Opinión | Marzo 13, 2019, 9 35am

Contra los malos usos del Estado



Autor: Omar Argüello


Más allá de diferencias ideológicas relacionadas con su grado de intervención, el Estado es una institución imprescindible en toda sociedad. Fue creado por los humanos para el "cuidado de su propia conservación?, es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra" (Hobbes, Leviatán). Sartori saluda al Código de Napoleón de 1804 como un paso más en la lucha contra el "Estado de naturaleza", ahora en la esfera de la sociedad civil. Y Weber considera al Estado como un "desarrollo y entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales" y ratifica que no se trata de un actor físico al afirmar que "no existe una personalidad colectiva en acción".
La construcción de nuestro Estado comienza con las resoluciones del Cabildo de 1810; de la Constitución nacional de 1853; de las nuevas funciones que le otorga la generación del 80, como la educación pública gratuita y obligatoria de la ley 1420 o la creación del Registro Civil de las personas; un Estado al que la ley Sáenz Peña de 1912 convierte en democrático; al que se le incorporan importantes funciones sociales a partir del 45, y la figura del jefe de Gabinete (entre otras funciones), con la reforma constitucional de 1994. Estos son solo los hitos más relevantes de su historia constitutiva, ya que el Estado se va conformando (y transformando) día a día a través de nuevas leyes y resoluciones de diversos tipos.
De lo anterior surgen dos características básicas del Estado: 1) se trata de una institución, esto es, un entramado de normas, leyes y resoluciones, y por lo tanto carece de voluntad y de capacidad para decidir: para ello están los gobernantes que actúan en su nombre, y 2) es creado por representantes de los ciudadanos, que suelen modificarlo incluso cuando gobiernan, a través de nuevas normas o diferentes interpretaciones de las existentes. Esto permite entender, entre otras cosas, las diferentes características del mismo Estado cuando fue puesto en acción por gobiernos radicales, peronistas o militares (en este último caso, con un aberrante terrorismo desde el Estado). Esto permite concluir también que siempre que el Estado no cumple con lo que se espera de él, la responsabilidad debe buscarse en aquellos que lo han creado o en quienes lo ponen en funcionamiento; los que pudieron hacer un mal uso de aquel, ya sea por impericia, negligencia o aprovechamiento fraudulento de sus facultades.
Un mal uso del Estado está dado por el acuerdo corporativo entre sectores de la clase política, del empresariado y del sindicalismo, largamente denunciado por diferentes analistas. Un manejo corporativo de sus funciones y recursos que tiene sus raíces en la estrategia de Perón cuando en 1945 busca instalar una "conciliación de clases" al estilo de la que puso en marcha Mussolini en Italia (y que Perón conoció de primera mano cuando fue agregado militar en ese país en esa época). Políticas desde el Estado en favor de los intereses de empresarios y sindicatos; las que con el tiempo degeneran en diversas formas de "asociación ilícita".
Un nuevo mal uso del Estado aparece cuando alguna fuerza política se sirve de él, distorsionando sus características esenciales, para imponer una dominación hegemónica. Esto ocurre cuando se gobierna presentando al Estado como fuente ilimitada de recursos y facultades; lo que se afirma es posible siempre que se sepa reconocer al líder, que es el único capaz de poner en marcha un Estado con esos atributos y recursos. Encontrado ese líder y entregándole los destinos de la sociedad, no es necesario mortificarse con el equilibrio fiscal ni con las exigencias de una estrategia de desarrollo económico que "termina sometiendo nuestro destino a los intereses de inversores privados que se quedan con nuestras riquezas" y que hablan de productividad "para explotar aún más a nuestros trabajadores". Un Estado así no necesita preguntarse de dónde salen los recursos para enfrentar los miles de millones de pesos que se requieren para cumplir con el presupuesto nacional aprobado cada año por el Congreso. Es un Estado que deja de medir la pobreza para "no estigmatizar"; y que ante la falta de empleos genuinos los reemplaza con planes sociales o abriendo las amplias oficinas estatales para que se ingrese como empleado público.
 
Publicado en La Nación el 11 de marzo de 2019.
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