilió brevemente.
Otras instituciones no lograron restringir el comportamiento de Bolsonaro. Como presidente nombró a un fiscal general dócil, que archivó más de 100 solicitudes para investigarlo. Algunos miembros del ejército apoyaron un golpe de estado. La policía no desalojó a los golpistas acampados fuera del cuartel. En febrero de este año, los investigadores revelaron que Bolsonaro poseía un documento que describía su plan para un golpe. Habría implicado arrestar al señor Moraes y convocar nuevas elecciones. La policía también afirma haber encontrado evidencia de que los asistentes de Bolsonaro estaban monitoreando el paradero de Moraes. Bolsonaro niega haber actuado mal. En este frágil contexto, la Corte Suprema fue “el último bastión de la democracia”, dice Tangerino, aunque cree que sus acciones han ido demasiado lejos desde entonces.
Tenías un trabajo
Mientras tanto, el Congreso de Brasil estaba debatiendo una legislación que regularía el discurso en línea. Un proyecto de ley que estuvo fuertemente influenciado por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que entró en vigor el año pasado, fue aprobado por el Senado de Brasil en 2020, pero se estancó en la cámara baja. El proyecto de ley habría requerido que las plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda produjeran informes semestrales que detallaran sus esfuerzos de moderación de contenidos. Las empresas se habrían visto obligadas a informar a los usuarios cuándo se eliminaron sus publicaciones y proporcionarles instrucciones para apelar la decisión. Sin embargo, los legisladores se estancaron en disputas sobre qué instituciones deberían administrar la nueva ley. Las empresas de tecnología estaban enfurecidas por el requisito de pagar a personas influyentes y periodistas por su contenido. La ley fracasó, dejando el trabajo de regulación a la Corte Suprema, dice Peter Messitte, juez que dirige un programa de derecho brasileño en la American University en Washington.
Impulsado por la disputa entre Musk y Moraes, el 9 de abril el presidente de la cámara baja dijo que crearía un grupo de trabajo para redactar un nuevo proyecto de ley sobre redes sociales en un plazo de 45 días. La disputa entre el jefe tecnológico y el influyente juez continúa. Sería malo que Musk realmente retirara a X de Brasil. Pero si la pelea empuja a las otras instituciones de los países a reclamar algunas de sus responsabilidades a la todopoderosa Corte Suprema, Musk le habrá hecho un verdadero servicio a Brasil.
